Dossier | La CONADEP y las provincias. Comisiones investigadoras, justicia y derechos humanos

Marianela Scocco (ISHIR-CONICET/UNR)  y Carol Solis (CIFFYH- SECYT/UNC)

En los años ochenta y noventa, luego de los graves hechos represivos cometidos por las dictaduras del Cono Sur en América Latina, surgieron en muchos países comisiones investigadoras que fueron conocidas como Comisiones de Verdad. Resultaron denominadas así porque su principal objetivo no era la justicia sino la paz, ya que no tenían poder de juzgar sino solamente de investigar y, de hecho, con excepción de Argentina, en el resto de los países estos crímenes no fueron juzgados. En este marco trasnacional, el caso argentino resulta entonces clave. En ese sentido, este dossier recupera una serie de textos que analizan casos de comisiones investigadoras locales y provinciales de Argentina, con geografías diferentes (Tucumán, Córdoba, Rosario, Río Negro y Bahía Blanca) y protagonistas variados (abogados, militantes, sobrevivientes y clase política).

Las primeras medidas del gobierno de Raúl Alfonsín, elegido democráticamente tras el colapso de la dictadura militar (1976-1983), se centraron en torno a la posibilidad de investigar y juzgar los crímenes cometidos por aquélla. Como sostienen Feld y Franco,[1] el problema de la justicia fue central en el periodo, ya que ni siquiera para los organismos de derechos humanos estaba claro qué podía o debía constituir el castigo por las violaciones a los derechos humanos. Al problema de la justicia se le anteponía el de la investigación acerca de lo sucedido; quiénes serían los responsables juzgados por dichos crímenes y, sobre todo, dónde estaban los desaparecidos. Para ello, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que sería la encargada de indagar sobre los crímenes cometidos por la dictadura respecto de la desaparición de personas.

Con la CONADEP Alfonsín impulsó el modelo de una “comisión de personalidades”. La propuesta alternativa a nivel nacional era la formación de una comisión bicameral legislativa, promovida por ciertos organismos, principalmente por Madres de Plaza de Mayo. Argumentaban que la contundencia de los resultados de una investigación parlamentaria podría imponer la necesidad de un castigo, ya que tendría facultades para tomar declaración indagatoria a presuntos responsables.

Esta discusión se trasladó a las provincias, que debatieron sobre la creación de comisiones provinciales y si las mismas debían ser delegaciones de la CONADEP o comisiones bicamerales legislativas. Algunas provincias como Tucumán, Chaco, Misiones y Neuquén atendieron el reclamo de los organismos y propiciaron desde las cámaras legislativas sus propias comisiones investigadoras.^[2] En Río Negro se creó la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH), expresión rionegrina de la CONADEP y, al igual que en La Rioja, fue establecida por iniciativa del Poder Ejecutivo, invitando a los legisladores a formar parte del espacio. En Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata y Bahía Blanca, como en otras ciudades, se crearon delegaciones locales de la CONADEP a semejanza de la nacional.

Todas estas comisiones realizaron sus propios informes y algunos permanecieron inéditos, mientras que otros fueron publicados. Considerando esta diversidad, reconstruir el debate político respecto a si se conformarían comisiones bicamerales o delegaciones de la CONADEP -e incluso examinar el accionar y los avatares de cada una de ellas durante su funcionamiento- permite analizar cómo incidieron las tramas locales partidarias y las configuraciones del propio movimiento de derechos humanos en los diferentes espacios, así como las negociaciones, consensos y disputas en torno a cada una de las alternativas.

Este dossier reúne artículos de investigadores de diferentes lugares del país, que desde hace poco más de una década han ampliado los estudios sobre el movimiento de derechos humanos y los procesos de investigación y justicia originados por fuera de la Capital Federal y la ciudad de La Plata. Especialmente aquellos que han estudiado los casos en que se crearon comisiones provinciales, atendiendo a las continuidades así como a las rupturas con la CONADEP y otros espacios regionales.

Inicia el dossier una revisión de Emilio Crenzel respecto de los aportes y sentidos del funcionamiento de la CONADEP en 1984, que se convirtió en un modelo para diversas Comisiones de la Verdad constituidas en América Latina. El autor reconstruye las condiciones que definieron su creación en los albores de la posdictadura y su inclusión en cierto modelo de justicia que el gobierno de Alfonsín definió. Expone también las derivas del apoyo de los organismos de derechos humanos y las discusiones internas y los acuerdos tácitos que se dieron en la Comisión. Destaca las inspecciones en ex Centros Clandestinos de Detención (CCD), la centralización de las denuncias realizadas y la importancia de las delegaciones en el interior para acrecentar el acervo testimonial. Finalmente analiza los resultados principales que obtuvo la CONADEP, al derrumbar el monopolio de la interpretación de los perpetradores y realizar un pronunciamiento oficial que legitimó las denuncias.

Teniendo en cuenta el planteo de Crenzel, las tres siguientes contribuciones analizan las comisiones que se crearon como delegaciones locales de la CONADEP. En tal sentido, vale la pena recoger el artículo de Marianela Scocco que retoma la discusión sobre cómo debía ser la comisión investigadora en la provincia de Santa Fe. Así, reconstruye los distintos posicionamientos de los organismos de derechos humanos y de los partidos políticos en su conformación final como Delegación Santa Fe de la CONADEP y su subdivisión entre las zonas norte y sur. Luego, la autora se interesa por abordar su accionar en la zona sur (en torno a la ciudad de Rosario). Destaca no sólo la tarea que desarrolló de recopilación de testimonios, sino el carácter público que tomó dicha información a partir de la difusión que propició, especialmente, la prensa escrita. Pero el hecho más significativo fue el hallazgo de importantes archivos documentales relacionados con los servicios de inteligencia de la dictadura, que luego fueron hurtados en lo que se conoció como el Robo a Tribunales, experiencia única en el país. Por último, el artículo trabaja sobre el informe final de dicha delegación y como todo ese material fue utilizado en el Juicio a las Juntas.

En la misma línea, el artículo de Cristian Rama sobre la delegación local de la CONADEP en Bahía Blanca, pone especial atención en la participación de los sobrevivientes de los CCD para la investigación y la configuración del informe final. El autor también analiza la conformación de los organismos locales de derechos humanos y su rol en la recopilación de información en el periodo inicial de la investigación, que confluyó en un nuevo escenario para la reconstrucción del plan represivo a nivel regional y en la formación de la delegación local. Uno de los problemas que tuvo esta comisión, identificado en el trabajo, fue la dificultad para la obtención de datos de víctimas o testigos directos de la represión.

Por su parte, en Córdoba ocurrieron tanto el debate por la posible conformación de una comisión parlamentaria bicameral propuesto por el peronismo como el funcionamiento, en simultáneo, de la Delegación local de la CONADEP, avalado por el radicalismo. La ponencia de Carol Solis reconstruye parte de ese episodio de contienda política en las arenas legislativas focalizando el debate que antecedió al rechazo a la bicameral, cuando diputados discutió el Informe parcial enviado por la delegación local de CONADEP. El análisis de esta coyuntura legislativa expone algunas estrategias del oficialismo y la oposición para legitimar sus posiciones, así como el contenido mismo del informe que ilumina la trama de verdades que se iban conociendo sobre las modalidades, escenarios y el impacto del terror de Estado en la provincia, las tareas investigativas y las denuncias emprendidas junto a las redes que su acción generó a nivel local. Ello permite trazar una mirada más compleja de las agencias, sujetos y colectivos que se comprometieron con la acción de la delegación en el territorio provincial.

Experiencias disímiles fueron los casos de la bicameral de Tucumán y de la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH) de Río Negro examinadas respectivamente por Rubén Kotler y Ayelén Mereb. El artículo de Kotler aborda el contenido del Informe elaborado por la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, promovida por el gobierno justicialista, que fue producido como resultado de su actuación en 1984. Su análisis le permite trazar las coordenadas de enunciación respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia -que “le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la institución centro clandestino de detención” según el Informe- como el marco de lectura de esas violencias, introduciendo lecturas críticas sobre sus límites y contradicciones internas. Se detiene particularmente en los usos del pasado y su interpretación de la violencia política, las características de la represión y su modalidad escalonada, las pruebas reunidas y los testimonios y la retórica enmarcada en los derechos humanos.

Por su parte, Ayelén Mereb analiza el caso de la provincia de Río Negro con la CPDH que, a su vez, se constituyó con el trabajo coordinado de tres delegaciones: Alto Valle, Atlántica y Andina, sobre la que se centra la autora. El artículo reconstruye esa experiencia, para luego poner el foco en El Bolsón a fin de identificar algunas variables que gravitaron en la imposibilidad de anclaje local de lo denunciado. Se advierte así una diferencia sustancial con otros casos, como el de Rosario, ya que Mereb sostiene que la falta de publicidad oficial impidió que el pueblo rionegrino pudiera apropiarse de la información recabada por la comisión.

Con sus diferencias y especificidades, estos procesos compartieron un marco general y presentaron varios elementos significativos de similitud en lo que se refiere al tema que aquí abordamos. Todas estas comisiones tuvieron en común haber participado de las discusiones en torno a su fundación, estar integradas en su mayoría por militantes de los organismos de derechos humanos locales y haber realizado tareas similares. Entre estas últimas se evidenciaron, además de la recepción de denuncias y recolección de testimonios, las inspecciones a ex CCD; los intentos por obtener las nóminas del personal de las fuerzas que actuaron en la represión en cada lugar; la búsqueda de archivos y documentos oficiales; la realización de un informe final; entre otras. También tuvieron problemas comunes, por ejemplo, precisamente por sus características regionales les resultó difícil determinar la localidad donde habían sido secuestrados los represaliados y, por consiguiente, quiénes debían ser contabilizados: los efectivamente denunciados como ocurridos en cada ciudad o también los que se produjeron en otras localidades, aunque sus denuncias las recibiera esa delegación. Este tema sigue estando vigente al momento de confeccionar listas de desaparecidos en cada ciudad del país. De igual modo, y retomando el plano general, las diversas experiencias aquí incluidas ayudaron a desplegar solidaridades locales y aportaron a las condiciones de escucha, a legitimar a los actores locales y a implicar a diferentes agencias y actores en el tratamiento de las demandas de verdad y justicia.

Textos seleccionados para el dossier:

Crenzel, Emilio (2014). “La CONADEP treinta años después. La investigación sobre las desapariciones forzadas en la Argentina”. Revista Derechos Humanos, 4, pp. 3-25. Recuperado de: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf140093-crenzel-conadep_treinta_anos_despues.htm

Scocco, Marianela (2015). “De la denuncia a la (in)justicia. Rosario: de la delegación Santa Fe de la CONADEP a los indultos (1983-1990)”. Revista Argirópolis, 1, pp. 39-60. Recuperado de: https://iehpa.files.wordpress.com/2016/03/marianela-scocco-de-la-denuncia-a-la.pdf

Rama, Cristian (2019). “La CONADEP en Bahía Blanca. Un acercamiento al funcionamiento de la comisión y a las posibilidades y límites en los niveles de participación de las/os sobrevivientes de los centros clandestinos de detención”. Historia Regional, 40, pp. 1-15. Recuperado de: http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/291

Solis, Carol (2017). “El Informe de la CONADEP Delegación Córdoba a los diputados. Contienda política y arenas legislativas en la posdictadura”. V Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Córdoba, 23 al 25 de noviembre de 2017.

Kotler, Rubén (2007). “Análisis del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983)”. Prohistoria, 11, pp. 29-47. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/3801/380135838002.pdf

Mereb, Ayelén (2017). “La investigación de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. La experiencia de la Comisión de Derechos Humanos de Río Negro”. Identidades, 7, pp. 98-119. Recuperado de: https://iidentidadess.files.wordpress.com/2018/08/06-identidades-13-7-2017.pdf

[1] Feld, Claudia y Franco, Marina (2015a). “Introducción”. En Feld, Claudia y Franco, Marina Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura, pp. 9-22. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

[2] Brysk incluye en esta lista de provincias que formaron comisiones legislativas a Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires, que en diciembre de 1983, estableció una comisión provincial bicameral permanente. Brysk, Alison (1994). La Política de Derechos Humanos en Argentina Protesta, Cambio y Democratización. Stanford University Press. Traducción: Isabel Inguanzo Ortiz.