En los últimos años, muchos investigadores se han dado a la tarea de estudiar los regímenes no democráticos y sus legados, y también lo han hecho algunos gobiernos con la puesta en marcha de Comisiones de la Verdad, que han tenido como objetivo, más o menos homogéneo, establecer la verdad sobre el fenómeno represor que durante la segunda mitad del siglo XX se experimentó en muchas regiones del mundo y con mucha notoriedad en América Latina.

El presente dossier tiene como objetivo contribuir a los debates en torno al estado que guarda la justicia postransicional, así como el desarrollo de las políticas públicas hacia el pasado en al menos siete países de la región: Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y México, pero también intenta exponer algunos aportes teóricos que permitan profundizar en el estudio de un tema con muchísimas aristas como éste. Todos los trabajos aquí presentados han sido recientemente publicados en la revista América Latina Hoy (núm. 61, agosto 2012) que edita el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

El trabajo de Elin Skaar parte de un cuestionamiento muy concreto con el que se intenta discernir si la independencia judicial en sí misma puede explicar la justicia postransicional. El argumento que guía este artículo insiste en que las reformas constitucionales han permitido que los jueces sean más propensos a perseguir a los represores en la medida en que gozan de la independencia que en el momento de las transiciones no tenían, pero además porque el nuevo clima de la institución judicial favorece a que los jueces afines con las causas de derechos humanos no tengan tantos problemas para acoger estas demandas.

Luis Roniger, concentra su análisis en estudiar el peso de los poderes institucionales y la sociedad civil en la definición de las políticas de la memoria en el Uruguay; una lucha no sin pocas tensiones sobre todo por los efectos del Pacto del Club Naval y la ratificación popular en un par de ocasiones de la Ley de Caducidad de la Acción Punitiva del Estado. Por su parte, Silvia Dutrénit Bielous se detiene en el papel que ha jugado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los legados represivos de las décadas de 1970 y 1980 en Uruguay y en México. En su trabajo Dutrénit asegura que estos países, además de tener itinerarios distintos también guardan diferencias respecto a las violaciones de derechos humanos, no obstante ambos tienen en común que han sido sentenciados por esta Corte y sus reacciones oficiales merecen ser estudiadas.

Maria Rosaria Stabili nos ofrece un caso por demás singular: Paraguay. Bajo la expresión guaraní opareí, con la que se quiere indicar que algo termina en la nada, la autora intenta explicar las complejas y difíciles condiciones en la que ha tenido que transitar la justicia transicional y postransicional en este país sudamericano sumamente descuidado por parte de la academia. En el artículo Stabili llama la atención sobre las herencias del stronismo en la democracia paraguaya, el impacto que produjo el descubrimiento de los «Archivos del Terror», las particularidades y los resultados de la Comisión de Verdad y Justicia creada en 2003 y las reacciones de la clase política y el Poder Judicial en torno a las políticas de reparación y justicia propuestas por esta Comisión.

Trasladando el tema a Centroamérica, Elena Martínez Barahona, Martha Liliana Gutiérrez Salazar y Liliana Rincón explican, que a diferencia del Cono Sur latinoamericano, en esta región, y en concreto en Guatemala y El Salvador, al énfasis inicial de saber la verdad no le ha acompañado un esfuerzo por judicializar las violaciones ampliamente documentadas tras el fin de sus conflictos armados. En ese sentido, las autoras prestan su atención a la evolución y el papel que han jugado distintos actores en la puesta en marcha, o bien en la obstrucción a la justicia en estos países.

Por último, Juan Mario Solís Delgadillo explora las políticas de la memoria en Argentina y Chile; en él explica por qué los presidentes de estos países creen importante seguir generando políticas hacia el pasado. De acuerdo con esto, el autor trata de identificar qué factores político-institucionales o coyunturales inciden con más fuerza a la hora de tomar decisiones de esta naturaleza, a partir de la clasificación de las políticas de la memoria en tres bloques bien diferenciados: políticas de reparación, justicia y simbólicas. Esperamos que el resultado vertido en estas páginas sea provechoso para la comunidad académica que está interesada en los asuntos irresueltos de los pasados políticos latinoamericanos.

CV de los coordinadores

ELENA MARTINEZ BARAHONA

Doctora en Ciencia Política por el European University Institute (Florencia). Desde 2007 es Profesora en el Área de Ciencia Política e Investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

JUAN MARIO SOLÍS DELGADILLO.

Es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Es investigador del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, así como profesor invitado de El Colegio de San Luis A.C (México).