La “inseguridad” se instaló en la agenda pública en la última década del siglo XX y desde entonces se consolidó como un tema central tanto en la cobertura de los medios masivos de comunicación como en las conversaciones cotidianas. En Argentina, la extensión del sentimiento de inseguridad fue antecedida por un incremento de los delitos durante los años noventa, que llegó a duplicar los indicadores de los delitos denunciados en la década anterior. Esta temporalidad ha propiciado la superposición y confusión de estos dos fenómenos y su análisis como una secuencia lineal de causa y efecto. Sin embargo, los analistas de distintas disciplinas coinciden en destacar que la inseguridad no puede reducirse a este aumento estadístico, sino que involucra dimensiones políticas, económicas y culturales, que merecen estudios y políticas específicas. En esa dirección avanzan los artículos que pasamos a presentar.

El dossier inicia con un trabajo de Daniel Míguez y Alejandro Isla, que fue publicado originalmente en el año 2003, en el que se problematiza la explicación, entonces hegemónica, que veía el incremento del delito y la violencia como una consecuencia de la crisis económica. Frente a esta tesis, los autores proponen una conceptualización compleja en la cual la violencia emerge tanto de los procesos de exclusión económica y social, como de las intervenciones y omisiones del Estado, fundamentalmente de las agencias del sistema punitivo. En esta descripción, la violencia se retroalimenta tanto de las acciones de estigmatización y represión policiales y judiciales como del involucramiento de los actores estatales en la gestión del delito. Ambos procesos, operan degradando la capacidad del estado de encarnar consensos normativos y vulnerando su potencia material y simbólica de encarnar la legalidad. A partir del concepto de estado transgresor el trabajo plantea una serie de debates y tensiones que continúan teniendo vigencia a la hora de pensar el papel del estado en la construcción del problema de la inseguridad.

En segundo lugar, los trabajos de Gabriel Kessler y Alejandra Otamendi abordan la llamada dimensión subjetiva de la inseguridad, a partir del diálogo con los resultados de investigaciones cuantitativas y cualitativas que enfocan en los sentimientos, percepciones y opiniones movilizadas por este problema. Rechazando el planteo reduccionista que concibe a las emociones como meras reacciones o consecuencias frente a hechos “objetivos”, Gabriel Kessler señala que la extensión del sentimiento de inseguridad en Argentina produjo grandes transformaciones tanto en los imaginarios como en las prácticas sociales. Su artículo describe los cambios operados en el plano de los relatos y los sentimientos, así como también en la emergencia de prácticas de clasificación y evitación de ciertos grupos sociales y etarios, fundamentalmente, los jóvenes varones pobres. El autor destaca los efectos en términos de discriminación y restricción de derechos de estas nuevas modalidades y retoma una pregunta fundamental tal cual es la relación entre la extensión del sentimiento de inseguridad y el avance del autoritarismo. En sintonía, Alejandra Otamendi explora el llamado “consenso punitivo” que se esgrime como causa y legitimación de las políticas de mano dura, a partir del análisis de encuestas de victimización y de opinión. Los análisis de la autora afirman que no existe una relación directa entre la generalización de la preocupación por el delito, las experiencias de victimización y el apoyo a medidas como la pena de muerte y la baja en la edad de imputabilidad, pero sí una permanente tensión que se juega en el plano de las propuestas políticas y la construcción de demandas.

Esteban Rodríguez problematiza el papel de uno de los vértices del supuesto consenso punitivo: los medios masivos de comunicación. Lo hace a partir de una conceptualización que se aleja tanto de la idea de transparencia como de la ideología de la manipulación. Su trabajo puntualiza en el papel del periodismo en la construcción de escenarios del miedo, destacando la necesaria imbricación de los discursos mediáticos en el sentido común. Su trabajo, al igual que el de Mercedes Calzado, avanzan en la presentación de un nuevo actor sobre cuyo contorno se construyen las narrativas de la inseguridad: las víctimas del delito. El artículo de Calzado se detiene en caracterizar la trama organizativa de las distintas asociaciones y grupos, señala la diversidad de relatos y activismos, poniendo en primer plano el modo en que estos nuevos actores tensionan y complejizan los relatos públicos sobre el estado, la violencia y el castigo.

El dossier cierra con un trabajo que aborda un tema tan central como poco analizado: el desarrollo de la seguridad privada en Argentina. Federico Lorenc Valcarce describe la consolidación de este mercado, que se expande en la última década del siglo XX. El autor señala que este proceso debe entenderse en el marco de una tendencia general hacia la mercantilización de la vida social y como un producto de transformación en el espacio urbano y en los procesos de organización del trabajo y la comercialización. A través del riguroso análisis de evidencias empíricas rechaza las afirmaciones más comunes en esta materia, como la que afirma que el crecimiento del mercado de la seguridad privada ha devenido en un proceso de “privatización de la seguridad pública”. Por el contrario, destaca cómo este mercado se orienta a la provisión de servicios y tareas que no son las tradicionalmente cubiertas por las policías tradicionales, que incluso, se han expandido y diversificado en las últimas décadas. De este modo, lejos de cuestionar el monopolio de la fuerza por parte del estado, la seguridad privada forma parte del proceso de reconfiguración de los espacios públicos.

Textos seleccionados para el dossier

Hasta hace poco menos de una década, quien se interrogaba sobre el pasado de cuestiones como la transgresión de la ley, las instituciones judiciales, la policía o la prisión, tenía ante sí un repertorio desalentador. Las opciones oscilaban entre la gran teoría inspirada en casos europeos, una historia del derecho anclada en interrogantes dogmáticos desinteresados de los contextos sociales, un corpus de efemérides laudatorias producido por las instituciones estudiadas, y datos dispersos provenientes de escritos testimoniales. Las mediaciones y la conexión entre estos registros tan dispares eran escasísimas. Cualquiera fuera el tipo de exploración elegido, las alternativas estaban determinadas, además, por las preguntas que imponía un pasado aun reciente –en otras palabras, por los interrogantes sobre el origen de la maquinaria del terror desatado en la década de 1970. Aunque esto sigue siendo así, aquella situación contrasta con la que se desprende del presente dossier.

En los últimos años, en efecto, un floreciente campo de estudios históricos ha abordado incisivamente temas como la evolución del delito, el desarrollo del conocimiento (médico, criminológico) del delincuente, la modernización y profesionalización de las instituciones del orden y el castigo (en particular, la policía y la prisión), la emergencia de grupos de expertos que produjeron saberes específicos e instituciones de encierro y tratamiento, la circulación transnacional de esos saberes, entre otros.

Por razones que se vinculan con el contexto demográfico, el crecimiento económico, la expansión urbana y la construcción del estado nacional, el marco cronológico de estos estudios ha estado concentrado en los procesos que van de 1870 a 1910. Por las mismas razones, los interrogantes iniciales convergieron en el caso de la ciudad de Buenos Aires, polo de preocupaciones en torno a la “cuestión social”, y centro de desarrollo científico e institucional para el tratamiento y la reflexión sobre el fenómeno delictivo. (Afortunadamente, investigaciones actuales están avanzando a las décadas centrales del siglo XX, y se multiplican los estudios sobre casos provinciales y territorianos, que pronto permitirá una visión más equilibrada del panorama nacional.)

Los artículos aquí reunidos ofrecen una muestra de los rumbos principales de las investigaciones históricas del delito, la policía y la prisión en la Argentina. Por supuesto, están muy lejos de constituir un corpus exhaustivo, en la medida en que este campo se ha expandido (y se sigue expandiendo) aceleradamente, con el desarrollo de ramas cada vez más específicas, ligadas a la historia social, a la historia del derecho, a la de la ciencia y las disciplinas, a la de la formación del estado, las instituciones de seguridad, etc. En este sentido, se propone aquí simplemente ilustrar vertientes de la reflexión, tal como se planteó en la última década.

La selección comienza con trabajos sobre el papel de la criminología positivista en el marco de la “cuestión social”. Máximo Sozzo, ofrece un análisis de los postulados teóricos de esta ciencia, observa sus inflexiones internas, y diferencia los aportes de los autores argentinos principales. Ricardo Salvatore, por su parte, se interesa en el vínculo entre criminología y reforma de la prisión moderna, enfatizando la preocupación de las elites gobernantes en relación a la disciplina laboral de las clases subalternas. En su análisis del famoso caso de Carmen Guillot (1914), Julieta Di Corleto se ocupa del abordaje de la criminología positivista en relación al crimen femenino, iluminando el entrelazamiento entre nociones científicas y morales de culpa y transgresión.

El estudio de Mercedes García Ferrari sobre la labor de Juan Vucetich incursiona en otra vertiente de saberes técnico-científicos: aquella que, con origen en la policía, se concentraban en el desarrollo de técnicas de identificación de individuos – una cuestión clave en el marco de las inmigraciones atlánticas. Como muestra el trabajo, la eficacia del método dactiloscópico ideado por este policía de la Provincia de Buenos Aires le permitió, en el largo plazo, un extraordinario protagonismo en los escenario transnacionales de la ciencia.

Una dimensión muy diferente de la policía es la que ofrecen Diego Galeano y Osvaldo Barreneche, en un trabajo de síntesis de los sucesivos intentos de reforma de las instituciones policiales argentinas. Desde sus comienzos, en efecto, la policía fue concebida como una institución a reformar (en los estándares profesionales y técnicos, en el recorte de sus funciones, en la moral de los policías, etc.). La perspectiva larga de estos intentos dibuja campos de intervención reformista, a la vez que confirma la larga resistencia de esta institución a los intentos por modificarla. . Por su parte, Viviana Barry analiza uno de los momentos fundamentales en este proceso: aquel que, liderado por figuras fuertes como Ramón Falcón, procuró crear una policía moderna y eficiente para una ciudad de Buenos Aires en pleno crecimiento.

El dossier cierra con dos trabajos que se concentran en dimensiones históricas de las prácticas delictivas urbanas. El texto de Diego Galeano analiza el desafío de detección que un tipo singular de delincuente –el “viajero”, propio de la era de las circulaciones transatlánticas– planteó a las policías sudamericanas. Lila Caimari, por su parte, propone un análisis socio-económico y cultural de una variante posterior del delito, encarnada en la figura emblemática del “pistolero criollo” de los años 1920 y 1930.

Referencia de los textos