La inseguridad como problema público en Argentina
La “inseguridad” se instaló en la agenda pública en la última década del siglo XX y desde entonces se consolidó como un tema central tanto en la cobertura de los medios masivos de comunicación como en las conversaciones cotidianas. En Argentina, la extensión del sentimiento de inseguridad fue antecedida por un incremento de los delitos durante los años noventa, que llegó a duplicar los indicadores de los delitos denunciados en la década anterior. Esta temporalidad ha propiciado la superposición y confusión de estos dos fenómenos y su análisis como una secuencia lineal de causa y efecto. Sin embargo, los analistas de distintas disciplinas coinciden en destacar que la inseguridad no puede reducirse a este aumento estadístico, sino que involucra dimensiones políticas, económicas y culturales, que merecen estudios y políticas específicas. En esa dirección avanzan los artículos que pasamos a presentar.
El dossier inicia con un trabajo de Daniel Míguez y Alejandro Isla, que fue publicado originalmente en el año 2003, en el que se problematiza la explicación, entonces hegemónica, que veía el incremento del delito y la violencia como una consecuencia de la crisis económica. Frente a esta tesis, los autores proponen una conceptualización compleja en la cual la violencia emerge tanto de los procesos de exclusión económica y social, como de las intervenciones y omisiones del Estado, fundamentalmente de las agencias del sistema punitivo. En esta descripción, la violencia se retroalimenta tanto de las acciones de estigmatización y represión policiales y judiciales como del involucramiento de los actores estatales en la gestión del delito. Ambos procesos, operan degradando la capacidad del estado de encarnar consensos normativos y vulnerando su potencia material y simbólica de encarnar la legalidad. A partir del concepto de estado transgresor el trabajo plantea una serie de debates y tensiones que continúan teniendo vigencia a la hora de pensar el papel del estado en la construcción del problema de la inseguridad.
En segundo lugar, los trabajos de Gabriel Kessler y Alejandra Otamendi abordan la llamada dimensión subjetiva de la inseguridad, a partir del diálogo con los resultados de investigaciones cuantitativas y cualitativas que enfocan en los sentimientos, percepciones y opiniones movilizadas por este problema. Rechazando el planteo reduccionista que concibe a las emociones como meras reacciones o consecuencias frente a hechos “objetivos”, Gabriel Kessler señala que la extensión del sentimiento de inseguridad en Argentina produjo grandes transformaciones tanto en los imaginarios como en las prácticas sociales. Su artículo describe los cambios operados en el plano de los relatos y los sentimientos, así como también en la emergencia de prácticas de clasificación y evitación de ciertos grupos sociales y etarios, fundamentalmente, los jóvenes varones pobres. El autor destaca los efectos en términos de discriminación y restricción de derechos de estas nuevas modalidades y retoma una pregunta fundamental tal cual es la relación entre la extensión del sentimiento de inseguridad y el avance del autoritarismo. En sintonía, Alejandra Otamendi explora el llamado “consenso punitivo” que se esgrime como causa y legitimación de las políticas de mano dura, a partir del análisis de encuestas de victimización y de opinión. Los análisis de la autora afirman que no existe una relación directa entre la generalización de la preocupación por el delito, las experiencias de victimización y el apoyo a medidas como la pena de muerte y la baja en la edad de imputabilidad, pero sí una permanente tensión que se juega en el plano de las propuestas políticas y la construcción de demandas.
Esteban Rodríguez problematiza el papel de uno de los vértices del supuesto consenso punitivo: los medios masivos de comunicación. Lo hace a partir de una conceptualización que se aleja tanto de la idea de transparencia como de la ideología de la manipulación. Su trabajo puntualiza en el papel del periodismo en la construcción de escenarios del miedo, destacando la necesaria imbricación de los discursos mediáticos en el sentido común. Su trabajo, al igual que el de Mercedes Calzado, avanzan en la presentación de un nuevo actor sobre cuyo contorno se construyen las narrativas de la inseguridad: las víctimas del delito. El artículo de Calzado se detiene en caracterizar la trama organizativa de las distintas asociaciones y grupos, señala la diversidad de relatos y activismos, poniendo en primer plano el modo en que estos nuevos actores tensionan y complejizan los relatos públicos sobre el estado, la violencia y el castigo.
El dossier cierra con un trabajo que aborda un tema tan central como poco analizado: el desarrollo de la seguridad privada en Argentina. Federico Lorenc Valcarce describe la consolidación de este mercado, que se expande en la última década del siglo XX. El autor señala que este proceso debe entenderse en el marco de una tendencia general hacia la mercantilización de la vida social y como un producto de transformación en el espacio urbano y en los procesos de organización del trabajo y la comercialización. A través del riguroso análisis de evidencias empíricas rechaza las afirmaciones más comunes en esta materia, como la que afirma que el crecimiento del mercado de la seguridad privada ha devenido en un proceso de “privatización de la seguridad pública”. Por el contrario, destaca cómo este mercado se orienta a la provisión de servicios y tareas que no son las tradicionalmente cubiertas por las policías tradicionales, que incluso, se han expandido y diversificado en las últimas décadas. De este modo, lejos de cuestionar el monopolio de la fuerza por parte del estado, la seguridad privada forma parte del proceso de reconfiguración de los espacios públicos.
Textos seleccionados para el dossier