Dossier | La CONADEP y las provincias. Comisiones investigadoras, justicia y derechos humanos

Marianela Scocco (ISHIR-CONICET/UNR)  y Carol Solis (CIFFYH- SECYT/UNC)

En los años ochenta y noventa, luego de los graves hechos represivos cometidos por las dictaduras del Cono Sur en América Latina, surgieron en muchos países comisiones investigadoras que fueron conocidas como Comisiones de Verdad. Resultaron denominadas así porque su principal objetivo no era la justicia sino la paz, ya que no tenían poder de juzgar sino solamente de investigar y, de hecho, con excepción de Argentina, en el resto de los países estos crímenes no fueron juzgados. En este marco trasnacional, el caso argentino resulta entonces clave. En ese sentido, este dossier recupera una serie de textos que analizan casos de comisiones investigadoras locales y provinciales de Argentina, con geografías diferentes (Tucumán, Córdoba, Rosario, Río Negro y Bahía Blanca) y protagonistas variados (abogados, militantes, sobrevivientes y clase política).

Las primeras medidas del gobierno de Raúl Alfonsín, elegido democráticamente tras el colapso de la dictadura militar (1976-1983), se centraron en torno a la posibilidad de investigar y juzgar los crímenes cometidos por aquélla. Como sostienen Feld y Franco,[1] el problema de la justicia fue central en el periodo, ya que ni siquiera para los organismos de derechos humanos estaba claro qué podía o debía constituir el castigo por las violaciones a los derechos humanos. Al problema de la justicia se le anteponía el de la investigación acerca de lo sucedido; quiénes serían los responsables juzgados por dichos crímenes y, sobre todo, dónde estaban los desaparecidos. Para ello, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que sería la encargada de indagar sobre los crímenes cometidos por la dictadura respecto de la desaparición de personas.

Con la CONADEP Alfonsín impulsó el modelo de una “comisión de personalidades”. La propuesta alternativa a nivel nacional era la formación de una comisión bicameral legislativa, promovida por ciertos organismos, principalmente por Madres de Plaza de Mayo. Argumentaban que la contundencia de los resultados de una investigación parlamentaria podría imponer la necesidad de un castigo, ya que tendría facultades para tomar declaración indagatoria a presuntos responsables.

Esta discusión se trasladó a las provincias, que debatieron sobre la creación de comisiones provinciales y si las mismas debían ser delegaciones de la CONADEP o comisiones bicamerales legislativas. Algunas provincias como Tucumán, Chaco, Misiones y Neuquén atendieron el reclamo de los organismos y propiciaron desde las cámaras legislativas sus propias comisiones investigadoras.^[2] En Río Negro se creó la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH), expresión rionegrina de la CONADEP y, al igual que en La Rioja, fue establecida por iniciativa del Poder Ejecutivo, invitando a los legisladores a formar parte del espacio. En Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata y Bahía Blanca, como en otras ciudades, se crearon delegaciones locales de la CONADEP a semejanza de la nacional.

Todas estas comisiones realizaron sus propios informes y algunos permanecieron inéditos, mientras que otros fueron publicados. Considerando esta diversidad, reconstruir el debate político respecto a si se conformarían comisiones bicamerales o delegaciones de la CONADEP -e incluso examinar el accionar y los avatares de cada una de ellas durante su funcionamiento- permite analizar cómo incidieron las tramas locales partidarias y las configuraciones del propio movimiento de derechos humanos en los diferentes espacios, así como las negociaciones, consensos y disputas en torno a cada una de las alternativas.

Este dossier reúne artículos de investigadores de diferentes lugares del país, que desde hace poco más de una década han ampliado los estudios sobre el movimiento de derechos humanos y los procesos de investigación y justicia originados por fuera de la Capital Federal y la ciudad de La Plata. Especialmente aquellos que han estudiado los casos en que se crearon comisiones provinciales, atendiendo a las continuidades así como a las rupturas con la CONADEP y otros espacios regionales.

Inicia el dossier una revisión de Emilio Crenzel respecto de los aportes y sentidos del funcionamiento de la CONADEP en 1984, que se convirtió en un modelo para diversas Comisiones de la Verdad constituidas en América Latina. El autor reconstruye las condiciones que definieron su creación en los albores de la posdictadura y su inclusión en cierto modelo de justicia que el gobierno de Alfonsín definió. Expone también las derivas del apoyo de los organismos de derechos humanos y las discusiones internas y los acuerdos tácitos que se dieron en la Comisión. Destaca las inspecciones en ex Centros Clandestinos de Detención (CCD), la centralización de las denuncias realizadas y la importancia de las delegaciones en el interior para acrecentar el acervo testimonial. Finalmente analiza los resultados principales que obtuvo la CONADEP, al derrumbar el monopolio de la interpretación de los perpetradores y realizar un pronunciamiento oficial que legitimó las denuncias.

Teniendo en cuenta el planteo de Crenzel, las tres siguientes contribuciones analizan las comisiones que se crearon como delegaciones locales de la CONADEP. En tal sentido, vale la pena recoger el artículo de Marianela Scocco que retoma la discusión sobre cómo debía ser la comisión investigadora en la provincia de Santa Fe. Así, reconstruye los distintos posicionamientos de los organismos de derechos humanos y de los partidos políticos en su conformación final como Delegación Santa Fe de la CONADEP y su subdivisión entre las zonas norte y sur. Luego, la autora se interesa por abordar su accionar en la zona sur (en torno a la ciudad de Rosario). Destaca no sólo la tarea que desarrolló de recopilación de testimonios, sino el carácter público que tomó dicha información a partir de la difusión que propició, especialmente, la prensa escrita. Pero el hecho más significativo fue el hallazgo de importantes archivos documentales relacionados con los servicios de inteligencia de la dictadura, que luego fueron hurtados en lo que se conoció como el Robo a Tribunales, experiencia única en el país. Por último, el artículo trabaja sobre el informe final de dicha delegación y como todo ese material fue utilizado en el Juicio a las Juntas.

En la misma línea, el artículo de Cristian Rama sobre la delegación local de la CONADEP en Bahía Blanca, pone especial atención en la participación de los sobrevivientes de los CCD para la investigación y la configuración del informe final. El autor también analiza la conformación de los organismos locales de derechos humanos y su rol en la recopilación de información en el periodo inicial de la investigación, que confluyó en un nuevo escenario para la reconstrucción del plan represivo a nivel regional y en la formación de la delegación local. Uno de los problemas que tuvo esta comisión, identificado en el trabajo, fue la dificultad para la obtención de datos de víctimas o testigos directos de la represión.

Por su parte, en Córdoba ocurrieron tanto el debate por la posible conformación de una comisión parlamentaria bicameral propuesto por el peronismo como el funcionamiento, en simultáneo, de la Delegación local de la CONADEP, avalado por el radicalismo. La ponencia de Carol Solis reconstruye parte de ese episodio de contienda política en las arenas legislativas focalizando el debate que antecedió al rechazo a la bicameral, cuando diputados discutió el Informe parcial enviado por la delegación local de CONADEP. El análisis de esta coyuntura legislativa expone algunas estrategias del oficialismo y la oposición para legitimar sus posiciones, así como el contenido mismo del informe que ilumina la trama de verdades que se iban conociendo sobre las modalidades, escenarios y el impacto del terror de Estado en la provincia, las tareas investigativas y las denuncias emprendidas junto a las redes que su acción generó a nivel local. Ello permite trazar una mirada más compleja de las agencias, sujetos y colectivos que se comprometieron con la acción de la delegación en el territorio provincial.

Experiencias disímiles fueron los casos de la bicameral de Tucumán y de la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH) de Río Negro examinadas respectivamente por Rubén Kotler y Ayelén Mereb. El artículo de Kotler aborda el contenido del Informe elaborado por la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, promovida por el gobierno justicialista, que fue producido como resultado de su actuación en 1984. Su análisis le permite trazar las coordenadas de enunciación respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia -que “le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la institución centro clandestino de detención” según el Informe- como el marco de lectura de esas violencias, introduciendo lecturas críticas sobre sus límites y contradicciones internas. Se detiene particularmente en los usos del pasado y su interpretación de la violencia política, las características de la represión y su modalidad escalonada, las pruebas reunidas y los testimonios y la retórica enmarcada en los derechos humanos.

Por su parte, Ayelén Mereb analiza el caso de la provincia de Río Negro con la CPDH que, a su vez, se constituyó con el trabajo coordinado de tres delegaciones: Alto Valle, Atlántica y Andina, sobre la que se centra la autora. El artículo reconstruye esa experiencia, para luego poner el foco en El Bolsón a fin de identificar algunas variables que gravitaron en la imposibilidad de anclaje local de lo denunciado. Se advierte así una diferencia sustancial con otros casos, como el de Rosario, ya que Mereb sostiene que la falta de publicidad oficial impidió que el pueblo rionegrino pudiera apropiarse de la información recabada por la comisión.

Con sus diferencias y especificidades, estos procesos compartieron un marco general y presentaron varios elementos significativos de similitud en lo que se refiere al tema que aquí abordamos. Todas estas comisiones tuvieron en común haber participado de las discusiones en torno a su fundación, estar integradas en su mayoría por militantes de los organismos de derechos humanos locales y haber realizado tareas similares. Entre estas últimas se evidenciaron, además de la recepción de denuncias y recolección de testimonios, las inspecciones a ex CCD; los intentos por obtener las nóminas del personal de las fuerzas que actuaron en la represión en cada lugar; la búsqueda de archivos y documentos oficiales; la realización de un informe final; entre otras. También tuvieron problemas comunes, por ejemplo, precisamente por sus características regionales les resultó difícil determinar la localidad donde habían sido secuestrados los represaliados y, por consiguiente, quiénes debían ser contabilizados: los efectivamente denunciados como ocurridos en cada ciudad o también los que se produjeron en otras localidades, aunque sus denuncias las recibiera esa delegación. Este tema sigue estando vigente al momento de confeccionar listas de desaparecidos en cada ciudad del país. De igual modo, y retomando el plano general, las diversas experiencias aquí incluidas ayudaron a desplegar solidaridades locales y aportaron a las condiciones de escucha, a legitimar a los actores locales y a implicar a diferentes agencias y actores en el tratamiento de las demandas de verdad y justicia.

Textos seleccionados para el dossier:

Crenzel, Emilio (2014). “La CONADEP treinta años después. La investigación sobre las desapariciones forzadas en la Argentina”. Revista Derechos Humanos, 4, pp. 3-25. Recuperado de: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf140093-crenzel-conadep_treinta_anos_despues.htm

Scocco, Marianela (2015). “De la denuncia a la (in)justicia. Rosario: de la delegación Santa Fe de la CONADEP a los indultos (1983-1990)”. Revista Argirópolis, 1, pp. 39-60. Recuperado de: https://iehpa.files.wordpress.com/2016/03/marianela-scocco-de-la-denuncia-a-la.pdf

Rama, Cristian (2019). “La CONADEP en Bahía Blanca. Un acercamiento al funcionamiento de la comisión y a las posibilidades y límites en los niveles de participación de las/os sobrevivientes de los centros clandestinos de detención”. Historia Regional, 40, pp. 1-15. Recuperado de: http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/291

Solis, Carol (2017). “El Informe de la CONADEP Delegación Córdoba a los diputados. Contienda política y arenas legislativas en la posdictadura”. V Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Córdoba, 23 al 25 de noviembre de 2017.

Kotler, Rubén (2007). “Análisis del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983)”. Prohistoria, 11, pp. 29-47. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/3801/380135838002.pdf

Mereb, Ayelén (2017). “La investigación de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. La experiencia de la Comisión de Derechos Humanos de Río Negro”. Identidades, 7, pp. 98-119. Recuperado de: https://iidentidadess.files.wordpress.com/2018/08/06-identidades-13-7-2017.pdf

[1] Feld, Claudia y Franco, Marina (2015a). “Introducción”. En Feld, Claudia y Franco, Marina Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura, pp. 9-22. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

[2] Brysk incluye en esta lista de provincias que formaron comisiones legislativas a Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires, que en diciembre de 1983, estableció una comisión provincial bicameral permanente. Brysk, Alison (1994). La Política de Derechos Humanos en Argentina Protesta, Cambio y Democratización. Stanford University Press. Traducción: Isabel Inguanzo Ortiz.

ISSN sección Dossier 2618-415x

Dossier. Violencia de Estado, burocracias y activismo de los derechos humanos: Aportes de la Antropología Social al estudio del pasado reciente dictatorial argentino

Santiago Garaño (CONICET/UNTREF)

María José Sarrabayrouse Oliveira (CONICET/UBA)

En Argentina, desde el retorno de la democracia a la actualidad, la Antropología Social ha realizado aportes significativos al estudio del pasado reciente dictatorial, los procesos sociales de memoria y las luchas del activismo de los derechos humanos para obtener verdad y justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años. En función de ello, el presente dossier reúne un conjunto de artículos que analizan etnográfica e históricamente diversos casos de violencia de Estado, reflexionan sobre las estrategias jurídicas y políticas del activismo de los derechos humanos para denunciar/impugnar dicha violencia en la esfera pública y debaten sobre el funcionamiento de las burocracias, fundamentalmente en el contexto del pasado reciente. Como se podrá ver, los abordajes etnográficos se encuentran en el cruce entre la Antropología Política y Jurídica, los Estudios de Memoria y la Historia Reciente argentina, partiendo de un trabajo de campo no tradicional que supone, en varios casos, el trabajo con archivos y la lectura y análisis de documentos y expedientes judiciales, a fin de reconstruir largos procesos históricos y sociales.

Los trabajos aquí presentados se inscriben en una agenda de temas, problemas y objetos de investigación que han caracterizado a nuestra disciplina desde la post-dictadura y que han implicado abordar, desde un campo intelectual naciente, una serie de cuestiones centrales de la transición democrática: el activismo de los derechos humanos, la violación sistemática de los derechos humanos y las memorias de esas experiencias de represión política, así como las rupturas y continuidades entre regímenes dictatoriales y democráticos, especialmente en las Fuerzas Armadas y de seguridad y también en las instituciones judiciales.

Desde 2003 en adelante se ha producido una sinergia entre estas distintas líneas de investigación y una serie de procesos sociales y políticos que favorecieron notablemente su desarrollo. Por un lado, la reapertura de los juicios de lesa humanidad –impulsados tanto por la acción del Estado como por la labor desplegada por distintos organismos de derechos humanos– permitió avanzar en el juzgamiento a los responsables de las masivas violaciones a los derechos humanos. En forma paralela, diversas políticas públicas promovidas tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales y locales, se plasmaron en la creación de Archivos, Museos y Sitios de Memoria. Por otro lado, y de modo contemporáneo, se produjo una notable expansión del sistema científico-tecnológico y universitario, que nos ha permitido contar con una dedicación mayor a las tareas de investigación. Este campo de estudios se ha consolidado gracias al cruce de estas políticas públicas, y la mayoría de los artículos son el resultado de estos procesos. La publicación de este Dossier se da en un momento en que tanto las políticas de memoria y justicia como las de educación y ciencia son duramente golpeadas por la gestión de la Alianza Cambiemos.

Este campo de estudio presenta, asimismo, una fuerte articulación entre investigación, gestión y activismo. Es por ello que es posible afirmar que nuestra reflexión –y nuestra praxis política y académica– ha sido paralela, en parte, al desarrollo del movimiento de derechos humanos argentino. Esto se debe a que han sido el activismo y la movilización política los que, a través de creativas estrategias políticas y jurídicas, han puesto en la agenda pública una serie de conflictos sociales en clave de violación a los derechos humanos¹ y, gracias a la movilización, han convertido esos sucesos en “casos” paradigmáticos de represión estatal. En la mayoría de los casos estudiados, el análisis se ha efectuado a partir del trabajo desplegado por el activismo de distintos actores del movimiento de derechos humanos que –previamente o de manera contemporánea a la investigación– impugnaron y denunciaron aquellos crímenes de estado; iluminando, a su vez, las tramas locales de la represión política.

De hecho, algunos de los autores de este Dossier han sido/son actores fundamentales en la puesta en marcha de políticas públicas de la memoria, sus interpretaciones han permeado muy fuertemente el activismo de los derechos humanos, e incluso han declarado como “testigos de contexto” en juicios por delitos de lesa humanidad. En este sentido, los artículos aquí reunidos presentan la impronta de trabajos de investigación comprometidos con el campo de los derechos humanos y que buscan la incidencia en la agenda pública. De esta manera, el Dossier constituye también una reflexión sobre el rol que distintos cientistas sociales han jugado en la implementación de estas políticas públicas, su relación con el activismo en derechos humanos, así como con distintas oficinas e instituciones estatales. En función de lo antedicho, es posible afirmar que los artículos seleccionados ubican a sus autores traspasando lo que se conoce como antropología situacional², para ubicarlos, como sostiene Stavenhagen, en el lugar de “etnógrafos activistas”.

Un primer grupo de artículos, está conformado por los trabajos de Da Silva Catela y Garaño, quienes reflexionan sobre los desafíos que presenta el trabajo con archivos y documentos y las tensiones presentes a partir de las entrevistas y testimonios de los actores.

En su artículo “El mundo de los archivos”, publicado en el 2002 en el marco del Programa “Memorias de la Represión” (dirigido por Elizabeth Jelin), Ludmila Da Silva Catela sostiene al referirse a los archivos de la represión que, en la medida en que estos fueron elaborados, alimentados y mantenidos por personas, grupos e instituciones, hacer una etnografía de los mismos supone considerarlos, antes que como restos del pasado, como construcciones e instrumentos de clasificación del mundo de los agentes que los produjeron. Una etnografía de los archivos de la represión no puede pensar los documentos “sueltos”, desatendiendo la lógica clasificatoria de quien los ejecutó y clasificó, y los modos en que fueron construidas esas fuentes. Estos acervos, pensados como “territorios de memoria” a los que el investigador puede acceder, deben ser considerados como espacios a partir de los cuales se puede construir conocimiento atendiendo a las formas de organización, a las lógicas clasificatorias, a la ubicación de los espacios, y no solamente al documento en sí. La creencia de que allí está escondida “la verdad” sobre los años de la represión, muchas veces se ve traicionada ante la realidad de que estos “papeles” brindan información ya conocida a través de los relatos de las víctimas pero esta vez documentada “y por ende con mayor legitimidad, credibilidad y facultades para su uso como prueba judicial”. De allí la necesidad de analizar los contextos de producción, la historia de la deriva de los documentos hasta su selección y depósito en un acervo o centro de documentación; las reglas y guardianes que controlan el acceso al público; y, por último, los usos múltiples e incluso opuestos que se puede hacer de los mismos.

Por su parte, el trabajo de Santiago Garaño, originalmente publicado en 2009, analiza la historicidad de las memorias de la prisión política a partir del valor moral de la “resistencia”, que organizó la experiencia carcelaria de los detenidos políticos durante la vigencia del estado de sitio (1974-1983). En particular, plantea un contrapunto entre testimonios de ex presas y ex presos políticos y documentos partidarios (centralmente del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo y de Montoneros), que evidencia cómo este concepto estuvo atravesado por fuertes disputas entre distintos grupos políticos y mandatos partidarios, altamente estandarizados, sobre cómo evitar ser “destruidos” por las políticas carcelarias desplegadas por el personal penitenciario y militar contra el conjunto de los presos políticos. Para Garaño, el análisis de esos documentos –elaborados por prisioneros desde mediados de los años ’70– permite revelar prácticas y sentidos implícitos bajo el concepto de “resistencia” a las políticas de “aniquilamiento”, sentidos que son opacos cuando se toma la opción metodológica de realizar sólo entrevistas en profundidad a ex presas y presos políticos. En función de ello, el autor argumenta que, antes que meros recuerdos (elaborados desde el presente), los testimonios de ex prisioneros políticos anclan en una experiencia carcelaria fuertemente estandarizada y revelan mandatos partidarios, cuyas huellas podemos rastrear actualmente en las memorias.

Un segundo conjunto de trabajos está integrado por artículos que han puesto el énfasis en el análisis de expedientes y casos judiciales, tanto para la reconstrucción de determinadas lógicas y procedimientos, como para la indagación de las potencialidades de los mismos en el trabajo etnográfico.

En esta línea, María José Sarrabayrouse Oliveira, en un artículo publicado en el 2011 a partir del análisis de la Causa de la Morgue Judicial iniciada a fines de la última dictadura argentina, indaga sobre las diferentes explicaciones acerca de los procedimientos burocráticos brindadas por médicos y empleados de la Morgue Judicial en sus declaraciones testimoniales, así como sobre las múltiples marcas dejadas por las burocracias judiciales y estatales en su accionar cotidiano durante el terrorismo de Estado. El interés en estos elementos radica, por un lado, en que los mismos permiten entender la forma en que los organismos de derechos humanos fueron construyendo, a partir de estas huellas burocráticas, la “prueba jurídica” que permitió transformar el caso en causa judicial, pero también en que muestran aquello que los antropólogos buscamos develar tras las crípticas inscripciones de los expedientes judiciales: lógicas, relaciones, prácticas y comportamientos. Desde esta perspectiva de análisis, el poder judicial es visto no sólo como un campo heterogéneo en su composición interna, sino como una arena de disputa en la cual se libraron múltiples batallas, tanto en regímenes democráticos como dictatoriales.

Por su parte, Carla Villalta, en un artículo publicado en el año 2010, indaga sobre las condiciones de posibilidad que permitieron la consecución de la apropiación de niños durante el régimen dictatorial a partir del análisis de dos casos de niños que, luego del secuestro de sus padres, fueron ingresados en diferentes instituciones destinadas a la minoridad. En este sentido, la autora sostiene que el terrorismo de Estado conjugó un montaje clandestino para perpetrar las apropiaciones, al tiempo que se valió de procedimientos y técnicas que no eran novedosos ni originales. De ese modo, la apropiación de niños se ensambló –en muchos casos- en las estructuras institucionales y rutinas existentes. Junto con las costumbres y usos burocráticos, estas estructuras pudieron ser refuncionalizadas debido a las características propias del mundo de los funcionarios de la minoridad. Los casos analizados permitieron a la autora, asimismo, analizar el modo en que las categorías utilizadas habitualmente para la clasificación de un sector de la infancia fueron revalorizadas y aplicadas –con otros criterios- a una población diferente de la que habitualmente era objeto de intervención de estas instituciones.

En tercer lugar, el artículo de Josefina Martínez, publicado en el 2009, propone reflexionar sobre la construcción de la filiación a partir de la articulación de las dimensiones biológicas y jurídicas –elementos fundamentales para el establecimiento de la paternidad y la filiación en nuestras sociedades- pero destacando el lugar central que ocupan los contextos sociales para la conformación particular de estas relaciones. Para ello analiza el caso de una hija de desaparecidos, adoptada por sus abuelos maternos, quien en su adultez decide iniciar un proceso judicial de rectificación de la filiación. A partir de este caso, la autora busca inquirir sobre los distintos procedimientos que el aparato judicial pone en juego en el proceso de construcción jurídica de la paternidad y la filiación, así como sobre las condiciones sociales que dieron lugar al carácter atípico del caso y su articulación –también- con la dimensión biológica. Las disputas surgidas entre los distintos actores intervinientes en el caso –tanto familiares como operadores judiciales- ponen en evidencia el carácter histórico de estas relaciones y su existencia como artefactos jurídicos destinados a organizar y clasificar un campo particularmente complejo de las relaciones sociales, aquellas vinculadas al parentesco.

Una tercera línea, enmarca los artículos que se han centrado en el análisis de distintas políticas públicas de la memoria, mostrando la incidencia que el activismo ha tenido sobre la construcción de las mismas.

Publicado originalmente en 2003, el trabajo de Mariana Tello Weiss analiza los efectos que produjo la implementación de una de las políticas estatales que se dio en Argentina con respecto a la dictadura y a las violaciones a los Derechos: la reparación económica a las víctimas del Terrorismo de Estado en el contexto de impunidad previo a la nulidad de las “leyes del perdón”. A partir de allí, la autora reflexiona sobre las diversas actitudes y valores puestos en juego por parte de los familiares ante las reparaciones, evidenciando las tensiones entre los grupos y la heterogeneidad existente. Asimismo, subraya el dilema que implicó la incorporación de dinero en el mundo de los derechos humanos y del activismo de los “familiares” de víctimas de la represión, indagando sobre las tensiones entre el universalismo fundacional de las políticas de derechos humanos y las reinterpretaciones de las mismas por parte de distintos actores, las cuales ponen en escena el carácter local e histórico de la categoría derechos humanos.

Por su parte, Valeria Barbuto, en un artículo publicado en 2012, recalca que en las disputas políticas sobre cómo tratar los crímenes de regímenes previos (sean estos dictaduras, conflictos armados internos, o transiciones inconclusas), la memoria suele ser entendida como un tema del pasado. Sin embargo, la misma constituye un tema de actualidad, “tanto sea por la persistencia de la impunidad, por las obligaciones internacionales adoptadas por los Estados, como por la existencia de actores sociales que la reclamen”. En el caso argentino, la memoria no sólo ha sido considerada como un medio de transformación social, sino que -en el contexto político particular en el que se escribió el artículo- ocupaba un lugar fundamental en las diversas políticas que integraban la agenda democrática. A partir de este postulado, la autora propone indagar sobre los debates locales en torno a los modos de señalización y usos de lugares donde se cometieron crímenes atroces; sobre la creación de espacios memoriales, así como sobre las diversas responsabilidades implicadas en la gestión de estos sitios.

En esta misma línea, Luciana Messina analiza la institucionalización, como lugar de memoria, del ex centro clandestino de detención “Olimpo”, ubicado en el barrio porteño de Floresta. A partir de un sostenido trabajo de campo, Messina reconstruye el proceso histórico y conflictivo mediante el cual un grupo heterogéneo de actores logró ‘marcar’ ese espacio de muerte y terror de Estado, hasta lograr el desarrollo de un “Programa institucional de Memoria en el ex Olimpo” en el 2006, en el marco del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, señala también los dilemas, resistencias y hasta fisiones grupales que supuso para ciertos sectores trabajar o “cogestionar” “con el Estado”, evidenciando la porosidad de la frontera entre lo que llamamos Estado y “sociedad civil”. De manera más general, el texto reconstruye el proceso mediante el cual el “Olimpo” se fue convirtiendo en ícono de la última dictadura a partir de una lucha en la que “sobrevivientes” y familiares de desaparecidos -en conjunción con una creativa movilización barrial- disputaron el protagonismo a los organismos de derechos humanos “históricos”.

Desde distintos puntos de partida, los trabajos que integran este Dossier muestran cómo el Estado, así como las burocracias que lo conforman, constituye un fenómeno heterogéneo, con fronteras muchas veces lábiles.³ Partiendo de esta premisa, resulta fundamental analizar las diferentes formas de acción política y legal de organizaciones sociales, de ciudadanía y de derechos humanos que demandan justicia y ampliación de derechos, porque es en el juego de estas acciones que el Estado se conforma y también se transforma.

Asimismo, los artículos han privilegiado el estudio de casos paradigmáticos de violencia estatal. No sólo por la importancia de este método para la antropología social, sino también porque el activismo por los derechos humanos se ha caracterizado por estructurar su accionar a partir de “casos” que permiten la denuncia de aspectos estructurales de la violencia de Estado y, en ese mismo movimiento, la construcción de potentes “causas” que activan la movilización política y la demanda de justicia en la arena pública. Este accionar particular muestra las tensiones entre la pretensión universalista de la categoría derechos humanos y las características locales que adopta, poniendo en evidencia que –tal como sostienen Fonseca y Cardarello- los derechos humanos en su forma abstracta y descontextualizada poco significan, ya que dicha noción depende de las relaciones de poder forjadas en contextos históricos específicos y expresadas en categorías precisas.⁴ En este sentido, múltiples políticas públicas en este campo pueden ser leídas como resignificación local de categorías más generales, a partir de la apropiación y utilización creativa por parte de los diversos actores intervinientes.

Clifford Geertz afirmaba que los antropólogos trabajamos con las mismas problemáticas abordadas por las otras ciencias sociales –el poder, la autoridad, la violencia-, pero que lo hacemos en contextos lo suficientemente locales como para quitarles las mayúsculas y escribirlos con minúscula.⁵ Partiendo de esta perspectiva consideramos fértil y productivo desarmar los conceptos “violencia de Estado” y “Estado terrorista”, a través de una mirada microscópica que nos permita conocer de un modo más “denso”⁶ el funcionamiento de distintas instituciones estatales, reconstruyendo la trama local de relaciones sociales que las sustentaron y les imprimieron un formato particular.

Textos seleccionados para el dossier

– Da Silva Catela, Ludmila (2002). El mundo de los archivos. En Da Silva Catela, Ludmila y Elizabeth Jelin (comp.), Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Siglo Veintiuno: Madrid, pp. 195-221.

– Garaño, Santiago (2009). Sentidos y prácticas de la resistencia. Memorias de ex presas y presos políticos durante la última dictadura militar argentina. En Historia, Antropología y Fuentes Orales, 41, pp. 5-24.

– Sarrabayrouse Oliveira, María José (2011). Estrategias Jurídicas y Procesos Políticos en el activismo de los derechos humanos: El caso de la Morgue Judicial. En Lex Humana, (3) 1, pp. 207-232.

– Villalta, Carla (2010). Uno de los escenarios de la tragedia: el campo de la “minoridad” y la apropiación criminal de niños. En Villalta, Carla (comp.), Infancia, Justicia y Derechos Humanos. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes: pp.199-243.

– Martínez, María Josefina (2010). La producción social de la filiación y la construcción de una paternidad. En Carla Villalta (comp.), Infancia, Justicia y Derechos Humanos. Bernal: Editorial de la Universidad de Quilmes, pp 285-315.

– Tello, Mariana (2003). La fuerza de la cosa dada: Derechos Humanos, política y moral en las “indemnizaciones” a las víctimas del Terrorismo deEstado en Argentina. En Kant de Lima (coord.), Antropologia e direitos Humanos II. Río de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, pp. 37-74.

– Barbuto, Valeria (2012). Los sitios de la memoria en la agenda de la democracia. En Revista Democacia y Derechos, UNSAM, 3, pp. 125-137.

– Messina, Luciana (2010). La construcción de un lugar de memoria: el caso del ex centro clandestino de detención ‘Olimpo’. En Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 22, pp. 135-144.

1 Ver: Tiscornia, S. et al. (2010). La antropología política y jurídica, entre la etnografía y la historia. En Cuadernos de Antropología Social,32, pp. 7-11.

2 La antropología situacional es definida como aquella “en la cual el antropólogo que tiene la voz se coloca abiertamente como `sujeto´ que habla y anuncia la perspectiva desde la que describe, analiza y juzga (según las circunstancias) al `objeto´ de investigación, y en el mejor de los casos asume la responsabilidad de ‘devolver’ al objeto estudiado los resultados de la investigación, antes de que éstos se empolven en los anaqueles de alguna biblioteca universitaria”. En: Stavenhagen, Rodolfo (2015). Etnografía activista: mi experiencia en la ONU. En Nueva Antropología, XXVIII (83), p.14.

3 Ver: Tiscornia, S. (2004). Introducción. En Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires: Antropofagia; Tiscornia, S. et al. (2010). La antropología política y jurídica, entre la etnografía y la historia. En Cuadernos de Antropología Social, 32, pp.7-11.

4 Fonseca, Claudia y Cardarello, Andrea (2005). Derechos de los más y menos humanos. En: Tiscornia, S. y M. V. Pita (comps), Derechos Humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Antropofagia.

5 Geertz, Clifford (1994). Conocimiento local. Buenos Aires: Paidós.

6 Geertz, Clifford (1995). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

En los últimos años, muchos investigadores se han dado a la tarea de estudiar los regímenes no democráticos y sus legados, y también lo han hecho algunos gobiernos con la puesta en marcha de Comisiones de la Verdad, que han tenido como objetivo, más o menos homogéneo, establecer la verdad sobre el fenómeno represor que durante la segunda mitad del siglo XX se experimentó en muchas regiones del mundo y con mucha notoriedad en América Latina.

El presente dossier tiene como objetivo contribuir a los debates en torno al estado que guarda la justicia postransicional, así como el desarrollo de las políticas públicas hacia el pasado en al menos siete países de la región: Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y México, pero también intenta exponer algunos aportes teóricos que permitan profundizar en el estudio de un tema con muchísimas aristas como éste. Todos los trabajos aquí presentados han sido recientemente publicados en la revista América Latina Hoy (núm. 61, agosto 2012) que edita el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

El trabajo de Elin Skaar parte de un cuestionamiento muy concreto con el que se intenta discernir si la independencia judicial en sí misma puede explicar la justicia postransicional. El argumento que guía este artículo insiste en que las reformas constitucionales han permitido que los jueces sean más propensos a perseguir a los represores en la medida en que gozan de la independencia que en el momento de las transiciones no tenían, pero además porque el nuevo clima de la institución judicial favorece a que los jueces afines con las causas de derechos humanos no tengan tantos problemas para acoger estas demandas.

Luis Roniger, concentra su análisis en estudiar el peso de los poderes institucionales y la sociedad civil en la definición de las políticas de la memoria en el Uruguay; una lucha no sin pocas tensiones sobre todo por los efectos del Pacto del Club Naval y la ratificación popular en un par de ocasiones de la Ley de Caducidad de la Acción Punitiva del Estado. Por su parte, Silvia Dutrénit Bielous se detiene en el papel que ha jugado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los legados represivos de las décadas de 1970 y 1980 en Uruguay y en México. En su trabajo Dutrénit asegura que estos países, además de tener itinerarios distintos también guardan diferencias respecto a las violaciones de derechos humanos, no obstante ambos tienen en común que han sido sentenciados por esta Corte y sus reacciones oficiales merecen ser estudiadas.

Maria Rosaria Stabili nos ofrece un caso por demás singular: Paraguay. Bajo la expresión guaraní opareí, con la que se quiere indicar que algo termina en la nada, la autora intenta explicar las complejas y difíciles condiciones en la que ha tenido que transitar la justicia transicional y postransicional en este país sudamericano sumamente descuidado por parte de la academia. En el artículo Stabili llama la atención sobre las herencias del stronismo en la democracia paraguaya, el impacto que produjo el descubrimiento de los «Archivos del Terror», las particularidades y los resultados de la Comisión de Verdad y Justicia creada en 2003 y las reacciones de la clase política y el Poder Judicial en torno a las políticas de reparación y justicia propuestas por esta Comisión.

Trasladando el tema a Centroamérica, Elena Martínez Barahona, Martha Liliana Gutiérrez Salazar y Liliana Rincón explican, que a diferencia del Cono Sur latinoamericano, en esta región, y en concreto en Guatemala y El Salvador, al énfasis inicial de saber la verdad no le ha acompañado un esfuerzo por judicializar las violaciones ampliamente documentadas tras el fin de sus conflictos armados. En ese sentido, las autoras prestan su atención a la evolución y el papel que han jugado distintos actores en la puesta en marcha, o bien en la obstrucción a la justicia en estos países.

Por último, Juan Mario Solís Delgadillo explora las políticas de la memoria en Argentina y Chile; en él explica por qué los presidentes de estos países creen importante seguir generando políticas hacia el pasado. De acuerdo con esto, el autor trata de identificar qué factores político-institucionales o coyunturales inciden con más fuerza a la hora de tomar decisiones de esta naturaleza, a partir de la clasificación de las políticas de la memoria en tres bloques bien diferenciados: políticas de reparación, justicia y simbólicas. Esperamos que el resultado vertido en estas páginas sea provechoso para la comunidad académica que está interesada en los asuntos irresueltos de los pasados políticos latinoamericanos.

CV de los coordinadores

ELENA MARTINEZ BARAHONA

Doctora en Ciencia Política por el European University Institute (Florencia). Desde 2007 es Profesora en el Área de Ciencia Política e Investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

JUAN MARIO SOLÍS DELGADILLO.

Es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Es investigador del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, así como profesor invitado de El Colegio de San Luis A.C (México).