Juan Luis Besoky (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad Nacional de La Plata)

El objetivo de este Dossier es avanzar en la problematización y discusión de algunos aspectos de la violencia represiva durante el tercer gobierno peronista. En la definición de la historiadora Marina Franco el gobierno peronista de 1973-1976 constituyó un: “…entramado de prácticas políticas: algunas legales, otras cuya legalidad sólo procedimental se amparaba en la ‘excepcionalidad’ de la situación, otras clandestinas y otras de carácter intrapartidario confundidas con políticas de gobierno.”[1]. Esta multiplicidad de prácticas represivas nos obliga a ampliar y complejizar la mirada sobre el período. Por lo general, la violencia paraestatal durante esos años ha sido atribuida a la organización autodenominada Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y en particular a la figura del poderoso ministro de Bienestar Social José López Rega. Los trabajos reunidos en este dossier discuten con esa visión, profundizando en el análisis de la Triple A pero también atendiendo a otros actores cuya incidencia en el período fue soslayada o subsumida dentro de esta organización.

En este sentido, nuestro dossier reúne y hace discutir artículos que estudian el entramado represivo atendiendo a las políticas estatales y paraestatales que tendrían un carácter “vertical” en tanto implican el uso de la violencia por agentes estatales, pero también “horizontal” ejercida por organizaciones políticas del peronismo sobre otras de izquierda o de la sociedad civil en general. Este análisis busca también ampliar el alcance geográfico, usualmente restringido al área metropolitana, por una mirada más federal que dé cuenta del entramado represivo en otras regiones. Así buscamos evitar aquellas miradas “porteñocéntricas” que lo que suelen hacer es amplificar lógicas construidas estrictamente para la Capital Federa generalizándolas al resto del país.

Como bien nos recuerda Belén Zapata en uno de los artículos de este dossier: hablar sobre la “Triple A” solamente desde los parámetros que definieron su forma de operar en la Capital  hace que nos perdamos de pensar en las configuraciones de los grupos de choque en distintas localidades; en las conexiones regionales entre ellos; en el nivel de autonomía o no de sus operaciones; en la elección de sus víctimas; en su provisión de recursos y en sus relaciones con los diversos poderes políticos.

Por su parte, la ponenecia de Hernán Merele que inicia este Dossier, enfocada en el asesinato del militante peronista Tito Deleroni y su esposa Nélida Arana el 27 de noviembre de 1973, fue uno de los primeros trabajos en insistir con la necesidad de ampliar la mirada sobre el tercer peronismo. La difusión del llamado Documento Reservado de octubre de 1973, que convocaba a combatir la infiltración en el movimiento, daba cuenta de un tipo de violencia represiva que no podía ser reducida sin más a la Triple A. Con un enfoque extracéntrico y en una escala reducida, el asesinato de la pareja por parte de un militante de la derecha peronista, le permite a Merele reconstruir el complejo entramado represivo que articuló organismos estatales y paraestatales de seguridad con civiles cuya adscripción política se halla vinculada a los sectores más reaccionarios del movimiento. El autor logra reconstruir acabadamente la forma en que este entramado represivo se hallaba tejido en distintos niveles, sobrepasando al ámbito local, e instalado a escala provincial e incluso nacional.

Por otro lado, los artículos de Juan Iván Ladeuix y de Juan Luis Carnagui, se centran en el accionar represivo de la derecha peronista a través de la organización estudiantil Concentración Nacional Universitaria (CNU), en Mar del Plata y La Plata respectivamente, con el objetivo de reconstruir los vínculos establecidos con los poderes y organizaciones locales para el ejercicio de la violencia.

En el caso marplatense, Ladeuix sostiene que la CNU alcanzó mayores cuotas de poder político, articulando una alianza con sectores gremiales, facciones dentro del Partido Justicialista e influencia en el Poder Judicial local. Esta alianza, a la que el autor denomina complejo contrainsurgente, es prolijamente analizada, cuantificada y desagregada en una serie de agrupaciones responsables de la violencia paraestatal. A su vez, Ladeuix reconstruye la manera en que los miembros de la CNU, desde un primer momento, participaron activamente de la articulación y reorganización de la estructura partidaria del peronismo, establecieron vínculos con el sindicalismo y fueron parte activa de la represión universitaria, especialmente a partir del “proceso de depuración” desatado con el llamado Documento Reservado.

Ladeuix finaliza su artículo advirtiendo que si bien muchas veces se ha afirmado que la CNU era la pata de la Triple A en Marde Plata, en realidad el entramado parapolicial dirigido por López Rega no había extendido sus extremidades hasta la comunidad política marplatense. La CNU pudo obtener capacidades logísticas de dicha relación, pero bajo ningún punto de vista era una mera extensión del poder del esotérico ministro. Su poder se sustentaba en la combinación de un pavoroso talento para la violencia y en la capacidad de sus dirigentes para influenciar y dirigir a amplios sectores del peronismo, que fueron hábilmente utilizadas para hacerse del control de instituciones estatales (la Universidad y el Poder Judicial), recuperar la conducción del PJ e influenciar abiertamente a los sectores sindicales.

Para el caso de La Plata, Carnagui, además de reconstruir el origen platense de la CNU, encuentra que a partir de 1974 hay un ritmo creciente de acciones represivas, una avanzada también en la radicalidad en los modos en que estas se desarrollaban (con un claro correlato en el saldo de víctimas) y finalmente un  vínculo directo de los integrantes de la CNU con las instituciones de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido destaca la incorporación sistemática de militantes de la CNU a la estructura del estado bonaerense a comienzos de 1974, una vez que Victorio Calabró asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Un ámbito predilecto lo conformó el Hipódromo, puesto que allí coincidían intereses de la organización y del propio gobernador. Mientras la CNU buscaba disciplinar a un conjunto de trabajadores contestarios, en especial a la dirigencia gremial, el gobernador buscaba hacerse con los recursos de la caja del Hipódromo. Por fuera de la órbita provincial, la Universidad Nacional de La Plata fue otro bastión en el cual varios integrantes jugaron un rol protagónico. También fue activa la violencia paraestatal en la cercana localidad industrial de Ensenada en torno a las figuras combativas de Propulsora Siderúrgica y el Astillero Rio Santiago. Carnagui da por sentado que las posibilidades para operar con las que contaba la CNU solo eran posibles gracias a la connivencia de las fuerzas de seguridad y la inteligencia del Estado Provincial y de las Fuerzas Armadas.

El artículo de Belén Zapata se centra en la ciudad de Bahía Blanca en la cual, ya desde los primeros meses de 1974, se comenzaron a vivir hechos de violencia que tuvieron como víctimas a estudiantes y docentes universitarios, trabajadores, delegados obreros y militantes de izquierda y del peronismo de izquierda. Su trabajo, anclado en esta mirada local le permite advertir que, fuera de la esfera capitalina de Buenos Aires, también hubo otras instituciones estatales que funcionaron como enclaves organizacionales y de aprovisionamiento de recursos y logística para las tareas “antisubversivas” de los grupos de choque. Estos tenían sus anclajes en instituciones como la intervenida Universidad Nacional del Sur (UNS) o la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional, cuando ambas instituciones eran dirigidas por figuras políticas de la derecha y del peronismo ortodoxo. Estas fueron, por un lado, el interventor de la universidad desde febrero de 1975, el rumano filo fascista Dionisio Remus Tetu y por el otro, Rodolfo Ponce, diputado nacional y uno de los principales impulsores de la “depuración” interna del movimiento peronista. Zapata destaca que, hacia principios de 1975, algunos de los miembros de la patota que respondía a la CGT de Rodolfo Ponce y que ya habían intervenido en la UTN local en tareas represivas, fueron contratados como “personal de vigilancia” de la UNS por el rector Remus Tetu.

El papel destacado en la represión por parte de este personaje vuelve a aparecer en el artículo de Pablo Scatizza enfocado en la violencia estatal y paraestal en la Norpatagonia. Los primeros registros de violencia para el período peronista datan de marzo de 1974, cuando comenzaron a ejecutarse una serie de actos intimidatorios que el periodismo local adjudicó a fuerzas peronistas de derecha y ligadas a López Rega. Scatizza enfatiza el papel fundamental que tuvo el desembarco de Remus Tetu en diciembre de 1974, como interventor de la Universidad del Comahue, impuesto desde el Ministerio de Educación que desde agosto del año anterior había quedado en manos de Oscar Ivanisevich. Desde ambas universidades: Comahue y Bahía Blanca, el interventor coordinaría las fuerzas represivas. Así lo señala Scatizza basándose en las declaraciones de un ex comisario, quien asistió a las reuniones de la Comunidad Informativa, y de la cual participaron todas las fuerzas de seguridad de la región bajo la presidencia de Remus Tetu. En esa reunión, Tetu les habría informado a los presentes que se “iban a incorporar a la vida neuquina, nueve hombres que pertenecían a la Triple A” y que iban a venir a realizar las acciones que correspondieran en la zona de Neuquén. Además, se señalaba que el dinero que iba a necesitar esa fuerza iba a ser solventado por el jefe de la policía de Río Negro y por la Universidad y que al parecer algunas autoridades neuquinas también aportarían.

El artículo de Laura Rodríguez Agüero indaga cómo se manifestó el carácter internacional de la represión y la idea de aniquilación del enemigo interno en Mendoza, partiendo de la hipótesis de que la misma adquirió proporciones inusitadas debido a su carácter de provincia de frontera y su cercanía con Chile, en un momento de articulación de redes represivas en el Cono Sur. En Mendoza, la violencia paraestatal fue llevada a cabo por el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) y por el Comando Moralizador Pío XII, ambas organizaciones muy ligadas a la policía provincial a cargo del vicecomodoro Julio César Santuccione, cuya designación fue responsabilidad de López Rega, quien lo nombró desde Buenos Aires el 29 de octubre de 1974.

El CAM ya había entrado en escena un mes antes con la que realización de varios atentados en los cuales comenzó a delinearse la lógica represiva de las patotas de Santuccione. Las víctimas son personas ligadas a la izquierda en general (marxista, peronista, partidaria, gremial) ciudadanos chilenos y organizaciones de ayuda a exiliados, así como de instituciones religiosas no católicas. Agüero encuentra además que la violencia ejercida también se dirigió a otro tipo de víctimas y cuya responsabilidad fue del Comando Pío XII, quien irrumpió oficialmente en la escena pública, en el mes de mayo de 1975. Las operaciones llevadas a cabo por este último Comando incluían, además de los atentados con bombas a clubes nocturnos, el asesinato de mujeres en situación prostitución y proxenetas.

El último artículo del dossier, recupera el trabajo de Melisa Paiaro quien intenta desentrañar el asesinato de nueve estudiantes universitarios en la ciudad de Córdoba el 5 de diciembre de 1975. Este crimen fue el tercer hecho perpetrado por miembros del Comando Libertadores de América (CLA) cuya aparición en la escena pública databa de fines de 1975, momento en el que se agudiza la represión ilegal en la provincia a través de la acción conjunta del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército y personal del Departamento de Informaciones D2 de la policía provincial. Casi un año antes de su conformación, el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, había enviado a Córdoba al Capitán Héctor Pedro Vergéz quien, junto a Telleldín, serían los jefes del CLA.

Advierte Paiaro que si bien este Comando fue conocido como la versión cordobesa de la Triple A por la similitud de sus objetivos, entre ambas organizaciones existieron sustanciales diferencias. Mientras que las Tres A tenían mayor autonomía operativa en relación con las Fuerzas Armadas y más dependencia del poder político, el CLA actuaba bajo las órdenes emanadas del Tercer Cuerpo de Ejército, en tanto estaba a su frente un militar. Esta última fue una organización sofisticada, en la que se plasmó el ingreso activo del ejército en la represión clandestina. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes de distintos centros clandestinos, la integraba el ala más recalcitrante de laderecha nacionalista militar, un numeroso grupo de policías y varios civiles.

Esperamos y creemos que la reunión de estos artículos sea un aporte para seguir interrogando críticamente en un período complejo (el tercer gobierno peronista), probematizando sobre diferentes aspectos de la violencia represiva y clandestina sin las que no es posible comprenderse el terrorismo de Estado.

Textos seleccionados para el Dossier:

Merele, Hernán (2013). “La ‘depuración’ ideológica del peronismo en el partido de General Sarmiento, 1973-1976. Una aproximación a partir del asesinato de Antonio Tito Deleroni”. En: Primeras Jornadas de Historia Reciente del Conurbano Bonaerense Norte y Noroeste, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2013.  Recuperado de:  http://www.ungs.edu.ar/ms_idh/wp-content/uploads/2014/02/5-PONENCIA-MERELE.pdf.

Ladeuix, Juan Iván (2021). “Sindicatos, Partido, Universidad y Poder Judicial: El papel de las derechas peronistas en la configuración de un complejo contrainsurgente. Mar del Plata 1970-1976”.  En: Cuadernos de Marte, Año 12(21). Recuperado de: http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte

Carnagui, Juan Luis (2020). “Radicalización política en el campo de la derecha: La Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la represión paraestatal en el Gran La Plata antes del Golpe de Estado”. En: Contenciosa, (10). Recuperado de: https://doi.org/10.14409/rc.v0i10.9070

Zapata, Ana Belén (2015). “Pensar la escalada de violencia y la violencia en escalas. Entramados de la “lucha antisubversiva” pre-dictatorial. Bahía Blanca, 1974/1976”. En: Avances del Cesor (12). Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5635595.pdf

Scatizza, Pablo (2016).  “Represión  ‘antisubversiva’  en  la  Norpatagonia. Estrategias estatales y paraestatales de per-secución política en Neuquén y Río Negro (1973-1976)”. En: Papeles de Trabajo, 10(17). Recuperado de: https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/papdetrab/article/view/665/603

Rodriguez Aguero, Laura (2014). “Centralización de la represión, violencia paraestatal y redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”. En: Sociohistórica, (33). Recuperado de: https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2014n33a02

Paiaro, Melisa (2016). “Exhibir el terror. El Comando Libertadores de América: Entre el asesinato político y la restauración de la honra.Córdoba a 40 años del golpe”. En: Solis; Ponza (Comp.) Estudios de la dictadura en clave local. Córdoba a 40 años del Golpe: estudios de la dictadura en clave local, Córdoba: Editorial FFyH UNC. 

[1] Franco, Marina (2012). Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p. 179.

Luciana Messina (IIT-CONICET/UBA) y Dolores San Julián (IGEO-FFyL-UBA)

Este dossier se propone ofrecer al lector/a un conjunto de aproximaciones teóricas para el abordaje de las relaciones entre los lugares, las políticas y las memorias ligadas a pasados signados por la represión estatal y otros acontecimientos de violencia extrema. Dentro del campo de estudios sobre memoria social, una línea de investigación que se ha consolidado en los últimos años se centra en problematizar los modos en que las sociedades inscriben, simbólica y materialmente, dentro del espacio público, las memorias que construyen sobre esas experiencias de violencia; y, más específicamente, los procesos de construcción de marcas y lugares de la memoria.

Los trabajos aquí seleccionados constituyen piedras angulares para pensar e investigar en este campo de estudios. Se trata, por ello, de textos necesarios para quien se aventure a indagar fenómenos sociales que involucren la hechura de políticas y lugares de la memoria. Cada uno de ellos, con sus especificidades y enfoques singulares, propone ideas fundantes y novedosas que inauguraron modos de abordar esta cuestión tanto a nivel teórico-conceptual como de investigación y análisis de casos empíricos en el marco de procesos históricos concretos.

Un punto de partida posible para el análisis de dichos fenómenos supone que los procesos de marcación de lugares de represión y violencia política se constituyen en el entrecruzamiento de las memorias de la política con las políticas de la memoria, es decir, en una relación singular entre los recuerdos que se construyen sobre el pasado político y las estrategias a través de las cuales distintos actores del Estado y de la sociedad civil motorizan y gestionan intervenciones y prácticas para lidiar con él. Desde esta perspectiva, Besse (2019) explora las condiciones históricas de posibilidad de las políticas de la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina. Parte de considerar los niveles en los que se despliegan dichas políticas (como procesos sociales, como acción institucional, y como revisión crítica de narraciones que crean y estabilizan sentidos sobre el pasado) y aventura sugerentes conjeturas en torno a la singularidad del caso argentino.

Un concepto clásico de los estudios sobre memoria social, y que ha sido fundante de los análisis sobre los procesos de lugarización de la memoria, es aquel acuñado por Pierre Nora en la década de 1980 para pensar los modos de inscripción social de la memoria nacional francesa. Así, propuso hablar de lieux de mémoire para referirse a aquellas realidades históricas donde la memoria se cristaliza, sus puntos de fijación más significativos, los lugares donde la misma encuentra anclaje. Con pluma lúcida y precisa el trabajo de Allier Montaño (2008) advierte sobre el uso acrítico de este concepto y revisa sus límites y potencialidades para el análisis de procesos memoriales ligados a experiencias de represión estatal y violencia política. Como sostiene la autora, el problema de la exportabilidad del concepto refiere no sólo a las posibilidades de uso en contextos diferentes del francés, sino también, y más aún en el caso de América Latina, a su pertinencia para el análisis de lugares vinculados a pasados recientes, cuya actualidad en el presente se constata no sólo en la multiplicidad de acciones y emprendimientos memoriales, sino también en los encendidos debates y polémicas que generan. En este sentido, frente a la afirmación de Nora de que los lugares de memoria emergen cuando ya no hay memoria, Allier Montaño propone pensar en lugares que surgen de la efervescencia del recuerdo más que de su agotamiento, en tanto las memorias de esos pasados cercanos, conflictivos y “calientes” están aún en reconstrucción e implican luchas de sentido al interior de las sociedades. Por tanto, si bien resulta imprescindible recuperar esta herramienta teórica a la hora de analizar las estrategias y modos de marcación de la memoria, no es menos cierto que su uso extrapolado requiere del ejercicio de precauciones teórico-metodológicas que nos dispongan a tratarlo, más que como un mero concepto aislado, en tanto el núcleo de una perspectiva historiográfica específica que realza la dimensión simbólica de los objetos en estudio y se orienta hacia la reconstrucción de su formación y representación en el tiempo.

En el análisis de las memorias surgidas de los procesos represivos transitados en el Cono Sur americano, dos conceptos pioneros y claves que han puesto el foco sobre el carácter político y conflictivo de los lugares de memoria han sido el de “marcas territoriales” y el de “territorios de memoria”. Jelin y Langland (2003) describen las marcas territoriales como inscripciones físicas, locales y localizables sobre espacios vividos, transitados y significativos para una comunidad, resultado de procesos sociales y políticos impulsados por “emprendedores de memoria” y atravesados tanto por luchas (a nivel de los actores, de las palabras y de los símbolos) como por las dificultades y límites en la representación del pasado. Las marcas territoriales constituyen “vehículos de memoria” tanto porque soportan como porque transportan y proyectan sentidos sobre el pasado, pero a condición de tener en cuenta que la apertura semántica que las constituye las convierte simultáneamente en superficies de confrontación, de expresión de la conflictividad entre narrativas, y por ello, en indicadores del estado del debate sobre el pasado. Da Silva Catela (2001), por su parte, propone el concepto “territorios de memoria” –noción menos unitaria y sustantiva que los lieux de Nora- para dar cuenta del entretejido material e inmaterial, físico y simbólico, donde se ponen en relación las marcas de la memoria y las prácticas sociales que las producen y resignifican, configurando nuevas cartografías urbanas. Marcas y territorios de la memoria son producidos en el marco de pugnas entre una pluralidad de actores con diversas legitimidades e intereses en juego. En ambas nociones opera un supuesto teórico común: la idea de lucha entre memorias, que se dan tanto a nivel de las prácticas como de los discursos sobre el pasado. Se trata de conceptos que ponen el acento sobre la dimensión política –y, por tanto, conflictiva, contingente e histórica– que asume la espacialización de la memoria. Atender esta dimensión supone interrogar cómo se expresa y singulariza la politicidad en la construcción de marcas y territorios de la memoria.

El espacio resulta un componente clave en los procesos de memorialización: sea como marco social, anclaje material, receptáculo, soporte y/o vehículo, constituye un elemento activo en la significación y representación del pasado, así como en la configuración de memorias. En relación a esto, Schindel (2009) advierte la gran diversificación del “lenguaje espacial de la memoria” y provee una cantidad de ejemplos que dan cuenta de la heterogeneidad de los modos de plasmar el recuerdo sobre los pasados violentos en el paisaje urbano latinoamericano. Según la autora, esta variedad de intervenciones juega un papel fundamental a la hora de inscribir la memoria en el espacio público y evitar reducirla a su expresión en museos, sitios y otros emprendimientos acotados. Ahora bien, en la construcción de este paisaje memorial urbano participan actores sociales igualmente heterogéneos, no sólo aquellos directamente comprometidos en el desarrollo de iniciativas de memoria. Al respecto, Vecchioli (2014) analiza la intervención de lo que llama “expertos urbanos” (urbanistas, arquitectos, planificadores urbanos, etc.) en la creación de espacios de memoria sobre la última dictadura militar en Argentina. Centrándose en el análisis de un caso de estudio, el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, la autora muestra de qué manera estos actores encargados de planificar y gestionar la ciudad, guiados por otras lógicas y universos de significación, también inciden en la producción de lugares de recuerdo sobre el pasado reciente.

Por último, los trabajos de Fleury y Walter y de Feld se enfocan en el análisis de sitios de memoria donde ocurrieron masacres, detenciones y/o desapariciones forzadas, desde una perspectiva que enfatiza en la historicidad de estos espacios memoriales, en la necesidad de comprender sus transformaciones materiales y simbólicas, así como también en los cambios que atraviesan las prácticas, los discursos y las relaciones entre los actores que intervienen en esos procesos de marcación. Basándose en la experiencia de diversos países europeos, Fleury y Walter (2011) proponen analizar estos sitios desde un modelo teórico centrado en lo que denominan “proceso social de calificación”. Este proceso involucra tres operaciones que no siguen un orden cronológico e, incluso, pueden yuxtaponerse: 1) las prácticas vinculadas a instalar una marca en un lugar (calificar), 2) las prácticas asociadas a borrar y/o desactivar esa marca (descalificar), 3) las prácticas que reinscriben la marca, pero con nuevos sentidos y objetivos (recalificar). Se trata de prácticas atravesadas por debates, luchas y conflictos entre diferentes actores sociales, individuales y colectivos, gubernamentales y no gubernamentales que contribuyen a la construcción de estos espacios en términos simbólicos. Según los autores, las prácticas de calificación, descalificación y recalificación no se restringen a las que tienen lugar en los sitios mismos o a las que son impulsadas por los “emprendedores de la memoria”, sino que incluyen otras acciones llevadas a cabo por otros actores sociales, incluso por fuera de los sitios: la producción y circulación de testimonios sobre ellos, el trabajo de los historiadores y otros investigadores sociales, la difusión en los medios de imágenes relativas a ellos, su inclusión en las guías de turismo, etc. Por su parte, Feld (2017) reconstruye históricamente los distintos momentos memoriales de un sitio que se ha tornado emblemático para la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina: la ex ESMA, espacio donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la última dictadura militar. Observando lo sucedido en tres coyunturas históricas y memoriales específicas analiza los debates suscitados en torno a los usos y funciones proyectadas para el sitio, el valor memorial que se le ha asignado en cada uno de esos momentos y las distintas nociones de memoria puestas en juego por los actores involucrados en esas disputas. Como sostiene la autora, las políticas de memoria desarrolladas en la ex ESMA muestran algunas de las contradicciones que atraviesan este tipo de emprendimientos memoriales, tensionados entre la representación del pasado y su posibilidad de intervenir en el presente, entre su condición de huella y su potencial creativo, entre su conservación y su transformación, etc., características que hacen de estos sitios de memoria lugares dinámicos y abiertos en su significación, a la vez que los convierte en catalizadores de los debates sociales en torno a la memoria y a los modos en que las sociedades enfrentan los pasados de violencia.

Esperamos que este dossier contribuya a una mayor y más amplia difusión de trabajos que, desde diferentes latitudes y en base a distintas experiencias históricas, han iluminado aspectos novedosos y planteado dimensiones relevantes para el análisis de las políticas de la memoria y los procesos de marcación de lugares desarrollados en torno a pasados de represión y violencia extrema.

Textos seleccionados para el dossier:

–Allier Montaño, Eugenia (2008). Lugar de memoria: ¿un concepto para el análisis de las luchas memoriales? El caso de Uruguay y su pasado reciente. Cuadernos del CLAEH 96-97, Segunda Serie, 31, pp. 87-109. Recuperado de http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/article/view/19/27

–Besse, Juan (2019). Conjeturas acerca de las condiciones históricas de posibilidad de las políticas de la memoria sobre el terrorismo de Estado: la singularidad argentina. En Juan Besse y Cora Escolar (eds.), Políticas y Lugares de la memoria. Figuras epistémicas, escrituras, inscripciones sobre el terrorismo de Estado en Argentina (pp. 17-43). Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

–Da Silva Catela, Ludmila (2001). Territorios de memoria. En Ludmila da Silva Catela, No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos (pp. 159-220). La Plata: Al Margen.

–Feld, Claudia (2017). Preservar, recuperar, ocupar. Controversias memoriales en torno a la ex-ESMA (1998-2013). Revista Colombiana de Sociología, 40 (1), pp. 101-131. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/61955/58264

–Fleury, Béatrice y Walter, Jacques (2011). De los lugares de sufrimiento a su memoria (Trad.: Antonia García Castro). En Béatrice Fleury y Jacques Walter, Memorias de la piedra. Ensayos en torno a lugares de detención y masacre (pp. 21-43). Buenos Aires: Ejercitar la Memoria Editores.

–Jelin, Elizabeth y Langland, Victoria (2003). Introducción: Las marcas territoriales como nexo entre pasado y presente. En Elizabeth Jelin y Victoria Langland, Monumentos, memoriales y marcas territoriales (pp. 1-18). Madrid: Siglo XXI.

–Schindel, Estela (2009). Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano. Política y cultura, 31, pp. 65-87. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n31/n31a5.pdf

–Vecchioli, Virginia (2014). La monumentalización de la ciudad: los sitios de memoria como espacios de intervención experta de los hacedores de ciudad. Estudios sociales contemporáneos, 10, pp. 33-44. Recuperado de https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6429/04-vecchiole-esc10-14.pdf

Gabriela Águila (ISHIR-CONICET / UNR)

La represión estatal y paraestatal que atravesó los años 70 y tuvo su máximo y brutal despliegue en el contexto de la última dictadura militar, constituye un tema relevante en los estudios académicos sobre la historia reciente argentina. Sin embargo, y más allá de su significación como problemática convocante para los investigadores que se ocupan del pasado más cercano, referir a la represión y a sus efectos sociales remite a dimensiones que desbordan las fronteras del mundo académico.

Así, durante más de tres décadas, las demandas de memoria, verdad y justicia vinculadas a los crímenes cometidos por las fuerzas represivas en los años dictatoriales sostuvieron las acciones del movimiento de derechos humanos y, en un plano muy cercano, impulsaron recorridos judiciales no exentos de avances y retrocesos, que se centraron en la investigación de esos delitos y la punición a sus perpetradores. En directa relación con ello, ésta ha sido la principal dimensión sobre la que se configuró la memoria social dominante sobre aquellos años, evidenciando que el ejercicio de la represión y sus correlatos sociales constituye la conexión más visible entre aquel pasado atravesado por las masivas violaciones a los derechos humanos y el presente.

En tal sentido, referir a la represión estatal y paraestatal –y más en general a la violencia política de los años 70– requiere dar cuenta de una problemática compleja sobre la que existen registros, relatos, representaciones y memorias diversas, así como una “verdad histórica” sobre los crímenes de lesa humanidad, probada en los estrados judiciales a lo largo y ancho del país, que inciden y tensionan el campo de estudios específico. No es, ni de lejos –y como sucede con otros temas de la historia reciente–, materia exclusiva de la investigación académica.

Por su parte, y si bien desde los años de la transición investigadores de diversas disciplinas se ocuparon de proveer estudios sobre la dictadura e interpretar la violencia política y represiva, solo recientemente se ha consolidado una línea de estudios que ha puesto el foco en el ejercicio de la represión estatal y paraestatal, adquiriendo carta de ciudadanía en el campo de la historia reciente y mostrando una importante vitalidad.^[1]

Estas indagaciones se han concentrado sobre ciertos temas y objetos de estudio, orientadas a cubrir áreas de vacancia, a dar cuenta de problemas de orden teórico-metodológico, a discutir las conceptualizaciones y a proponer nuevos abordajes sobre la problemática que complejizaran e introdujeran matices al conocimiento disponible sobre la represión y sus efectos sociales, en un proceso de renovación de las miradas que remite en parte al uso de fondos documentales hasta no hace mucho tiempo inaccesibles.

Los textos que componen este dossier constituyen un muestrario acotado de las investigaciones y aportes en la línea de estudios sobre la represión estatal y paraestatal en la historia reciente argentina. Los cruces y articulaciones existentes entre ellos son múltiples, ilustrando la riqueza de este ámbito de estudios y los fértiles intercambios que se vienen desarrollando.

El trabajo de Marina Franco se sitúa en uno de los debates centrales de esta línea de indagación, cual es el de la periodización del ejercicio de la violencia estatal en el siglo XX y en particular en su segunda mitad. Franco pone en debate la coyuntura del golpe de estado de 1976 como un parteaguas, señala continuidades y rupturas y analiza la especificidad del terror de estado en un contexto general de avances represivos, en una puntualización de preguntas y problemas que resultan claves para explicar el proceso represivo en particular y la historia reciente argentina en general.

En una dirección similar, y a la vez que se ha puesto el foco en el largo o mediano plazo, se vienen produciendo una serie de investigaciones cuyo objetivo es reconstruir y analizar en su singularidad la violencia política y represiva que antecedió a la última dictadura. Dos trabajos, los de Hernán Merele y Esteban Pontoriero, convergen en el estudio del interregno constitucional que va entre 1973 y 1976. Merele se centra en la depuración interna del peronismo y el proceso de violencia paraestatal que lo acompañó, una cuestión ampliamente conocida pero que el autor ilumina con nueva luz, al poner en suspenso interpretaciones muy difundidas sobre la Triple A y explorar en su especificidad las dinámicas de la coyuntura. Por su parte, Pontoriero aborda el estudio del principal actor represivo del período, las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército, reconstruyendo las bases doctrinarias y operativas diseñadas para hacer frente a la “subversión” y su articulación con la legislación de defensa y el marco jurídico-normativo que se estableció en el período y operó como condición de posibilidad para la intervención militar en la represión interna.

Centrado en los años iniciales de la dictadura de 1976-83, el trabajo de Santiago Garaño sobre la prisión política pone la atención en otro problema clave en esta línea de investigación: el que refiere a las articulaciones entre las dimensiones clandestinas y legales de la represión. Su estudio revela los modos en los que se vieron involucradas agencias e instituciones estatales, como las cárceles, que actuaban según normativas, leyes y decretos emanados del poder estatal, que se enlazaron con las prácticas clandestinas, ilegales y/o para-legales que caracterizaron al accionar represivo durante la última dictadura, en un abordaje que revela la inconveniencia de miradas dicotómicas para dar cuenta de dichas dinámicas.

Otra dimensión central en los nuevos trabajos sobre la represión tiene que ver con la atención hacia el problema de las escalas de análisis. En particular, el dispar conocimiento de los mapas locales y regionales de la represión ha alentado el desarrollo de un conjunto de investigaciones situadas a escala local-regional sobre el ejercicio y las dinámicas represivas. Estos trabajos han achicado el foco del análisis hacia el despliegue de la violencia estatal en ámbitos territoriales específicos, sin perder de vista la necesidad de establecer diálogos con lo producido para otros espacios o con la “historia nacional”, y contribuyendo a complejizar el conocimiento sobre la represión implementada en distintas escalas y contextos.

En esta línea, mi contribución plantea una serie de problemas que vertebran los estudios sobre la represión, explora las continuidades y rupturas entre la dictadura y los años precedentes, los dispositivos utilizados y los circuitos represivos y el problema de las escalas de análisis, poniendo especial atención en las dinámicas regionales y locales, en las modalidades específicas del accionar represivo y las variaciones registradas en distintos espacios territoriales. Por su parte, y en una perspectiva afín, Pablo Scatizza centra su estudio en las tramas represivas desplegadas en un área relativamente marginal (una “zona fría”) en el plan represivo de las Fuerzas Armadas, la Norpatagonia, explorando tanto la inserción de las fuerzas represivas en una estrategia coordinada a escala nacional como los grados de autonomía operativa y funcional que se evidenciaron en dicho ámbito. Finalmente, el estudio de Ivonne Barragán y Ana Belén Zapata pone en diálogo dos estudios de caso, situados a escala regional y local, introduciendo unas claves de análisis cuya articulación resulta novedosa: por un lado, estudian el rol de la Armada en el despliegue represivo, por otro, vuelven sobre el problema la represión hacia la clase obrera, si bien poniendo el foco en un sector productivo específico, las empresas militares-estatales, y en el proceso de disciplinamiento y represalia hacia sus colectivos de trabajadores.

El dossier se cierra con un artículo de Valeria Manzano, que estudia la relación entre drogas y seguridad nacional en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo se ocupa de una temática a primera vista alejada del objeto de este dossier, pero que sin dudas aporta sugerentes entradas al estudio de las dinámicas estatales en el período de mayor intensidad represiva: la definición ampliada de la “seguridad nacional” en un contexto de radicalización política y social, las continuidades y rupturas en el ejercicio represivo entre dictaduras y democracias, la escalada represiva en la coyuntura de mediados de los años 70, el rol de agencias represivas estatales como la policía, entre otros problemas que vienen ocupando un lugar medular en la línea de estudios sobre la represión estatal y paraestatal.

Textos seleccionados para el dossier:

Franco, Marina (2012). Pensar la violencia estatal en la Argentina del siglo XX. Lucha Armada en la Argentina, Año 8, Anuario 2012, pp. 20-31.

Merele, Hernán (2016). El germen genera sus propios anticuerpos”. La “depuración” interna peronista y el proceso represivo entre 1973-1976, inédito.

Pontoriero, Esteban (2016). «Preparativos de guerra»: Ejército, doctrina antisubversiva y planes represivos en los orígenes el terror de Estado, 1973-1976. Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 5, nº 10, pp. 319-339. Recuperado de http://ruhm.es/index.php/RUHM/article/view/226/197.

Garaño, Santiago. (2009).Pabellones de la muerte: los límites difusos entre la represión legal y la clandestina. Entrepasados, nro. 34, pp. 33-53.

Águila, Gabriela (2013). La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales. En Gabriela Águila y Luciano Alonso (comps.), Procesos represivos y actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur (97-121). Buenos Aires: Prometeo.

Barragán, Ivonne y Zapata, Ana Belén (2015). Dictadura militar y represión a la clase trabajadora. La Armada Argentina, marco doctrinario y operaciones represivas en perspectiva regional para los casos de Ensenada y Bahía Blanca. Diacronie. Studi di Storia Contemporanea: Le dittature militari: fisionomia ed eredità politica, N. 24, 4. Recuperado de http://www.studistorici.com/2015/12/29/barragan-zapata_numero_24/

Scatizza, Pablo (2015). Un Comahue no tan frío. La Norpatagonia argentina en el proyecto represivo de la dictadura militar (1975-1983). Izquierdas, nº 23. Recuperado de http://www.izquierdas.cl/ediciones/2015/numero-23-abril

Manzano, Valeria (2015). The Creation of a Social Problem: Youth Cultures, Drugs, and Politics in Cold War Argentina. Hispanic American Historical Review, 95: 1, pp. 37-69.

[1] La constitución de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER) en 2014 (https://redestudiosrepresion.wordpress.com), la realización de jornadas y mesas temáticas en congresos de la especialidad y la publicación de un libro colectivo para el 40º aniversario del golpe de Estado sobre estas problemáticas, son indicativas de tales derivas historiográficas. Ver Gabriela ÁGUILA, Santiago GARAÑO y Pablo SCATIZZA (coords.), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina: nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado, La Plata, Ediciones FaHCE, Universidad Nacional de La Plata, 2016, http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63

En la última década, los estudios en torno a la última dictadura militar se han multiplicado, fructificando en un número muy grande de tesis, artículos y libros. Se trata a la vez de un área de conocimiento hasta hace no mucho tiempo relativamente inexplorada y de una temática fuertemente atravesada por las demandas sociales de verdad y justicia y enormemente sensible desde el punto de vista político y cultural.
A medida que las afirmaciones más generales y abstractas fueron cediendo paso – o al menos resultaron complementadas o matizadas – al producto de un gran número de investigaciones monográficas, el conocimiento del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se tornó más complejo. Investigaciones dedicadas a la lógica económica de la dictadura o a las características de la estructura del Estado y de las Fuerzas Armadas en el período mostraron la imposibilidad de sostener la existencia de un proyecto único que trascendiera el despliegue del terrorismo de estado; los trabajos sobre la reconfiguración de la burocracia en los distintos niveles del estado demuestran marcados niveles de continuidad con períodos previos, y hasta la periodización misma que enmarca el comienzo y fin del período ha sido puesta en cuestión por aquellos que estudian el despliegue represivo en el mediano plazo y las zonas grises entre legalidad e ilegalidad.
En este contexto, nuevas preguntas han orientado a un conjunto no menor de investigaciones que han indagado menos en las conductas de los grupos dirigentes de distinto nivel que entre lo que se ha denominado la “gente corriente”, y menos en busca de totales complicidades con el régimen o resistencias absolutas, que de una gama de actitudes complejas y no pocas veces contradictorias. Con enfoques no pocas veces inspirados en estudios acerca de las sociedades europeas bajo regímenes dictatoriales -entre los que han resultado muy influyentes autores como Kershaw, Mason, Saz, Burrin, Passerini, o el propio De Felice – los estudios sobre actitudes sociales se han comenzado a desarrollar en nuestra historiografía de un modo aún incipiente, intentando reintegrar la complejidad al análisis a través de estudios que intentan integrar una multiplicidad de dimensiones y una mayor atención a las no pocas veces contradictorias motivaciones de los actores-
Este dossier se compone de siete textos que participan de este esfuerzo colectivo de comprensión de un pasado que, no por horrorosa resulta inexplicable. El de Gabriela Águila, “Violencia política, represión y actitudes sociales en la historia argentina reciente”, recorre de manera crítica la historiografía reciente sobre esos temas, señalando la necesidad de multiplicar los estudios que den cuenta de una heterogeneidad social que resiste toda simplificación o generalización excesiva.
Tres trabajos analizan el mundo de los trabajadores, a través de miradas definitivamente separadas de toda simplificación dicotómica. El de Daniel Dicósimo analiza una serie de conflictos laborales desarrollados entre 1976 y 1983, conceptualizados a partir de la compleja relación entre consentimiento y conflicto, resultado de la adaptación a las específicas condiciones de trabajo desarrolladas en aquel período de la obediencia condicionada de los trabajadores. Eleonora Bretal coteja las muy distintas percepciones sobre el pasado dictatorial de trabajadores industriales con pasados militantes en la izquierda y de aquellos que “no estaban metidos en nada”, destacándose que para estos, el establecimiento de la dictadura no significó un corte significativo, con lo que la violencia estatal y los procesos de disciplinamiento pudieron no haber significado cambios sustanciales en ciertas dimensiones de su experiencia cotidiana, más visibles y tangibles, en los lugares de trabajo y de residencia. Algunos de estos ex-obreros explicaron su postura de “no estar metidos en nada” a partir de valores propios de la cultura del trabajo como el esfuerzo, la dedicación en las actividades laborales diarias, o ganar el sustento familiar con el dinero resultado de la labor cotidiana, mientras mostraron como opuestos a los valores de la cultura del trabajo el activismo político y/o gremial. Esta modalidad de economía moral de este grupo de trabajadores resulta una explicación convincente, que se aleja de interpretaciones centradas puramente en la esfera de las afinidades y enfrentamientos exclusivamente políticos. En su contribución, fundada sobre un estado de la cuestión de la producción académica sobre los trabajadores bajo la dictadura, Victoria Basualdo critica las miradas dicotómicas que enfrentan tajantemente las posiciones de resistencia y de pasividad, que suelen además vincular esos términos con los de oposición política a la dictadura, en el primer caso, y con indiferencia o incluso apoyo, en el segundo. Sostiene en cambio que, coexistieron a lo largo del período la inmovilidad y el movimiento de la clase trabajadora, que asumieron distintos significados y que fueron variando a lo largo del período, de acuerdo con los contextos geográficos y con las concepciones de cada sector de la clase trabajadora.
En “Las fuentes de oposición exiliar y el estudio de las actitudes sociales durante el último gobierno militar (1976-1979)”, Silvina Jensen explorara las potencialidades de las fuentes producidas en el exilio para abordar las relaciones entre régimen castrense y sociedad civil entre el golpe de estado de marzo de 1976 y la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas de la OEA en septiembre de 1979, a través del examen de los modos en que dos organizaciones – CADHU y COSOFAM – consideraron las mencionadas relaciones entre régimen castrense y sociedad civil en aquellos años.
También referida a la temática exilar, la contribución de Marina Franco en “Algunas reflexiones en torno al acto de exilio en el pasado reciente argentino” presenta una interpretación acerca de los sentidos que acarrea la consideración de los exiliados como víctimas puras. La autora presenta en contraste una concepción que los postula como actores que contaron con un margen de acción que – aunque restringido –les devuelve a los fines analíticos la capacidad de agencia, y poder pensar por tanto que el exilio fue una actitud posible frente a la dictadura y no una imposición ineludible.
Por último, Luciano Alonso recurre en “Defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras regresivas. Los casos de Argentina y Uruguay en perspectiva comparada” a dicha estrategia para comprender la especificidad de esas organizaciones en cada caso nacional, a través de un ejercicio de sociología histórica en el que las claves de índole política, las referidas a los regímenes de violencia y a las escalas geográficas y demográficas resultan las variables explicativas fundamentales.

Textos