Dossier. La historia del anarquismo en Argentina reconsiderada: nuevos enfoques, perspectivas y geografías comparables (Chile y Uruguay)

La historia del anarquismo en Argentina reconsiderada: nuevos enfoques, perspectivas y geografías comparables (Chile y Uruguay)

 

Martín Albornoz (IDAES/UNSAM-CONICET)

 

A principios de la década de 1990, Dora Barrancos, trazando los contornos del estado en que se encontraban los estudios sobre el anarquismo, afirmó que en Argentina hasta ese momento resultaba: “difícil determinar la diferencia entre el oficio del historiador y el del militante; así como es una tarea de cierta magnitud rastrear la lectura en clave histórica del anarquismo más allá de la vida sindical” {{1}}. Un breve pantallazo de la producción histórica que podía consultarse hasta ese momento confirma su evaluación.
[[1]] Dora Barrancos, “Anarquismo e historiografía. Un balance”, en: Christian Ferrer, El lenguaje libertario 2. Filosofía de la protesta humana, Montevideo, Nordam, 1991, página 229. [[1]]
En la década del treinta del siglo pasado, en una coyuntura que podría calificarse como mínimo de desalentadora para el movimiento del cual formaba parte, Diego Abad de Santillán –agitador, publicista, traductor, emprendedor cultural e historiador anarquista de proyección internacional– reconstruyó, en clave militante, los primeros años de vida del anarquismo en el país, estableciendo una periodización y ciertos tópicos que con el tiempo habrían de volverse canónicos. Retomando la pionera aproximación del también ácrata Eduardo Gilimón, Santillán consideró que 1910 fue un punto de quiebre en la expansión libertaria en el país, a la vez que recuperaba trayectorias militantes, grupos de actuación, emprendimientos editoriales e hitos, interpretando al movimiento anarquista como íntimamente ligado a los orígenes del gremialismo argentino. En sus propias palabras: “la característica principal del anarquismo en la Argentina es su carácter popular; de ahí que su historia no pueda separarse en cierto modo de la de las organizaciones obreras” {{2}}.
[[2]] Diego Abad de Santillán, El movimiento anarquista en la Argentina (Desde sus comienzos hasta 1910) , Buenos Aires, Argonauta, 1930 [[2]]
De alguna manera, fue bajo ese marco interpretativo que se montaron las primeras aproximaciones académicas, las cuales compartieron el hecho de haber sido concebidas como tesis doctorales realizadas por investigadores extranjeros que, además, contaron con el acervo documental del International Institute of Social History de Ámsterdam. Con herramientas conceptuales más claras y con un trabajo de fuentes inédito hasta ese momento, la obra más significativa fue la del historiador israelí Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, que, probablemente por haber sido publicada en 1978 por la editorial Siglo XXI de México, fue durante muchísimos años la obra de referencia sobre el tema. Aun así, a tal punto Oved interpretó al anarquismo como un movimiento inherentemente obrero que su investigación, que se iniciaba en los últimos años de 1890, culminaba en 1905, momento en que la Federación Obrera Regional Argentina aprobó en la declaración de principios de su V Congreso la adscripción al “comunismo anárquico”. Otro aspecto que resaltó la vocación por priorizar los aspectos gremiales del anarquismo fue la decisión editorial de no incluir, en la conversión de la tesis al libro, un extenso capítulo sobre las prácticas culturales libertarias. Esta oclusión fue afortunadamente reparada en la reciente reedición de su trabajo. Por su parte el trabajo del español Gonzalo Zaragoza, Anarquismo argentino (1876-1902) , realizado también en la década del setenta y sumamente minucioso, principalmente en la recuperación de la deriva del anarquismo de las últimas décadas del siglo XIX, tampoco discutió la “natural” imbricación entre el movimiento obrero y la recepción del anarquismo en Argentina{{3}}.
[[3]] Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, México, Siglo XXI, 1978; Gonzalo Zaragoza, Anarquismo argentino (1876-1902) , Madrid, Ediciones de la Torre, 1996. El capítulo de Oved sobre las prácticas culturales del anarquismo Iaacov Oveed, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, México, Siglo XXI, 1978. A grandes rasgos, en la misma línea, podrían ubicarse los trabajos de los investigadores argentinos, también realizados en el exterior: Ricardo Falcón, El mundo del trabajo urbano (1890-1914) , Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1986; “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en Argentina (1890-1902), en Anuario Rosario, número 12, 1986/7. Edgardo Bilsky, La F.O.R.A y el movimiento obrero (1900 -1910), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985; La semana trágica, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984. [[3]]
A manera de digresión, podría decirse que desde finales de la década del sesenta hasta el golpe de estado de marzo de 1976, se abrió, entre el momento militante y el momento “obrerista”, una tercera forma de reflexionar sobre el pasado ácrata, cuyo peso en el abordaje de la cuestión resultó determinante. En una atmósfera política y culturalmente entusiasta, marcada por la emergencia de la “nueva izquierda” y de un horizonte de expectativas revolucionarias considerado inmediato, el interrogante que guió esta recuperación histórica del anarquismo podría sintetizarse de la siguiente manera: ¿qué lugar le cabe a la tradición anarquista en las luchas del presente? Quién mejor resumió esta operación de reinstalación fue David Viñas al invocar al anarquismo de principios de siglo XX en calidad de “un rescate del pasado utilizable”. En esa invención de una propia tradición, el anarquismo, internacionalista y áspero en su valoración del pasado argentino, emergía como un extraño y contraintuitivo nexo entre las luchas de los sectores populares de la segunda del siglo XIX, personificadas en caudillos como López Jordan o el Cacho Peñaloza, y las luchas de su presente {{4}}. El afán denuncialista de su acercamiento al anarquismo –que buscaba explícitamente en un doble movimiento polémico discutir con la tradición histórica liberal y la populista– también es rastreable en las investigaciones de Osvaldo Bayer, con las que compartía además un intento por revivificar los momentos más exasperados del anarquismo, asociados con los gestos “justicieros” de Simón Radowitzky y Kurt Wilkens –quienes en sendos exitosos atentados acabaron con la vida del Coronel Ramón Falcón, y su secretario Juan Lartigau, en 1909 y la del Teniente Coronel Héctor Benigno Varela en 1923– o con el raid del anarquismo “apache” de los llamados “anarquistas expropiadores” y la deriva trágica de Severino di Giovanni. Sin embargo, el trabajo de David Viñas, además de su innegable valor histórico, potenciaba un aspecto que sería de enorme valor para investigaciones futuras. Pese a su recurrente gesto de hundimiento o salvación, Viñas instalaba la posibilidad de pensar al anarquismo en el marco de una reconsideración de la historia de la literatura argentina, movimiento que a su manera, pensando siempre en sus implicancias políticas, y con saldo francamente negativo, había inaugurado años antes Juan Carlos Portantiero en Realismo y realidad en la narrativa argentina en la década del sesenta {{5}}.
[[4]] David Viñas, Rebeliones populares argentinas. De los Montoneros a los anarquistas, Buenos Aires, Carlos Pérez editor, 1971. [[4]]
[[5]] Juan Carlos Portantiero (1961), Realismo y realidad en la narrativa argentina, Buenos Aires, Eudeba, 2011. La mirada tensa con la que Viñas evaluó el quehacer literario en sus primeros abordajes, fue en parte relativizada y reconfigurada en las sucesivas reescrituras de su clásico libro Literatura argentina y realidad política. Al respecto, ver: David Viñas, “Anarquía: bohemia, periodismo y oratoria”, en: Literatura argentina y política, Buenos Aires, Sudamericana, 1995, páginas 200-224. [[5]]
El recorrido someramente realizado hasta aquí establece el umbral frente al cual se posicionaba la indagación de Dora Barrancos mencionada al inicio. Fue la propia Barrancos quien dio los primeros pasos para trascenderlo al estudiar la conformación de la cultura anarquista en las primeras décadas del siglo XX. En su libro, Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo, exploró las contribuciones del anarquismo en materia pedagógica, feminista y cultural rastreando además los cambios de la libertaria anarquista en esos temas. Entre los múltiples motivos que resultan relevantes de su investigación, me gustaría destacar aquel que permite pensar al anarquismo en continuidad con los temas y problemas de la cultura de su tiempo. Aunque con enormes grados de “alternatividad”, el anarquismo podía ser contemplado también a partir de “una alimentación conceptual proveniente de otros grupos” {{6}}. De esta forma, Barrancos introduce una discusión que será central en los estudios sobre la conformación o no de una cultura anarquista peculiar, en el mismo instante en que otros investigadores afirmaban, sin más, que debía catalogarse de contraculturales a las diversas iniciativas libertarias.
[[6]] Dora Barrancos, Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo, Buenos Aires, Contrapunto, 1990, página 15. [[6]]
Labrada a lo largo de las dos primeras décadas de la posdictadura, el trabajo más relevante sobre el anarquismo en Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires, es el de Juan Suriano. Interpretando sensiblemente las renovaciones en el campo de la historia social y cultural, en Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910, Suriano operó una serie de descentramientos en la forma en la que el anarquismo estaba siendo considerado hasta el momento. En forma nada abrupta, su planteo toma prudente distancia de las miradas concentradas en el mundo gremial, por considerar que ocluían gran parte de la vitalidad política y cultural del anarquismo. A su vez, por la pluralidad de su aproximación, no necesitó plantar bandera interpretativa sobre la cuestión de la “contraculturalidad”, o no, del anarquismo para iluminar todo un sistema de mediaciones, apropiaciones, préstamos y también enfrentamientos e impugnaciones, entre lo que podría llamarse la cultura anarquista y la cultura del “orden conservador”. En un recorte temporal que va de 1890 a 1910, Anarquistas. Cultura y política en Buenos Aires, reconstruye gran parte de las prácticas políticas, culturales y rituales del anarquismo porteño a partir de la recomposición de su textura ideológica y sus particulares modos de interpelación sus formas de sociabilidad, sus modos de movilización, la vocación militante y las estrategias de propaganda, la preocupación libertaria por la cultura impresa y la simbología ácrata, entre otras cosas. A partir de sus aportes, la contundencia y la homogeneidad ideológica que transmitían muchos estudios mencionados, se relativiza señalando un sinfín de tensiones y problemáticas que fueron constitutivas del arraigo y las limitaciones del anarquismo en la Argentina de principios de siglo XX. Por último, si bien es cierto que Suriano recuperaba la autopercepción libertaria según la cual el centenario de la revolución de mayo marcaba el principio del declive del movimiento, lo cierto es que su investigación no sólo ocluía la posibilidad de pensar más allá de esa fecha sino que la habilitaba. De hecho, él mismo, en un trabajo posterior, se adentró en las tensiones y características de la historia libertaria más allá de 1910{{7}}.
[[7]] Juan Suriano, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910, Manantial, Buenos Aires, 2001; Auge y caída del anarquismo. Argentina 1880-1930, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2009. [[7]]
Con la instalación del anarquismo como tema de dignidad académica, en gran parte favorecida por Dora Barrancos y Juan Suriano, en los últimos años han surgido una cantidad nada despreciable de investigaciones, que sobre un suelo mucho más firme, continuaron problematizando y complejizando zonas desatendidas de la experiencia anarquista en el país. Estudios provenientes de la historia social, cultural e intelectual y de la crítica literaria y del análisis del discurso, instalaron nuevas periodizaciones, geografías, recortes temporales y puntos de vista que contribuyeron a crear una suerte de campo, con sus propios debates y espacios de intercambio. Parte de los trabajos que considero más significativos de esta nueva etapa son los que se incluyen en este dossier.
El texto que abre la selección es el de Pablo Ansolabehere “El hombre sin patria: historias del criminal anarquista”. Con herramientas forjadas en la crítica literaria y la historia intelectual, Ansolabehere se propone desentrañar como un “conjunto un heterogéneo, y al mismo tiempo abigarrado de narraciones” operó como catalizador de la atracción y la repulsa que despertó el anarquismo en Argentina, en estrecha vinculación con los discursos y saberes que a nivel internacional se desplegaron frente a la amenaza anarquista. Si los escritos de Francisco Sicardi, Carlos Octavio Bunge, Miguel Cané y Francisco de Veyga, estudiados por Ansolabehere, penetran en el orden de las representaciones que buscaron criminalizar, a partir de la figura del anarquista delincuente, al movimiento anarquista, mi escrito sobre la estadía en Argentina del célebre abogado criminólogo anarquista Pietro Gori, intenta detectar ciertas zonas de confluencia entre el anarquismo y la cultura de su tiempo. Ambos trabajos comparten una estrecha voluntad de pensar qué impacto tuvo el anarquismo en la sensibilidad e imaginación de su tiempo tratando de ir más allá de la propia dinámica del movimiento.
Por su parte el trabajo de Laura Fernández Cordero se propone aportar un modelo de lectura e interpretación productiva sobre la heterogénea trama discursiva que compuso la prensa anarquista en un arco temporal, que sin ser de larga duración, es muchísimo más extenso que el habitual, yendo desde finales del siglo XIX hasta la década de 1920. Además de hacer foco en uno de los artefactos culturales nodales de la construcción de la identidad libertaria, como lo fue su prensa, a partir de las herramientas que le brinda la obra de Mijail Bajtin, el trabajo de Cordero señala la participación de las mujeres, a partir de sus propias publicaciones, en la reelaboración de la doctrina anarquista remarcando la condición generizada del sujeto emancipatorio privilegiado por los libertarios en su interpelación.
El escrito de Luciana Anapios se sumerge en el alto impacto que tuvo en la década del veinte el “breve pero intenso ciclo” de la violencia anarquista. Componiendo un mosaico de voces y representaciones, Anapios contribuye a desnaturalizar el vínculo entre anarquismo y violencia, partiendo, no sólo de lo que se dijo sobre los atentados, en su mayoría perpetrados por el grupo de Severino di Giovanni, sino de los por momentos agrios debates internos en torno a la utilización de la “propaganda por el hecho” entre los propios anarquistas. Por lo demás, puesto en perspectiva, el planteo de Anapios dialoga de manera muy productiva con Ansolabehere y conmigo, permitiendo historizar a partir de cuáles elementos, con qué registros y peculiaridades, se configuró el imaginario social en torno al anarquismo.
El escrito de Agustina Prieto, hace luz sobre los inicios del movimiento anarquista en la ciudad de Rosario. Considerada “la Barcelona argentina”, por el enorme peso adquirido por la militancia anarquista, Rosario es una referencia ineludible para pensar la irradiación del anarquismo más allá de Buenos Aires. A este aspecto, que subsana en parte el “porteñocentrismo” que caracterizó a los estudios sobre la historia del anarquismo, se suma la reconstrucción de trayectorias vitales, espacios de sociabilidad y formas de movilización, a la vez que señala las limitaciones y problemas que la expansión ácrata en uno de sus principales bastiones.
Una de las grandes carencias que dificulta una mayor comprensión del anarquismo ha sido la suerte de reclusión dentro de las fronteras de cada país de las investigaciones y la falta de diálogo entre tradiciones historiográficas. Esta carencia, tanto más sensible si se considera que las historias del anarquismo en Argentina, Uruguay y Chile estuvieron íntimamente ligadas. De hecho, si se amplía la escala, salvo por las primeras aproximaciones Carlos Rama y Angel Cappelletti por un lado y David Viñas por el otro, es poco lo que se sabe al respecto {{8}}. Con el afán de iniciar un diálogo que promete solmente ser provechoso, se incluyen en la selección los escritos de Sergio Grez Tosso de Chile y Rodolfo Porrini de Uruguay. El primero de ellos, se adentra en el universo de la dramaturgia anarquista en Chile, desde fines del siglo XIX hasta prácticamente la década de 1930. Sergio Grez Tosso, el principal investigador académico de la historia del anarquismo chileno, además de recomponer una de las prácticas centrales de la cultura libertaria, como lo fue también para el caso argentino, el teatro, se instala también en la tensión existente entre lo que podría llamarse la cultura obrera y el movimiento anarquista. Por otra parte, el trabajo de Porrini, con una periodización que va desde 1920 hasta 1950, llamativa para cualquier investigador del anarquismo porteño, se adentra en las propuestas y percepciones de los anarquistas sobre el tiempo libre de los trabajadores en un período histórico de cambio radical caracterizado por el surgimiento, en Montevideo, de lo que podría llamarse una industria cultural, que como el cine, plantearon para los anarquistas novedosos desafíos.
[[8]] Carlos M. Rama, Ángel Cappelletti, El anarquismo en América Latina, Caracas, Ayacucho, 1990; David Viñas, Anarquistas en América Latina, Buenos Aires, Paradiso, 2007. [[8]]
Finalmente, para abrir la discusión sobre los problemas que surgen del “nacionalismo historiográfico” se incluye el ensayo de la investigadora María Miguelañez de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre los sucesivos cruces trasatlánticos del mencionado historiador y militante anarquista español Diego Abad de Santillán de destacadísima actuación tanto en España como en Argentina. El enfoque transnacional de Miguelañez, tomando como vía de entrada la biografía de Santillán y su importancia a ambos lados del Atlántico, establece un modelo para restituir al anarquismo su inherente carácter internacional a partir del seguimiento de los hilos, interacciones, circulaciones, redes y nodos globales que los libertarios construyeron como parte de su labor de propagación política e intelectual.

Textos que componen el dossier




Dossier. Intelectuales, expertos y políticas públicas en la Argentina democrática. Una mirada desde el espejo latinoamericano

Intelectuales, expertos y políticas públicas en la Argentina democrática. Una mirada desde el espejo latinoamericano

 

Antonio Camou (UNLP – UdeSA)
Con la colaboración de Leandro E. Sanchez (UNLP – CONICET)

 

Referir, aunque más no sea a trazos muy gruesos, una historia lejana de las relaciones entre las esferas del conocimiento y el poder político nos obligaría a recorrer la reflexión y las distintas experiencias que van desde la antigüedad clásica hasta los albores de la modernidad, con su vasta saga de libros dedicados a dar “consejos” a los Príncipes. Una historia moderna, por su parte, reconocería su punto de quiebre en los comienzos de la constitución de las ciencias sociales como disciplinas autónomas y su articulación con las necesidades del Estado burocrático y racional, las exigencias de cálculo y conocimiento especializado requerido por los mercados capitalistas, y las demandas de atención de la emergente “cuestión social” por parte de nuevos actores sociales y políticos. Pero la historia contemporánea en la relación entre lo que comienza a definirse más claramente como conocimiento especializado ( expertise), de un lado, y como proceso de elaboración de política pública ( public policy), del otro, no empieza a escribirse en sus nuevas líneas hasta el período que va entre la crisis de los años ’30 y el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese lapso se anudan dos complejos procesos, cada uno de ellos con sus propias temporalidades y dinámicas, que contribuirán a definir los términos de la relación entre conocimiento especializado y políticas durante buena parte de las décadas siguientes. Por un lado, asistimos a la emergencia de un Estado que se ubica crecientemente en el “centro” de la sociedad, en tanto regulador de la esfera económica a la vez que promotor de la integración social, y que será un creciente demandante de expertos y técnicos para cumplir las cada vez más diferenciadas tareas propias de su condición de Welfare State; por otro lado, las disciplina científicas, en general, y las ciencias sociales, en particular, experimentarán desde aquellos días un marcado proceso de desarrollo teórico-metodológico, de diversificación y especialización institucional, y de profesionalización de sus cuadros, en el marco de una modernización y expansión universitaria en gran medida sostenida por fondos públicos {{1}}.

En esta larga historia, donde alternan encuentros, desencuentros y tensiones, ha dicho Lewis Coser, se inscribe el vasto proceso de burocratización de la vida social que ha llevado a que la “productividad cultural -que alguna vez pudo haber sido asunto de artesanías- se racionaliza de manera que la producción de ideas se parece, en los aspectos principales, a la producción de otros bienes económicos”. Paralelamente, el lugar que detentaba el literato y el intelectual de tipo “generalista” es paulatinamente ocupado por el “experto”, dotado de un dominio técnico sobre un campo del saber, y capaz de orientarlo a la solución de problemas concretos de elaboración de políticas {{2}}.

Pero entre finales de los años ’70 y mediados de los ’80 ese largo derrotero en la vinculación entre saberes y políticas experimentará una nueva serie de transformaciones. En principio, en virtud de la reconfiguración de las relaciones estructurales entre Estado, mercado y sociedad civil en el marco del proceso globalizador, comenzarán a replantearse las complejas relaciones políticas e institucionales entre ambas esferas. Así, comenzará a evidenciarse como un lugar común que la vinculación entre los especialistas y la política se opera cada vez más al interior de “redes de asuntos” ( issue networks ), que conectan agencias de gobierno, tanques de pensamiento, centros de investigación, fundaciones privadas, organismos multilaterales, universidades, empresas patrocinadoras de proyectos, y otras organizaciones complejas, que dejan en un espacio subalterno –aunque no carente de importancia- la figura clásica del consejero personalizado. Por otra parte, también comenzará a revisarse una cierta visión “lineal”, e incluso ingenua, de la relación entre producir conocimiento especializado y aplicarlo en el ámbito de la toma de decisiones. Incluso los propios expertos (luego de las fallidas experiencia –en el caso norteamericano- de los ambiciosos programas de la “Gran Sociedad” y la “Guerra contra la Pobreza”), terminarían reconociendo que habían recomendado políticas con información insuficiente, que se había subestimado el análisis de la implementación, o que se había descuidado la problemática de la evaluación {{3}}.

Simultáneamente, las usinas de pensamiento experimentarán un marcado crecimiento y una paulatina diversificación. En general, distintos autores coinciden en señalar que los centros de investigación y análisis de políticas públicas tuvieron tres grandes momentos de creación. Para el caso emblemático de los Estados Unidos, una primera generación, hacia finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, estuvo ligada a un movimiento orientado a profesionalizar el gobierno y mejorar la Administración. Algunos ejemplos serían el Instituto de Investigación Gubernamental (1916), antecesor de la Institución Brookings (1927), o la Institución Hoover (1919). Un segundo momento se produce a partir del final de la Segunda Guerra, cuando comienza a emplearse la expresión “think tanks”, y los centros de investigación se orientan fuertemente a analizar la agenda internacional en el marco de la Guerra fría y los desafíos del liderazgo mundial estadounidense. Un ejemplo típico de esta generación será la Corporación Rand (1948), vinculada a la Fuerza Aérea norteamericana, y que fue pionera en la realización de estudios sobre análisis de sistemas, teoría de juegos y negociación estratégica. Finalmente, una tercera oleada emergió hacia los años ’70: estas nuevas usinas estarán concentradas, tanto en la “defensa de causas” como en la investigación, buscando generar “asesoramiento oportuno que pueda competir en un congestionado mercado de ideas e influir en las decisiones sobre políticas”. La Fundación Heritage (1973) o el Instituto Cato (1977) serían ilustraciones típicas de esta nueva generación de think tanks {{4}}.

En este nuevo contexto, poco a poco fue haciéndose manifiesto que era necesario revisar -con una visión integral- los problemas de la articulación entre conocimiento especializado y elaboración de políticas públicas. En esta línea, el actual interés por el estudio de la problemática es fruto, por un lado, del nuevo papel que cumple el conocimiento experto y las organizaciones productoras de expertise en el marco de las transformaciones globales entre Estado, mercado y sociedad civil, y por otro, de la (auto) reflexión crítica de los especialistas acerca de los usos y la influencia real del conocimiento científico en la toma de decisiones. En el primer caso, y como ha señalado James G. McGann al referirse a aquellas organizaciones comprometidas con el estudio de problemas globales,

…en el mundo ha habido una verdadera proliferación de centros de investigación y análisis que comenzó en la década de los ’80 como resultado de las fuerzas de la mundialización, el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de problemas transnacionales. Dos terceras partes de todos los centros de investigación y análisis que existen hoy se establecieron luego de 1970, y más de la mitad a partir de 1980 {{5}}

Pero la referencia cuantitativa no debe hacernos perder de vista los cambios cualitativos que comportan, y la percepción de frecuentes “cortocircuitos” entre la esfera del expertise y la esfera de toma de decisiones. Si durante las décadas del ’50 y del ‘60 existía una confianza casi ciega –ingenua o ideológicamente sesgada- en la validez de la “cadena dorada” que unía el saber científico con las necesidades de elaboración de las políticas públicas, la situación actual ha cambiado de manera significativa. Rara vez, nos recuerda Björn Wittrock, alguien se atrevió a dudar de que “utilizar la investigación de la ciencia sociales para las políticas públicas es una cosa buena…, usarla más es mejor, y aumentar su uso significa mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales”. Sin embargo, la expansión en los años siguientes de las propias ciencias sociales, de un lado, junto con los reiterados esfuerzos por vincular a éstas con los procesos de elaboración de políticas, de otro, comenzaron a evidenciar las limitaciones de la ingenua doctrina que predicaba cierto automatismo unidireccional en la relación entre saberes especializados y gestión estatal. En buena medida, las preocupaciones actuales sobre los usos sociales del conocimiento son una respuesta a las ayer infladas, y hoy devaluadas, “pretensiones de la revolución racionalista… de racionalizar todo plan y coordinar las políticas públicas en un número cada vez mayor de ámbitos, y cada vez más hacia el futuro, con ayuda de toda una variedad de técnicas de administración”. Estas constataciones nos dejan en las puertas de una paradoja. “Tanto el crecimiento de la investigación social como la cientifización del proceso de políticas son procesos sociales de importancia fundamental en…Occidente”, pero como contrapartida, “una y otra vez encontramos informes de científicos sociales que se quejan de que no se les escucha, y de responsables de políticas que se quejan de haber recibido muy poco que valiera la pena”. La complejidad problemática de los vínculos entre la esfera del conocimiento científico especializado y la esfera político-institucional está en la actualidad en el centro de la escena {{6}}.

Para ilustrar esta problemática en el caso argentino, pero ofreciendo una mirada en espejo con la experiencia latinoamericana reciente, hemos elegido una serie de textos elaborados a lo largo de la última década. La lógica de la selección va de lo más general a lo más particular, del ámbito internacional al latinoamericano, y del latinoamericano al nacional, destacando para el caso argentino tres campos de saberes en relación con las políticas (Política Exterior, Educación y Economía).

En un primer bloque ofrecemos dos textos que nos permiten abordar una mirada general y regional sobre la problemática bajo análisis. El trabajo de Miguel Braun, Mariana Chudnovsky, Nicolás Ducoté y Vanesa Weyrauch analiza las instituciones de investigación de políticas a partir de un amplio estudio comparativo que toma como referencia organizaciones de Asia, África, Europa del Este/CEI y América Latina. El punto de partida del trabajo consiste en analizar los desafíos a la producción de conocimientos orientados a resolver problemas de políticas en contextos especialmente adversos, signados -entre otros problemas- por la inestabilidad política, económica y social, una alta rotación a nivel de los responsables de formular políticas, la falta de mecanismos institucionalizados para la interacción entre la sociedad civil y el Estado, la corrupción, la poca demanda para la investigación y la escasa capacidad gubernamental. El siguiente texto, por su parte, elaborado por Gerardo Uña, Carina Lupica y Luciano Strazza, se enfoca en el ámbito regional en una cuestión de capital importancia: la investigación ofrece un abordaje comparativo sobre la participación de los think tanks y los expertos en las distintas etapas de las políticas sociales en tres países de América Latina (Argentina, Chile y México), sobre la base de analizar el rol y los intereses de todos los actores que participan en el proceso político y técnico de elaboración de políticas públicas.

Un segundo bloque está conformado por dos trabajos que estudian el caso chileno y el uruguayo respectivamente, pero en ambos artículos encontramos una cierta intención comparativa que nos permite ubicar a la experiencia argentina sobre ese telón de fondo analítico. El ensayo de Patricio Silva explora la importancia que han tenido los tecnócratas en la evolución política chilena a partir de las primeras décadas del siglo XX hasta el día de hoy. A pesar de su autoproclamado apoliticismo –señala el autor- el estamento tecnocrático se ha constituido en un actor estratégico en los intentos de legitimación de los diversos proyectos políticos de este período. Partiendo del debate existente sobre el fenómeno tecnocrático en las sociedades modernas se subrayan una serie de características particulares del caso chileno. Seguidamente, el artículo de Adolfo Garcé introduce la sugerente noción de Régimen Político de Conocimiento (Political-Knowledge Regime) , a partir de un diálogo crítico con los recientes aportes de Campbell y Pedersen (2011). Si bien el trabajo se apoya en una serie de investigaciones empíricas centradas en el gobierno de Tabaré Vázquez, el análisis del autor nos permite ofrecer una caracterización original, a la vez que polémica, de distintos casos latinoamericanos: Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.

Por último, el bloque de cierre reúne tres contribuciones que hacen foco en la experiencia argentina en tres diferentes campos de políticas. La primera contribución de Alejandro Simonoff ensaya un abordaje histórico de la constitución histórica del sub campo disciplinar del estudio de la política exterior argentina y su vinculación con el campo de políticas propiamente dicho. En el trabajo recorre la variedad de estructuras explicativas y múltiples interpretaciones sobre el pasado de un campo disciplinar que busca la construcción de un saber, y, al mismo tiempo, la construcción de un instrumento para la vinculación del Estado con otros actores internacionales. Este recorrido es abordado por el autor a partir de identificar y describir las instancias “pre paradigmáticas” que darán lugar a los dos momentos “paradigmáticos” en la disciplina que bien ilustran el título de su trabajo; ello sin perder de vista que un régimen de verdad siempre es funcional al régimen político vigente.

El trabajo de Claudio Suasnábar, a través de la pregunta plasmada en su título, intenta expresar la mezcla de malestar y disconformidad frente al estado de conflicto que –a juicio del autor- atraviesa actualmente la comunidad académico-intelectual de las ciencias de la educación, en particular a partir de la experiencia de la reforma educativa desarrollada durante la década de los ’90, que contó con la participación de notorios investigadores universitarios en cargos de gestión estatal. El texto presenta algunas líneas de interpretación para pensar esas tensiones en el marco de un argumento tributario del enfoque de Bourdieu: si el estado de un campo intelectual no es más que la expresión cristalizadas de las luchas pasadas, el trabajo se plantea como un ensayo de interpretación que -focalizando en las tensiones entre pedagogía y política- presenta una serie de momentos o etapas que recorren la conformación reciente del campo intelectual de la educación.

Finalmente, el artículo de Mariana Heredia parte de considerar, en consonancia con lo ocurrido en otros países, las nuevas formas de elaborar, discutir y aplicar políticas económicas en Argentina inauguradas a partir de los años sesenta. Las elites técnico-profesionales fundaron espacios estables y específicos desde los cuales relacionarse con el Estado y la sociedad. En la intersección entre círculos académicos, organizaciones partidarias, agencias de la administración pública, medios masivos de comunicación, corporaciones empresarias y organismos internacionales, los centros privados de expertise se consolidaron como un “punto de pasaje” en la orientación de las políticas públicas en materia económica. En base a una investigación socio-histórica sobre las ciencias económicas en la Argentina, se estudia la emergencia y la expansión de estos nuevos actores, se analiza la dinámica de este “mercado de expertise” y se avanzan algunas conjeturas sobre la continuidad de este nuevo tipo de representación y sus efectos sobre la vida pública y política.

[[1]] Un tratamiento más detallado de esta cuestión en Camou, Antonio, “Quo Vadimus Sartori? Ciencia política y políticas públicas en el marco de una polémica”, Andamios. Revista de Investigación Social, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Nro. 11, 2009. [[1]]
[[2]] Coser, Lewis A. Hombres de Ideas. El punto de vista de un sociólogo (1965), México, FCE, 1968. Un análisis más cercano de este procesos en Brunner, José Joaquín “Investigación social y decisiones políticas: El mercado del conocimiento”, Nueva Sociedad, Nº 146, p. 111 y ss., 1996 [[2]]
[[3]] La crítica clásica de esta problemática en el libro de Pressman, Jeffrey L. & Aaron Wildavsky (1984), Implementación, México, FCE, 1998. [[3]]
[[4]] La cita pertenece a Haass, Richard N., “Los thinktanks y la política exterior estadounidense: la perspectiva de un elaborador de políticas”, Agenda de la política Exterior de los USA (Departamento de Estado, Programas de información internacional) (http://usinfo.state.gov/journals/), volumen 7, número 3, noviembre de 2002.. [[4]]
[[5]] McGann, James G., “Los thinktanks y la transnacionalización de la política exterior”, Agenda de la política Exterior de los USA (Departamento de Estado, Programas de información internacional) (http://usinfo.state.gov/journals/), volumen 7, número 3, noviembre de 2002. [[5]]
[[6]] Wittrock, Björn, “Conocimiento social y política pública: ocho modelos de interacción”, en Peter Wagner et al., Ciencias Sociales y Estados Modernos. Experiencias nacionales e incidencias teóricas (1991), México, FCE, 1999. [[6]]

 

Referencia de los textos




Dossier. Chile contemporáneo.

Chile contemporáneo

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

 

En enero de 1999, once historiadores chilenos firmamos un Manifiesto, el cual respondía a la “Carta a los chilenos” que el general Augusto Pinochet, detenido en Londres por crímenes contra la humanidad, envió al país, así como a los fascículos de historia de Chile, escritos por el historiador Gonzalo Vial Correa y publicados en el diario La Segunda . Tanto Pinochet como Vial ofrecían una versión acerca de la historia reciente chilena, dirigida a justificar las graves violaciones a los derechos humanos ocurrida durante la dictadura militar. En dicho Manifiesto de historiadores se afirmaba: “De un tiempo a esta parte hemos percibido un recrudecimiento notorio de la tendencia de algunos sectores de la sociedad nacional a manipular y acomodar la verdad pública sobre el último medio siglo de la historia de Chile, a objeto de justificar determinados hechos, magnificar ciertos resultados y acallar otros; casi siempre con el afán de legitimar algo que difícilmente es legitimable y tornar verdadero u objetivo lo que no lo es o es solo la autoimagen de algunos grupos” {{1}}.

[[1]] Sergio Grez y Gabriel Salazar (Compiladores) Manifiesto de Historiadores, Santiago, Lom, 1999, p.7. Entre los 11 historiadores originales y que participan en este Dossier estaban María Angélica Illanes, Mario Garcés, Julio Pinto, Verónica Valdivia y Jorge Rojas; a éstos se sumaron muchos más, tanto nacionales como extranjeros. [[1]]

El Manifiesto ponía en el tapete, entre otras, dos cuestiones importantes para la historiografía chilena de la segunda mitad del siglo XX: por una parte, que el pasado reciente seguía siendo tema de debate, en torno al cual no existía ni existe consenso en el país; en segundo lugar, que ese pasado reciente aún era una deuda de los historiadores.
A pesar de que la dictadura fue derrotada en las urnas en el Plebiscito sucesorio realizado en octubre de 1988, que decidiría la permanencia o no en el poder por ocho años más del general Augusto Pinochet, éste obtuvo un 43% de los votos y logró consolidar el proyecto dictatorial a través de su continuación en la post dictadura, toda vez que la transición fue pactada entre los dirigentes del bloque que encabezó la oposición, la Concertación de Partidos por la Democracia, y personeros del régimen militar. Esa transacción fue posible, porque la dictadura nunca sufrió una derrota total y las fuerzas armadas pudieron retirarse a los cuarteles, convencidas dehaber dejado una “misión cumplida”.
Este retiro “victorioso” ha permitido la defensa por parte de sus seguidores políticos e intelectuales de una “historia oficial” de los últimos cincuenta años, desconocedora de los procesos sociales ocurridos y de la naturaleza terrorista de la dictadura. En junio de este año, la actual Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), Magdalena Krebs, envió una carta al diario El Mercurio en la cual criticaba la decisión del Museo de la Memoria, creado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, de circunscribir “su misión solo a la violación de derechos humanos, sin proporcionar al visitante los antecedentes que las generaron…sería una gran contribución que el museo explicara los hechos anteriores al golpe”. {{2}}. Aunque con posterioridad la Directora hubo de limitar sus afirmaciones, considerando el revuelo producido, tal es la posición de una gran mayoría de la derecha chilena respecto de la dictadura cívico-militar, ofreciendo una versión que califica los atropellos a los derechos humanos de “excesos”, los justifica en función de su pasado inmediato y enfatiza la “obra” del régimen, entendida como modernización económica y construcción de un sistema político estable. Desde ese punto de vista, la historia de la democracia chilena de los años noventa y siguientes, es decir, los años de la Concertación, serían, en sus aspectos económicos, fruto del régimen. Casi como corolario de esa tesis, a fines de los años noventa se comenzó a hablar, mundialmente, del “modelo chileno”, es decir, un país que había mantenido el neoliberalismo impuesto por la dictadura y crecía exitosamente en términos económicos, eliminando pobreza; a la vez que podía exhibir estabilidad política, habiendo neutralizado los peligros golpistas de las fuerzas armadas. Así, el Chile actual seríapositivamente deudor de la dictadura, encarnada en la figura del general Pinochet, de sus “éxitos” económicos, sociales y políticos.
[[2]] El Mercurio , 23 de junio de 2012. [[2]]

Frente a esa “historia” se levantaba la realidad de violencia, arbitrariedades, pérdida de derechos, pobreza extrema e indignidad que inundó a la sociedad chilena desde 1973. Ella había sido levantada por las organizaciones de derechos humanos, ONGs, orgánicas sociales, religiosas y políticas. La lucha por la memoria en Chile, se concentró, por muchos años, en la violación de los derechos humanos y el imperativo de justicia en el marco de una transición pactada y una ensoberbecida clase política que se jactaba del “Chile modelo”.
¿Cuál era el papel jugado por los historiadores en esa batalla?
Chile, según se afirma, es un país de historiadores; un país donde historia y política han estado estrechamente unidas, desde los “padres fundadores” de la historiografía chilena en el siglo XIX, testigos o protagonistas de aquellos acontecimientos que historiaban. {{3}}. Nacida de sus propias elites, la historiografía liberal decimonónica –desde una historia política positivista y descriptiva- y la nacionalista conservadora de principios de siglo XX estructuraron una visión de Chile como su propia gesta, legitimadora de sus opciones políticas, económicas y sociales. Ambas Escuelas, por lo tanto, centraron su atención en el período colonial, las luchas de la Independencia, la construcción del Estado Nacional, con sus inclusiones y exclusiones. A pesar de sus opuestas inspiraciones políticas, los historiadores liberales y nacionalistas-conservadores solo reconocieron historicidad a sus clases dirigentes.

[[3]] Julio Pinto Vallejos y María Luna Argudín (Compiladores) Cien años de propuestas y combates. La historiografía chilena en el siglo XX , México UNAM- Azcapotzalco, 2006. Ver capítulo introductorio de Julio Pinto.[[3]]

Desde mediados del siglo XX, no obstante, con una ya bullente sociedad de masas, una mayor democratización político-social y nuevos actores, surgieron otras dosEscuelas historiográficas, decididas a desafiar la hegemonía que hasta entonces habían tenido las anteriores. Una de esas corrientes provenía de la izquierda marxista y otra estaba influida por la Escuela francesa de los Annales, las cuales cuestionaron la historia del “acontecimiento” para interesarse en “el pueblo”, la economía y las relaciones sociales. La primera fue liderada por los historiadores Julio César Jobet y Hernán Ramírez Necochea, quienes destacaron la idea de proceso y, en el caso del segundo, la historia del movimiento obrero, en el siglo XIX, especialmente de los obreros salitreros, en el norte del país. En otras palabras, los nuevos sujetos de la historia eran los proletarios, sus luchas, sus derrotas, sus tragedias y sus orgánicas. Chile no era solo la historia de sus clases dirigentes. Los “estructuralistas”, asociados a los Annales, pusieron su atención en las estructuras, los actores colectivos, las mentalidades, la propiedad agraria, el trabajo indígena colonial, el inquilinaje, entre otros. El historiador Álvaro Jara fue uno de sus líderes más destacados, posando su mirada sobre la conquista española.
Esta historiografía estaba en pleno desarrollo al momento del golpe de Estado y constituía la vanguardia de los historiadores. No obstante, su mirada estaba, aparentemente, lejos de la historia reciente, pues aunque “sus combates” historiográficos estaban absolutamente compenetrados con su actualidad y la lucha política del momento en Chile, sus períodos históricos remitían a la Conquista, la Colonia y el siglo XIX.
El golpe militar de septiembre de 1973 cortó este camino recorrido en Chile, pues sus principales exponentes salieron al exilio a Europa y quienes permanecieron en el país, vieron coartadas sus posibilidades de investigación y escritura, bajo la represión dictatorial. El “apagón cultural” del que se habló a fines de los años setenta y que se atribuyó al golpe de Estado, se nutría, en parte, del repliegue de la historiografía. No obstante, la alianza cívico-militar triunfadora levantó su visión del pasado, elaborada por la renacida Escuela nacionalista-conservadora, liderada por el historiador Gonzalo Vial, quien dio patente histórica a la tesis de la “decadencia” chilena del siglo XX, producto de la crisis de sus elites y el ascenso de las capas medias y el pueblo, proceso que había derivado en la Unidad Popular y el “pronunciamiento militar” de 1973. Su historia de Chile, que no recogía muchos de los avances historiográficos existentes, comenzaba con la Guerra Civil de 1891 y alcanzó a cubrir los años treinta del siglo XX.
La historiografía de izquierda resurgió a comienzos de los años ochenta, tanto en Chile como en el exilio, especialmente en el Reino Unido. Quienes permanecieron en el país, centraron su trabajo en la historia social, trabajadores mineros, sindicatos, grupos juveniles o pobladores, siendo María Angélica Illanes, una de sus íconos. La “Nueva Historia Social”, reunió, así, a los historiadores que vivían y trabajaban en Chile con los del exilio. Esta Escuela, cuya principal figura era el historiador en el exilio Gabriel Salazar, {{4}} a pesar de reconocer su deuda con el marxismo y la Escuela de Jobet y Ramírez, redefinió la historia social y el pueblo, rescatando al conjunto de los sectores populares, antes ignorados: mujeres, campesinos, indígenas, peones, artesanos, entre otros, haciendo una historiografía “desde abajo” y poniendo énfasis en la historicidad de los sujetos. Historiadores como Julio Pinto, Mario Garcés, Sergio Grez, Eduardo Devés, entre otros, conformaron el relevo generacional de la anterior escuela. La nueva historiografía social implicó un retroceso cronológico a períodos anteriores al siglo XX, pues debía revisarse la etapa de “formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX”, como afirmaba el historiador Gabriel Salazar. La opción por el siglo XIX, por otra parte, se nutría precisamente del debate político y de la lucha por la memoria en el Chile de fines de los ochenta, esto es, rebatir la tesis derechista de que el colapso político de 1973 se relacionaba estrictamente con los años anteriores al golpe de Estado, a los procesos de transformación estructural iniciados a mediados de los años sesenta, bajo el gobierno de la Democracia Cristiana, especialmente la reforma agraria, el protagonismo alcanzado por los jóvenes, la radicalización de sectores de la izquierda y, de modo particular, la experiencia de la Unidad Popular. En concreto, desde el punto de vista de los partidarios del régimen militar, para “entender” lo ocurrido durante la dictadura había que focalizarse en esos ocho años: 1965-1973, tal como reclamaba cuarenta años después del golpe la Directora de la DIBAM en junio de 2012, a quien hemos citado antes. La “Nueva historia social” retrotraía el origen de los conflictos y el análisis histórico a etapas muy anteriores, a procesos de larga duración, pero estrechamente ligado a la actualidad del momento.
[[4]] Su libro Labradores, peones y proletarios , Santiago, Sur, 1985, constituyó un hito historiográfico. [[4]]

En otras palabras, a pesar de que el sentido de esta historiografía estaba profundamente enlazado con el proyecto popular truncado en 1973 y la dictadura posterior, sus temáticas remitían al siglo XIX, de donde floreció un valioso y nutrido conocimiento. La “Nueva historia social” embrujó a las nuevas generaciones de la transición.
En ese contexto, no le fue fácil a la historia reciente y, particularmente, a la historia política hacerse un espacio. Algunos historiadores sociales abordaron el siglo XX, como María Angélica Illanes, quien estudió la salud y la educación, asociada al Estado, durante el siglo XX, o Jorge Rojas que abordó el mundo sindical en los años veinte y el trabajo infantil. El equipo que había incursionado en educación popular, encabezado por Mario Garcés,por su parte, comenzó a recopilar testimonios e historias de vida, siendo pioneros en la historia oral en el país.
La historia política estaba profundamente desacreditada y era asociada al positivismo más decimonónico y ajeno a los cataclísmicos procesos sociales que habían afectado al país en las últimas décadas, a pesar de que desde los años ochenta un grupo de jóvenes historiadores de la Universidad Católica había comenzado a escribir la historia del siglo XX y a rebatir las tesis de Vial, revalorizando el papel de las clases medias en la democratización ocurrida. {{5}}. No sería sino con el impacto de la renovación de líneas temáticas, de metodologías y perspectivas de análisis en el mundo que emergería una “Nueva Historia Política”, de la mano de una nueva generación. Las antiguas miradas positivistas fueron reemplazadas por otras en diálogo con la sociología, la ciencia política, la antropología o la semiótica. Los años noventa fueron testigos de su nacimiento.

[[5]] Sofía Correa, Cristián Gazmuri, Sol Serrano, Nicolás Cruz, Mariana Aylwin, Carlos Bascuñán, entre otros. [[5]]

Reflexionando acerca del autoritarismo en Chile, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, una de las figuras más destacadas de los nuevos historiadores políticos, sin embargo, volvió a los temas ejes del siglo XIX, la Independencia y el período autoritario identificado con Diego Portales (década de 1830), reponiendo el protagonismo de las elites en la historia nacional y revalorizando el género ensayístico de la escuela nacionalista conservadora, desvalorizando la historia más factual. Así, aunque Jocelyn-Holt debatía sobre un autoritarismo de larga data y actual en el Chile post dictatorial, su historiografía inicial se alejaba de la historia reciente. {{6}}.
[[6]] Alfredo Jocelyn-Holt La Independencia de Chile. Modernización, tradición y mito , Madfre, 1992; El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica, Planeta, 1997. Con posterioridad, Jocelyn-Holt escribió sobre el período reciente de la historia del país, El Chile perplejo, Planeta, 1998; en la actualidad está abocado a una Historia general de Chile, que aún se encuentra en la etapa colonial. [[6]]
Entendiendo que la historia reciente{{7}} alude a un pasado-presente, inconcluso, abierto, “coetáneo” a quien escribe, cercano, un pasado que no acaba de irse, la historiografía de Chile de fines de los noventa era aún deudora de ese tiempo, difícilmente delimitable, que constituía su historia pasada-presente, los años aún en debate político. Aunque es claro que lo cronológico no determina la historia reciente, ella ha sido asociada, en el caso de Chile, al período abierto con las transformaciones estructurales, esto es, la década de los sesenta, la Unidad Popular, la dictadura y los años de los gobiernos de la Concertación, una actualidad con raíces en el pasado. Aunque el Manifiesto de Historiadores , al que aludíamos al comienzo, demandaba entender el presente desde una perspectiva histórica de más larga data, lo cierto es que el apresamiento de Pinochet en Londres en 1998 trajo a la superficie un debate acallado por los consensos, por un discurso que hacía hincapié en el futuro y en la urgencia de cerrar la transición; un debate que miraba al pasado inmediato, campo hasta entonces cubierto preferentemente por cientistas sociales.
[[7]] Este tipo de historias ha recibido distintas denominaciones: historia del tiempo presente, historia inmediata, historia vivida. Véase Marina Franco y Florencia Levín (Compiladoras) Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción,, Paidós, 2007; Julio Aróstegui La historia vivida. Sobre la historia del presente,, Alianza, 2004; Margarita López M., Carlos Figueroa y Beatriz Rajland Temas y procesos de la historia reciente en América Latina, , Arcis/Clacso, 2010. [[7]]

El siglo XX fue asumido, en gran medida, por jóvenes historiadoras/res en los años noventa, tales como Sofía Correa, Verónica Valdivia, Mario Garcés, Luis Corvalán, Juan Carlos Gómez, Jorge Rojas, y en una segunda generación en los 2000 porSebastián Leiva, Rolando Álvarez, Cristina Moyano, Azun Candina, Karen Donoso y decenas de estudiantes de pre y post grado interesados en la historia de las últimas décadas. Mezclando tendencias historiográficas y enfoques, estas/os hacedores de historia política, social y cultural se han dado a la tarea de revisar la historia de los partidos políticos, de izquierdas y derechas,la izquierda radical, los años de la “revolución chilena”, esos años que María Angélica Illanes denominó de “Temblores, cataclismo y revisionismo”; {{8}} la dictadura, los nuevos actores sociales del siglo XXI. Y, aunque en un comienzo los estudios pusieron más atención en las profundas rupturas ocurridas, {{9}} hoy se han comenzado a examinar los años de gobierno de la Concertación, pudiendo observarse líneas de continuidad entre el período dictatorial, la década del noventa y los inicios del nuevo milenio.
[[8]] María Angélica Illanes La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo, 1900-2000 , Planeta/Ariel, 2002. [[8]]
[[9]] Anne Perotin-Dumon (Compiladora) Historizar el pasado vivo en América Latina , Editorial Universidad Alberto Hurtado, 2007. [[9]]

Perdida la batalla de los conservadores para radicar lo historiográfico en el pasado lejano, la historia reciente ha logrado abrirse su espacio y legitimarse como objeto de estudio.
El dossier que a continuación se presenta constituye una pequeña muestra de las nuevas miradas y enfoques historiográficos chilenos de la historia reciente, el cual por supuesto, no da cuenta de todo el abanico existente. Sin concentrarse exclusivamente en el trauma de las últimas décadas, los artículos que aquí se consignanabordan temas, actores y enfoques descuidados hasta hace unos años, pero todos cruzados, de alguna manera, por la dictadura, la profunda transformación de Chile y la herencia dejada a la recobrada democracia chilena.
Los dos primeros capítulos del dossier dan cuenta de los años de esperanza y de trauma de la historia reciente chilena, poco historiados para comienzos del nuevo siglo. “Hacer la revolución” , de autoría del historiador Julio Pinto, analiza el debate dentro de la izquierda marxista –el Partido Comunista, Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR- del período 1960-1973, acerca de la idea de revolución y cómo llevarla a cabo, momento en que esa izquierda caminaba y llegaba al poder. A diferencia de otras experiencias, en el caso de Chile los fines perseguidos por los revolucionarios estaban bastante claros, todos aspiraban a la construcción del socialismo, el que, si bien no era entendido exactamente de la misma forma y hubo mucha discusión en torno a las vías, tenía múltiples puntos de convergencia: una sociedad socialista, antiimperialista, humanista, igualitaria, que debía derrotar al capitalismo. La revolución chilena era programática.
En “Memorias de La Legua o los recuerdos a flor de piel: de experiencias, emociones y fragmentos” , Mario Garcés y Sebastián Leiva experimentan con la historia oral y la memoria, recreando el impacto de los allanamientos a una de las poblaciones más golpeadas por la represión dictatorial, La Legua, en el sector sur de la capital, en el período inmediatamente posterior al golpe cívico-militar, a través de los testimonios de sus pobladores. Ambos historiadores se propusieron inquirir acerca de la “memoria de los legüinos” respecto de la dictadura, en este caso de las víctimas, dando cuenta de su preservación contra el olvido y la escasez, casi inexistencia, de documentación escrita.
Los dos artículos que siguen ofrecen una mirada desde una naciente historia político- cultural en Chile a los años sesenta, la Unidad Popular y la dictadura pinochetista.
El trabajo pionero del historiador Jorge Rojas, “Lucha política y conciliación de clases en una revista de historietas. El caso de Mampato , 1968-978” ,se introduce en un tipo de historiografía casi inexplorada en el país: el mundo de la historieta en sus años de esplendor. Jorge Rojas, historiador social, se ha desplazado a una mixtura entre historia política y cultural, abordando, en el artículo de este dossier, el período 1968-1978 a través de la historieta Mampato, publicada por la editorial Lord Cochrane, vinculada al Grupo Edwards, dueño del diario El Mercurio.Como explica su autor, el artículo analiza esa historieta, indagando en la forma en que durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, democratacristiano, la Unidad Popular y la dictadura, buscaron proyectar valores políticos a un público infanto-juvenil.
También desde una mirada político-cultural, la historiadora Karen Donoso en su artículo “Discursos y políticas culturales de la dictadura cívico-militar chilena, 1973-1988” , analiza las políticas y las prácticas culturales de la dictadura pinochetista, sin remitirse exclusivamente al denominado “apagón cultural”, sino a los intentos dictatoriales por combatir el decaimiento de las actividades artísticas con posterioridad al golpe, su definición de cultura y las políticas culturales puestas en vigencia. Desde ese punto de vista, la autora busca dar cuenta no solo de la faceta represiva y censora del régimen, sino también del tipo de políticas culturales que se intentaron. Donoso se introduce en los debates al interior del régimen entre las distintas apuestas en pugna y las dificultades para articular un proyecto cultural.
Los dos artículos que siguen se insertan en la historia social, de amplia trayectoria en Chile, como hemos explicado. Una de sus figuras más descollantes, la historiadora María Angélica Illanes, nos ofrece en “La república de la gratitud. Pérdidade democracia y ‘chorreo’ capitalista en Chile actual” una reflexión acerca de la relación entre el Estado y el pueblo, a partir de las tradiciones políticas y las políticas sociales en el Chile de los noventa. Desde su punto de vista, los gobiernos de la Concertación, las políticas sociales y el trabajo social han descansado en una re-elaboración de una antigua tradición filantrópica, la cual inhibe una tradición moderna democrática, de “promoción participativa”. Según nos propone, el Chile de la Concertación sufrió una pérdida de democracia, mientras la configuración de un régimen político fundado en un “nacionalismo neo-filantrópico”, ha consolidado el neoliberalismo actual. La autora grafica este proceso en el caso de una comuna rural del sur de Chile, San José de la Mariquina.
A continuación,el artículo de la historiadora Azun Candina, “La clase mediacomo ideal social. El caso de Chile contemporáneo” inquiere acerca de un actor prácticamente no estudiado en términos historiográficos en Chile: las capas medias. La autora analiza el surgimiento de ellas como grupo social específico y como un ideal social para la población chilena durante el siglo XX. De acuerdo a su óptica, el concepto de clase media integra significados culturales múltiples y complejos, considerando sus connotaciones progresistas y democráticas y, al mismo tiempo, es identificada como un sector poco confiable políticamente y muy influido por los patrones de consumo de las clases altas. Sus apreciaciones acerca del esfuerzo, la desigualdad social en el nuevo milenio y las amplias movilizaciones sociales que han encabezado en el último año en Chile serían reflejo de ese ideal al que han aspirado históricamente.
Los dos últimos artículos cubren desde la historia política la primera década del período de la Concertación, a través de un par de estudios acerca del proceso de municipalización llevado a cabo por la dictadura y mantenido por la Concertación, el cual ha tenido una enorme influencia en la despolitización de la sociedad chilena en la recobrada democracia.
El historiador Rolando Álvarez en “La reforma municipal en la transición: ¿unintento de democratización en la medida de lo posible?” evalúa los intentos de reforma municipal presentados por la Concertación para democratizar esas instituciones, las negociaciones con la derecha, especialmente los bloqueos de la Unión Demócrata Independiente, UDI, la derecha pinochetista más dura, y sus resultados. El artículo cuestiona la tesis de la “conspiración entreguista” de la Concertación, poniendo atención en los aspectos estructurales y coyunturales que hicieron posible a la derecha asegurar la continuidad del modelo municipal ideado por la dictadura, sentando un precedente político para que la lógica de los cambios “en la medida de lo posible” se fuera naturalizando.
Por último, el artículo de mi autoría “La alcaldía de Joaquín Lavín y el‘lavinismo’ político en el Chile de los noventa” , analiza la trayectoria de este militante UDI, quien desde su cargo de alcalde de un municipio de sectores acomodados de la capital se convirtió en el líder de la derecha de los años noventa, inaugurando un nuevo estilo político, el “cosismo”. Desde nuestro punto de vista, el posicionamiento de Lavín y su estilo fue una estrategia deliberada de la derecha destinada a modificar las formas y los contenidos de la política chilena y provocar el triunfo definitivo del diseño institucional de la dictadura. La mantención del neoliberalismo por parte de la Concertación y la ausencia de una contraofensiva ideológica, facilitaron el éxito de Lavín y de cierto “lavinismo” político.
Los artículos que forman este dossier están inspirados en el Chile actual y en los múltiples y complejos problemas heredados de la dictadura. Mientras los movimientos sociales que conmueven al país en estos momentos se proponen desafiar por primera vez el proyecto heredado de la dictadura, las/los historiadoras/es de la historia reciente están acompañando ese proceso.

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