Dossier. Aportes para repensar el entramado represivo en el tercer gobierno peronista 1973-1976

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ISSN sección Dossier 2618-415x

Juan Luis Besoky (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad Nacional de La Plata)

El objetivo de este Dossier es avanzar en la problematización y discusión de algunos aspectos de la violencia represiva durante el tercer gobierno peronista. En la definición de la historiadora Marina Franco el gobierno peronista de 1973-1976 constituyó un: “…entramado de prácticas políticas: algunas legales, otras cuya legalidad sólo procedimental se amparaba en la ‘excepcionalidad’ de la situación, otras clandestinas y otras de carácter intrapartidario confundidas con políticas de gobierno.”[1]. Esta multiplicidad de prácticas represivas nos obliga a ampliar y complejizar la mirada sobre el período. Por lo general, la violencia paraestatal durante esos años ha sido atribuida a la organización autodenominada Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y en particular a la figura del poderoso ministro de Bienestar Social José López Rega. Los trabajos reunidos en este dossier discuten con esa visión, profundizando en el análisis de la Triple A pero también atendiendo a otros actores cuya incidencia en el período fue soslayada o subsumida dentro de esta organización.

En este sentido, nuestro dossier reúne y hace discutir artículos que estudian el entramado represivo atendiendo a las políticas estatales y paraestatales que tendrían un carácter “vertical” en tanto implican el uso de la violencia por agentes estatales, pero también “horizontal” ejercida por organizaciones políticas del peronismo sobre otras de izquierda o de la sociedad civil en general. Este análisis busca también ampliar el alcance geográfico, usualmente restringido al área metropolitana, por una mirada más federal que dé cuenta del entramado represivo en otras regiones. Así buscamos evitar aquellas miradas “porteñocéntricas” que lo que suelen hacer es amplificar lógicas construidas estrictamente para la Capital Federa generalizándolas al resto del país.

Como bien nos recuerda Belén Zapata en uno de los artículos de este dossier: hablar sobre la “Triple A” solamente desde los parámetros que definieron su forma de operar en la Capital  hace que nos perdamos de pensar en las configuraciones de los grupos de choque en distintas localidades; en las conexiones regionales entre ellos; en el nivel de autonomía o no de sus operaciones; en la elección de sus víctimas; en su provisión de recursos y en sus relaciones con los diversos poderes políticos.

Por su parte, la ponenecia de Hernán Merele que inicia este Dossier, enfocada en el asesinato del militante peronista Tito Deleroni y su esposa Nélida Arana el 27 de noviembre de 1973, fue uno de los primeros trabajos en insistir con la necesidad de ampliar la mirada sobre el tercer peronismo. La difusión del llamado Documento Reservado de octubre de 1973, que convocaba a combatir la infiltración en el movimiento, daba cuenta de un tipo de violencia represiva que no podía ser reducida sin más a la Triple A. Con un enfoque extracéntrico y en una escala reducida, el asesinato de la pareja por parte de un militante de la derecha peronista, le permite a Merele reconstruir el complejo entramado represivo que articuló organismos estatales y paraestatales de seguridad con civiles cuya adscripción política se halla vinculada a los sectores más reaccionarios del movimiento. El autor logra reconstruir acabadamente la forma en que este entramado represivo se hallaba tejido en distintos niveles, sobrepasando al ámbito local, e instalado a escala provincial e incluso nacional.

Por otro lado, los artículos de Juan Iván Ladeuix y de Juan Luis Carnagui, se centran en el accionar represivo de la derecha peronista a través de la organización estudiantil Concentración Nacional Universitaria (CNU), en Mar del Plata y La Plata respectivamente, con el objetivo de reconstruir los vínculos establecidos con los poderes y organizaciones locales para el ejercicio de la violencia.

En el caso marplatense, Ladeuix sostiene que la CNU alcanzó mayores cuotas de poder político, articulando una alianza con sectores gremiales, facciones dentro del Partido Justicialista e influencia en el Poder Judicial local. Esta alianza, a la que el autor denomina complejo contrainsurgente, es prolijamente analizada, cuantificada y desagregada en una serie de agrupaciones responsables de la violencia paraestatal. A su vez, Ladeuix reconstruye la manera en que los miembros de la CNU, desde un primer momento, participaron activamente de la articulación y reorganización de la estructura partidaria del peronismo, establecieron vínculos con el sindicalismo y fueron parte activa de la represión universitaria, especialmente a partir del “proceso de depuración” desatado con el llamado Documento Reservado.

Ladeuix finaliza su artículo advirtiendo que si bien muchas veces se ha afirmado que la CNU era la pata de la Triple A en Marde Plata, en realidad el entramado parapolicial dirigido por López Rega no había extendido sus extremidades hasta la comunidad política marplatense. La CNU pudo obtener capacidades logísticas de dicha relación, pero bajo ningún punto de vista era una mera extensión del poder del esotérico ministro. Su poder se sustentaba en la combinación de un pavoroso talento para la violencia y en la capacidad de sus dirigentes para influenciar y dirigir a amplios sectores del peronismo, que fueron hábilmente utilizadas para hacerse del control de instituciones estatales (la Universidad y el Poder Judicial), recuperar la conducción del PJ e influenciar abiertamente a los sectores sindicales.

Para el caso de La Plata, Carnagui, además de reconstruir el origen platense de la CNU, encuentra que a partir de 1974 hay un ritmo creciente de acciones represivas, una avanzada también en la radicalidad en los modos en que estas se desarrollaban (con un claro correlato en el saldo de víctimas) y finalmente un  vínculo directo de los integrantes de la CNU con las instituciones de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido destaca la incorporación sistemática de militantes de la CNU a la estructura del estado bonaerense a comienzos de 1974, una vez que Victorio Calabró asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Un ámbito predilecto lo conformó el Hipódromo, puesto que allí coincidían intereses de la organización y del propio gobernador. Mientras la CNU buscaba disciplinar a un conjunto de trabajadores contestarios, en especial a la dirigencia gremial, el gobernador buscaba hacerse con los recursos de la caja del Hipódromo. Por fuera de la órbita provincial, la Universidad Nacional de La Plata fue otro bastión en el cual varios integrantes jugaron un rol protagónico. También fue activa la violencia paraestatal en la cercana localidad industrial de Ensenada en torno a las figuras combativas de Propulsora Siderúrgica y el Astillero Rio Santiago. Carnagui da por sentado que las posibilidades para operar con las que contaba la CNU solo eran posibles gracias a la connivencia de las fuerzas de seguridad y la inteligencia del Estado Provincial y de las Fuerzas Armadas.

El artículo de Belén Zapata se centra en la ciudad de Bahía Blanca en la cual, ya desde los primeros meses de 1974, se comenzaron a vivir hechos de violencia que tuvieron como víctimas a estudiantes y docentes universitarios, trabajadores, delegados obreros y militantes de izquierda y del peronismo de izquierda. Su trabajo, anclado en esta mirada local le permite advertir que, fuera de la esfera capitalina de Buenos Aires, también hubo otras instituciones estatales que funcionaron como enclaves organizacionales y de aprovisionamiento de recursos y logística para las tareas “antisubversivas” de los grupos de choque. Estos tenían sus anclajes en instituciones como la intervenida Universidad Nacional del Sur (UNS) o la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional, cuando ambas instituciones eran dirigidas por figuras políticas de la derecha y del peronismo ortodoxo. Estas fueron, por un lado, el interventor de la universidad desde febrero de 1975, el rumano filo fascista Dionisio Remus Tetu y por el otro, Rodolfo Ponce, diputado nacional y uno de los principales impulsores de la “depuración” interna del movimiento peronista. Zapata destaca que, hacia principios de 1975, algunos de los miembros de la patota que respondía a la CGT de Rodolfo Ponce y que ya habían intervenido en la UTN local en tareas represivas, fueron contratados como “personal de vigilancia” de la UNS por el rector Remus Tetu.

El papel destacado en la represión por parte de este personaje vuelve a aparecer en el artículo de Pablo Scatizza enfocado en la violencia estatal y paraestal en la Norpatagonia. Los primeros registros de violencia para el período peronista datan de marzo de 1974, cuando comenzaron a ejecutarse una serie de actos intimidatorios que el periodismo local adjudicó a fuerzas peronistas de derecha y ligadas a López Rega. Scatizza enfatiza el papel fundamental que tuvo el desembarco de Remus Tetu en diciembre de 1974, como interventor de la Universidad del Comahue, impuesto desde el Ministerio de Educación que desde agosto del año anterior había quedado en manos de Oscar Ivanisevich. Desde ambas universidades: Comahue y Bahía Blanca, el interventor coordinaría las fuerzas represivas. Así lo señala Scatizza basándose en las declaraciones de un ex comisario, quien asistió a las reuniones de la Comunidad Informativa, y de la cual participaron todas las fuerzas de seguridad de la región bajo la presidencia de Remus Tetu. En esa reunión, Tetu les habría informado a los presentes que se “iban a incorporar a la vida neuquina, nueve hombres que pertenecían a la Triple A” y que iban a venir a realizar las acciones que correspondieran en la zona de Neuquén. Además, se señalaba que el dinero que iba a necesitar esa fuerza iba a ser solventado por el jefe de la policía de Río Negro y por la Universidad y que al parecer algunas autoridades neuquinas también aportarían.

El artículo de Laura Rodríguez Agüero indaga cómo se manifestó el carácter internacional de la represión y la idea de aniquilación del enemigo interno en Mendoza, partiendo de la hipótesis de que la misma adquirió proporciones inusitadas debido a su carácter de provincia de frontera y su cercanía con Chile, en un momento de articulación de redes represivas en el Cono Sur. En Mendoza, la violencia paraestatal fue llevada a cabo por el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) y por el Comando Moralizador Pío XII, ambas organizaciones muy ligadas a la policía provincial a cargo del vicecomodoro Julio César Santuccione, cuya designación fue responsabilidad de López Rega, quien lo nombró desde Buenos Aires el 29 de octubre de 1974.

El CAM ya había entrado en escena un mes antes con la que realización de varios atentados en los cuales comenzó a delinearse la lógica represiva de las patotas de Santuccione. Las víctimas son personas ligadas a la izquierda en general (marxista, peronista, partidaria, gremial) ciudadanos chilenos y organizaciones de ayuda a exiliados, así como de instituciones religiosas no católicas. Agüero encuentra además que la violencia ejercida también se dirigió a otro tipo de víctimas y cuya responsabilidad fue del Comando Pío XII, quien irrumpió oficialmente en la escena pública, en el mes de mayo de 1975. Las operaciones llevadas a cabo por este último Comando incluían, además de los atentados con bombas a clubes nocturnos, el asesinato de mujeres en situación prostitución y proxenetas.

El último artículo del dossier, recupera el trabajo de Melisa Paiaro quien intenta desentrañar el asesinato de nueve estudiantes universitarios en la ciudad de Córdoba el 5 de diciembre de 1975. Este crimen fue el tercer hecho perpetrado por miembros del Comando Libertadores de América (CLA) cuya aparición en la escena pública databa de fines de 1975, momento en el que se agudiza la represión ilegal en la provincia a través de la acción conjunta del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército y personal del Departamento de Informaciones D2 de la policía provincial. Casi un año antes de su conformación, el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, había enviado a Córdoba al Capitán Héctor Pedro Vergéz quien, junto a Telleldín, serían los jefes del CLA.

Advierte Paiaro que si bien este Comando fue conocido como la versión cordobesa de la Triple A por la similitud de sus objetivos, entre ambas organizaciones existieron sustanciales diferencias. Mientras que las Tres A tenían mayor autonomía operativa en relación con las Fuerzas Armadas y más dependencia del poder político, el CLA actuaba bajo las órdenes emanadas del Tercer Cuerpo de Ejército, en tanto estaba a su frente un militar. Esta última fue una organización sofisticada, en la que se plasmó el ingreso activo del ejército en la represión clandestina. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes de distintos centros clandestinos, la integraba el ala más recalcitrante de laderecha nacionalista militar, un numeroso grupo de policías y varios civiles.

Esperamos y creemos que la reunión de estos artículos sea un aporte para seguir interrogando críticamente en un período complejo (el tercer gobierno peronista), probematizando sobre diferentes aspectos de la violencia represiva y clandestina sin las que no es posible comprenderse el terrorismo de Estado.

Textos seleccionados para el Dossier:

Merele, Hernán (2013). “La ‘depuración’ ideológica del peronismo en el partido de General Sarmiento, 1973-1976. Una aproximación a partir del asesinato de Antonio Tito Deleroni”. En: Primeras Jornadas de Historia Reciente del Conurbano Bonaerense Norte y Noroeste, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2013.  Recuperado de:  http://www.ungs.edu.ar/ms_idh/wp-content/uploads/2014/02/5-PONENCIA-MERELE.pdf.

Ladeuix, Juan Iván (2021). “Sindicatos, Partido, Universidad y Poder Judicial: El papel de las derechas peronistas en la configuración de un complejo contrainsurgente. Mar del Plata 1970-1976”.  En: Cuadernos de Marte, Año 12(21). Recuperado de: http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte

Carnagui, Juan Luis (2020). “Radicalización política en el campo de la derecha: La Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la represión paraestatal en el Gran La Plata antes del Golpe de Estado”. En: Contenciosa, (10). Recuperado de: https://doi.org/10.14409/rc.v0i10.9070

Zapata, Ana Belén (2015). “Pensar la escalada de violencia y la violencia en escalas. Entramados de la “lucha antisubversiva” pre-dictatorial. Bahía Blanca, 1974/1976”. En: Avances del Cesor (12). Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5635595.pdf

Scatizza, Pablo (2016).  “Represión  ‘antisubversiva’  en  la  Norpatagonia. Estrategias estatales y paraestatales de per-secución política en Neuquén y Río Negro (1973-1976)”. En: Papeles de Trabajo, 10(17). Recuperado de: https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/papdetrab/article/view/665/603

Rodriguez Aguero, Laura (2014). “Centralización de la represión, violencia paraestatal y redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”. En: Sociohistórica, (33). Recuperado de: https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2014n33a02

Paiaro, Melisa (2016). “Exhibir el terror. El Comando Libertadores de América: Entre el asesinato político y la restauración de la honra.Córdoba a 40 años del golpe”. En: Solis; Ponza (Comp.) Estudios de la dictadura en clave local. Córdoba a 40 años del Golpe: estudios de la dictadura en clave local, Córdoba: Editorial FFyH UNC. 


[1] Franco, Marina (2012). Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p. 179.