Belén Morris (IdIHCS-CONICET)

Introducción

En este dossier nos proponemos construir un diálogo entre autores y autoras que abordaron un tema de central importancia para la dinámica sindical argentina: la relación entre sindicalismo y política. Preguntarnos por este vínculo supone dirigir la mirada hacia diferentes aristas comprendidas en el vasto y amplio concepto de la política. En principio, nos conduce a indagar en el entramado institucional-estatal del que los sindicatos forman parte en el marco de un sistema capitalista, en la tensión entre autonomía y heteronomía derivada de esa misma condición, en la relación fraguada con diferentes partidos políticos y, especialmente, con el peronismo como identidad, como movimiento y como partido político. Preguntarnos por la relación entre sindicalismo y política nos orienta, también, a poner de relieve el terreno de las estrategias, de los fines y propósitos de la acción sindical, los contornos de los sujetos y demandas representados y los límites internos y externos de la forma sindicato para representar las múltiples realidades laborales que coexisten en la Argentina contemporánea. En definitiva, pensar ese vínculo es explorar y analizar las condiciones de posibilidad de asociar la parte con el todo.

Los textos reunidos aquí son reflexiones situadas en un contexto temporal y espacial específico: todos ellos observan la realidad sindical argentina (aunque la escala es más amplia en el caso de Murillo), algunos se circunscriben al neoliberalismo menemista y otros al neodesarrollismo kirchnerista. A lo largo de esos años han tenido lugar cambios de diferente cadencia y espesor en el modelo de acumulación (específicamente, en el mercado de trabajo) y en el régimen político. Así, dos grandes líneas atraviesan estos textos y construyen el escenario de fondo de este debate: por un lado, las transformaciones en el vínculo entre peronismo y sindicalismo; por el otro, la relación entre los cambios en el mercado de trabajo y la acción sindical.

Las últimas dos décadas han atestiguado una recomposición del sindicalismo como actor económico-corporativo y cierta voluntad de recuperar centralidad en el terreno político, fundamentalmente, dentro del movimiento peronista. Evocando la figura de la “columna vertebral”, algunos sectores sindicales aludieron al vínculo forjado con el peronismo a mediados del siglo XX a partir de experiencias de integración social vía trabajo, dignificación y reconocimiento material y simbólico de la condición trabajadora. Por aquellos años, y especialmente durante la proscripción del peronismo, el sindicalismo se había transformado en un actor político influyente que nutría las listas legislativas y agencias estatales de dirigentes sindicales y que sustentaba económicamente las campañas políticas. Sin embargo, desde la recuperación de la democracia en adelante, los vínculos entre el sindicalismo y el peronismo han cambiado sustancialmente, si no en la superposición de programas al menos en sus expresiones institucionales, la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Partido Justicialista (PJ). La “desindicalización” del PJ es una premisa sobre la que se asientan casi todos los textos recuperados en este dossier.^[1] A ello agregan otra complejidad, que no se inserta en el terreno organizativo sino simbólico (aunque articulado con el plano material): las referencias históricas de las conquistas peronistas resultan cada vez más lejanas a las nuevas generaciones de trabajadores que se han incorporado al mercado laboral en condiciones diferentes a las que existían a mediados del siglo XX.

Este punto se vincula con la segunda línea de continuidad que cruza estas investigaciones: el análisis de la relación entre sindicalismo y política es inseparable de la pregunta por las transformaciones en el mundo del trabajo. Puntualmente, el avance de la informalidad y de múltiples formas de precarización laboral. En definitiva, si se trata de vincular la parte con el todo: ¿qué arraigo han podido construir los sindicatos en los sectores populares? ¿cuánto de la realidad viva y heterogénea del trabajo ha tocado la puerta de las estructuras sindicales?

En el marco de las reformas de mercado que fragmentaron el mundo del trabajo, hicieron emerger diversas formas de precarización laboral y atomizaron las relaciones laborales, una fracción importante del sindicalismo mutó hacia un perfil empresario que reemplazó los recursos y la legitimidad proveniente de sus afiliados por recursos obtenidos del mercado. Tal como muchas de las investigaciones reunidas aquí retratan, ese cambio en la forma de algunos sindicatos hizo posible cierto divorcio entre las organizaciones sindicales y la clase trabajadora. Si bien esta separación no invalida que muchos trabajadores y trabajadoras refrenden la participación y la representación de la organización sindical, sí nos advierte que un universo laboral multiforme y heterogéneo huye de los parámetros clásicos de la representación sindical. 

Hasta el desembarco del neoliberalismo en Argentina, un mercado de trabajo equilibrado y cierta homogeneidad sociocultural y política habían aceitado una representación sindical bifronte en el terreno gremial y en el terreno político.[2] En ausencia de dichas condiciones, ¿el sindicalismo ha trascendido su carácter de “parte” para representar el todo? ¿con qué obstáculos se ha topado en ese tránsito? Más allá de las distintas respuestas que los textos aquí reunidos formulan a este interrogante, es posible subrayar que en todas ellas los actores sindicales no son receptores pasivos de lo que sus interlocutores (empresariales y gubernamentales) hacen de ellos sino agentes que inciden y moldean el rumbo y la morfología del contexto en el que actúan.

Los dos primeros trabajos indagan en la década del ’90 y ofrecen teorizaciones complementarias sobre las respuestas sindicales a las reformas de mercado. El primer trabajo es de Victoria Murillo y su objetivo es explicar comparativamente el curso de las reformas de mercado implementadas por partidos de base laboral en Venezuela, México y Argentina. La autora explica cómo los sindicatos han condicionado el éxito o el fracaso de dichas reformas y lo hace a partir de una “teoría partidista” de las interacciones entre sindicatos y gobierno que descansa sobre tres pilares: la lealtad partidaria, la competencia entre sindicatos por la representación de un mismo segmento de trabajadores y la competencia entre partidos políticos o fracciones por la conducción de un sindicato. El eje del trabajo está situado en modelizar las interacciones estratégicas entre sindicatos y gobierno para discutir con quienes al estudiar el curso de las reformas se detuvieron solo en el rol de los tomadores de decisiones, en el entramado institucional o en las condiciones macroeconómicas de cada país.

El segundo trabajo que se enfoca en esta etapa histórica es de Martín Armelino. El autor matiza las miradas que connotan como ganadores o perdedores a determinados sindicatos de acuerdo a la obtención de recursos organizativos e institucionales. Inspirado en el modelo analítico de Alessandro Pizzorno y situado en el ámbito público (propicio por demás para observar contrastes en la construcción de diferentes tipos sindicales), Armelino analiza las concepciones de sindicalismo que tamizan tanto los objetivos que persiguen las organizaciones sindicales como las estrategias delineadas para tales fines. A su vez, ensancha la observación temporal para mostrar que esos comportamientos no surgieron de forma espasmódica frente a las reformas de mercado sino que amplificaron y sofisticaron una serie de prácticas desplegadas años atrás.

Otras investigaciones que incluimos aquí, analizan el cambio en la dinámica política del sindicalismo de 2002/2003 en adelante y hacen foco en la configuración de una alianza entre gobiernos y sindicatos (especialmente, la CGT y algunos sectores de la Central de Trabajadores de la Argentina) y en las tensiones que surgieron en ese vínculo.

Sebastián Etchemendy señala el tránsito de un sindicalismo “a la defensiva y en retirada” (2013, p. 294), deliberadamente subordinado y adaptado a un modelo económico neoliberal, a un sindicalismo protagónico en la coalición de gobierno. Analiza el intercambio político entre el sindicalismo agrupado en la CGT y en la CTERA y el gobierno a través del concepto de doble alianza, es decir, de un vínculo que redunda en beneficios para ambas partes. Etchemendy muestra, asimismo, que esa centralidad se ha mostrado ciertamente condicionada por los cambios en el contexto económico y político. Limitaciones internas al modelo sindical y problemas de tipo corporativo, económico y político en la alianza gobierno-sindicatos resquebrajaron esa relación.

También Cecilia Anigstein ha observado el doble juego entre sindicalismo cegetista y gobierno kirchnerista a través de la idea de cooperación mutua. La autora destaca los distintos momentos que atravesó esa alianza basada en elementos materiales y simbólicos y analiza especialmente el momento de quiebre entre 2010 y 2011. A propósito de esto, otorga relevancia a dos aspectos que configuran el escenario posterior a la crisis de 2009: por un lado, la centralidad de los sectores más empobrecidos como destinatarios de las medidas gubernamentales, aspecto que alteró el reparto del poder político dentro de la coalición kirchnerista. Por otro lado, la revitalización y aggiornamento de un legado nacional-popular cuyo sentido se volvió un foco de disputa entre múltiples actores que formaban parte del peronismo; esto fue particularmente relevante en el caso del sindicalismo.

El texto de Ana Natalucci se hace eco de ese mismo proceso. La autora realiza un balance de las transformaciones del contexto en el que actuaron los sindicatos concentrándose en los cambios en el modelo de desarrollo y en el sistema político. El texto explora los dilemas concitados para una parte del sindicalismo que no solo buscó recuperar derechos en el terreno corporativo sino también restituir la capacidad de proyectarse y de representar políticamente a la clase. Por tal razón, se concentra en dos experiencias políticas que, si bien no han sido las únicas, sintetizan la voluntad de sindicalizar el peronismo por parte de algunas organizaciones: la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista y la Juventud Sindical.

Para finalizar, dos investigaciones reparan en algunas contradicciones y tensiones internas que ha tenido la recuperación del sindicalismo como actor corporativo y como actor político en las últimas dos décadas.

Desde el título de su escrito, Paula Abal Medina señala que ya no podemos hablar de un movimiento obrero organizado, sino que la formulación debe ser en plural. En paralelo a la recomposición de los sindicatos y trabajadores asalariados registrados afiliados a ellos, la autora da cuenta de la emergencia y consolidación del otro movimiento obrero, aquel que es producto de las imperturbables desigualdades en el mundo del trabajo. Abal Medina muestra que las políticas públicas han tenido claros límites en la reversibilidad de ciertas transformaciones laborales regresivas y que muchas organizaciones sindicales con una desmantelada representación en los lugares de trabajo, dejaron de acusar recibo de los trabajadores precarizados, subcontratados, eventuales o tercerizados, usualmente jóvenes, que habitan los lugares de trabajo. Hacia el final de este capítulo, sin embargo, la autora recupera potentes experiencias de articulación que resultan prometedoras en términos de la capacidad de recomponer los fragmentos en los que se encuentra fracturada la clase trabajadora y representarla como una totalidad.

Aquella gran transformación mediante la cual los sindicatos fueron protagonistas de un intercambio político con un gobierno neoliberal parece haber retaceado la capacidad de intervenir y modificar escenarios. Ese argumento constituye el planteo general que realiza Paula Varela en un texto que convida interesantes preguntas. La autora toma distancia de algunas interpretaciones sobre el protagonismo sindical en los doce años de gobierno kirchnerista para poner de relieve una discusión que considera ausente de las perspectivas reseñadas: aquella que pone en el centro las estrategias sindicales, sus fines, medios y procedimientos. A su vez, escoge el lugar de trabajo como un espacio privilegiado donde observar la articulación contradictoria entre un proceso de recomposición social y gremial de los trabajadores y la persistencia de ciertas condiciones de explotación y precarización de la fuerza de trabajo.

En síntesis, las investigaciones reunidas en este dossier se interrogan por las posibles articulaciones entre sindicalismo y política en la Argentina de la posdictadura: ¿qué consecuencias ha tenido la preservación de recursos institucionales en la capacidad de representación de la totalidad de la clase trabajadora? ¿qué tipo de politicidad han procurado construir los grandes sindicatos? ¿de qué formas ha repercutido la atomización y fragmentación de la clase trabajadora en las posibilidades de reconstruir una trama organizativa perdida?

Textos seleccionados para el dossier

• Murillo, M. Victoria (2000).  Del populismo al neoliberalismo: sindicatos y reformas de mercado en América Latina. Desarrollo Económico, 40 (158), pp. 179-212.
• Etchemendy, Sebastián (2013). La “doble alianza” gobierno-sindicatos en el kirchnerismo (2003-2012). Orígenes, evidencia y perspectivas. En Carlos H. Acuña (comp.), Instituciones gubernamentales y actores de la política argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
• Armelino, Martín (2015). Reformas de mercado y reacciones sindicales en Argentina. Una revisión desde la experiencia de los trabajadores públicos. Desarrollo Económico, 55 (216), pp. 245-278.

• Anigstein, Cecilia (2019). De la articulación orgánica a la confrontación. La CGT y los gobiernos kirchneristas la Argentina. Cahiers des Amériques latines, (90), pp. 141-159.

• Natalucci, Ana (2015). Corporativismo y política: dilemas del movimiento obrero durante el kirchnerismo. Población & Sociedad, 22 (2), pp. 5-25.
• Abal Medina, Paula (2017).  Los Movimientos Obreros Organizados de la Argentina (2003-2016). En Paula Abal Medina, Ana Natalucci y Fernando Rosso (eds.), ¿Existe la clase obrera? (pp. 21-62). Buenos Aires: Capital Intelectual.
• Varela, Paula (2016). ¿Revitalización sindical sin debate de estrategias? En Paula Varela (coord.), El gigante fragmentado. Sindicatos, trabajadores y política durante el kirchnerismo (pp.13-50). Buenos Aires: Final Abierto.

[1] Levitsky, Steven (2005).  La transformación del justicialismo: del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999. Buenos Aires: Siglo XX.

[2] Torre, Juan Carlos (2004).  El gigante invertebrado: los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976, 2da ed. Buenos Aires: Siglo XXI.

Dossier | La CONADEP y las provincias. Comisiones investigadoras, justicia y derechos humanos

Marianela Scocco (ISHIR-CONICET/UNR)  y Carol Solis (CIFFYH- SECYT/UNC)

En los años ochenta y noventa, luego de los graves hechos represivos cometidos por las dictaduras del Cono Sur en América Latina, surgieron en muchos países comisiones investigadoras que fueron conocidas como Comisiones de Verdad. Resultaron denominadas así porque su principal objetivo no era la justicia sino la paz, ya que no tenían poder de juzgar sino solamente de investigar y, de hecho, con excepción de Argentina, en el resto de los países estos crímenes no fueron juzgados. En este marco trasnacional, el caso argentino resulta entonces clave. En ese sentido, este dossier recupera una serie de textos que analizan casos de comisiones investigadoras locales y provinciales de Argentina, con geografías diferentes (Tucumán, Córdoba, Rosario, Río Negro y Bahía Blanca) y protagonistas variados (abogados, militantes, sobrevivientes y clase política).

Las primeras medidas del gobierno de Raúl Alfonsín, elegido democráticamente tras el colapso de la dictadura militar (1976-1983), se centraron en torno a la posibilidad de investigar y juzgar los crímenes cometidos por aquélla. Como sostienen Feld y Franco,[1] el problema de la justicia fue central en el periodo, ya que ni siquiera para los organismos de derechos humanos estaba claro qué podía o debía constituir el castigo por las violaciones a los derechos humanos. Al problema de la justicia se le anteponía el de la investigación acerca de lo sucedido; quiénes serían los responsables juzgados por dichos crímenes y, sobre todo, dónde estaban los desaparecidos. Para ello, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que sería la encargada de indagar sobre los crímenes cometidos por la dictadura respecto de la desaparición de personas.

Con la CONADEP Alfonsín impulsó el modelo de una “comisión de personalidades”. La propuesta alternativa a nivel nacional era la formación de una comisión bicameral legislativa, promovida por ciertos organismos, principalmente por Madres de Plaza de Mayo. Argumentaban que la contundencia de los resultados de una investigación parlamentaria podría imponer la necesidad de un castigo, ya que tendría facultades para tomar declaración indagatoria a presuntos responsables.

Esta discusión se trasladó a las provincias, que debatieron sobre la creación de comisiones provinciales y si las mismas debían ser delegaciones de la CONADEP o comisiones bicamerales legislativas. Algunas provincias como Tucumán, Chaco, Misiones y Neuquén atendieron el reclamo de los organismos y propiciaron desde las cámaras legislativas sus propias comisiones investigadoras.^[2] En Río Negro se creó la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH), expresión rionegrina de la CONADEP y, al igual que en La Rioja, fue establecida por iniciativa del Poder Ejecutivo, invitando a los legisladores a formar parte del espacio. En Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata y Bahía Blanca, como en otras ciudades, se crearon delegaciones locales de la CONADEP a semejanza de la nacional.

Todas estas comisiones realizaron sus propios informes y algunos permanecieron inéditos, mientras que otros fueron publicados. Considerando esta diversidad, reconstruir el debate político respecto a si se conformarían comisiones bicamerales o delegaciones de la CONADEP -e incluso examinar el accionar y los avatares de cada una de ellas durante su funcionamiento- permite analizar cómo incidieron las tramas locales partidarias y las configuraciones del propio movimiento de derechos humanos en los diferentes espacios, así como las negociaciones, consensos y disputas en torno a cada una de las alternativas.

Este dossier reúne artículos de investigadores de diferentes lugares del país, que desde hace poco más de una década han ampliado los estudios sobre el movimiento de derechos humanos y los procesos de investigación y justicia originados por fuera de la Capital Federal y la ciudad de La Plata. Especialmente aquellos que han estudiado los casos en que se crearon comisiones provinciales, atendiendo a las continuidades así como a las rupturas con la CONADEP y otros espacios regionales.

Inicia el dossier una revisión de Emilio Crenzel respecto de los aportes y sentidos del funcionamiento de la CONADEP en 1984, que se convirtió en un modelo para diversas Comisiones de la Verdad constituidas en América Latina. El autor reconstruye las condiciones que definieron su creación en los albores de la posdictadura y su inclusión en cierto modelo de justicia que el gobierno de Alfonsín definió. Expone también las derivas del apoyo de los organismos de derechos humanos y las discusiones internas y los acuerdos tácitos que se dieron en la Comisión. Destaca las inspecciones en ex Centros Clandestinos de Detención (CCD), la centralización de las denuncias realizadas y la importancia de las delegaciones en el interior para acrecentar el acervo testimonial. Finalmente analiza los resultados principales que obtuvo la CONADEP, al derrumbar el monopolio de la interpretación de los perpetradores y realizar un pronunciamiento oficial que legitimó las denuncias.

Teniendo en cuenta el planteo de Crenzel, las tres siguientes contribuciones analizan las comisiones que se crearon como delegaciones locales de la CONADEP. En tal sentido, vale la pena recoger el artículo de Marianela Scocco que retoma la discusión sobre cómo debía ser la comisión investigadora en la provincia de Santa Fe. Así, reconstruye los distintos posicionamientos de los organismos de derechos humanos y de los partidos políticos en su conformación final como Delegación Santa Fe de la CONADEP y su subdivisión entre las zonas norte y sur. Luego, la autora se interesa por abordar su accionar en la zona sur (en torno a la ciudad de Rosario). Destaca no sólo la tarea que desarrolló de recopilación de testimonios, sino el carácter público que tomó dicha información a partir de la difusión que propició, especialmente, la prensa escrita. Pero el hecho más significativo fue el hallazgo de importantes archivos documentales relacionados con los servicios de inteligencia de la dictadura, que luego fueron hurtados en lo que se conoció como el Robo a Tribunales, experiencia única en el país. Por último, el artículo trabaja sobre el informe final de dicha delegación y como todo ese material fue utilizado en el Juicio a las Juntas.

En la misma línea, el artículo de Cristian Rama sobre la delegación local de la CONADEP en Bahía Blanca, pone especial atención en la participación de los sobrevivientes de los CCD para la investigación y la configuración del informe final. El autor también analiza la conformación de los organismos locales de derechos humanos y su rol en la recopilación de información en el periodo inicial de la investigación, que confluyó en un nuevo escenario para la reconstrucción del plan represivo a nivel regional y en la formación de la delegación local. Uno de los problemas que tuvo esta comisión, identificado en el trabajo, fue la dificultad para la obtención de datos de víctimas o testigos directos de la represión.

Por su parte, en Córdoba ocurrieron tanto el debate por la posible conformación de una comisión parlamentaria bicameral propuesto por el peronismo como el funcionamiento, en simultáneo, de la Delegación local de la CONADEP, avalado por el radicalismo. La ponencia de Carol Solis reconstruye parte de ese episodio de contienda política en las arenas legislativas focalizando el debate que antecedió al rechazo a la bicameral, cuando diputados discutió el Informe parcial enviado por la delegación local de CONADEP. El análisis de esta coyuntura legislativa expone algunas estrategias del oficialismo y la oposición para legitimar sus posiciones, así como el contenido mismo del informe que ilumina la trama de verdades que se iban conociendo sobre las modalidades, escenarios y el impacto del terror de Estado en la provincia, las tareas investigativas y las denuncias emprendidas junto a las redes que su acción generó a nivel local. Ello permite trazar una mirada más compleja de las agencias, sujetos y colectivos que se comprometieron con la acción de la delegación en el territorio provincial.

Experiencias disímiles fueron los casos de la bicameral de Tucumán y de la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH) de Río Negro examinadas respectivamente por Rubén Kotler y Ayelén Mereb. El artículo de Kotler aborda el contenido del Informe elaborado por la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, promovida por el gobierno justicialista, que fue producido como resultado de su actuación en 1984. Su análisis le permite trazar las coordenadas de enunciación respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia -que “le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la institución centro clandestino de detención” según el Informe- como el marco de lectura de esas violencias, introduciendo lecturas críticas sobre sus límites y contradicciones internas. Se detiene particularmente en los usos del pasado y su interpretación de la violencia política, las características de la represión y su modalidad escalonada, las pruebas reunidas y los testimonios y la retórica enmarcada en los derechos humanos.

Por su parte, Ayelén Mereb analiza el caso de la provincia de Río Negro con la CPDH que, a su vez, se constituyó con el trabajo coordinado de tres delegaciones: Alto Valle, Atlántica y Andina, sobre la que se centra la autora. El artículo reconstruye esa experiencia, para luego poner el foco en El Bolsón a fin de identificar algunas variables que gravitaron en la imposibilidad de anclaje local de lo denunciado. Se advierte así una diferencia sustancial con otros casos, como el de Rosario, ya que Mereb sostiene que la falta de publicidad oficial impidió que el pueblo rionegrino pudiera apropiarse de la información recabada por la comisión.

Con sus diferencias y especificidades, estos procesos compartieron un marco general y presentaron varios elementos significativos de similitud en lo que se refiere al tema que aquí abordamos. Todas estas comisiones tuvieron en común haber participado de las discusiones en torno a su fundación, estar integradas en su mayoría por militantes de los organismos de derechos humanos locales y haber realizado tareas similares. Entre estas últimas se evidenciaron, además de la recepción de denuncias y recolección de testimonios, las inspecciones a ex CCD; los intentos por obtener las nóminas del personal de las fuerzas que actuaron en la represión en cada lugar; la búsqueda de archivos y documentos oficiales; la realización de un informe final; entre otras. También tuvieron problemas comunes, por ejemplo, precisamente por sus características regionales les resultó difícil determinar la localidad donde habían sido secuestrados los represaliados y, por consiguiente, quiénes debían ser contabilizados: los efectivamente denunciados como ocurridos en cada ciudad o también los que se produjeron en otras localidades, aunque sus denuncias las recibiera esa delegación. Este tema sigue estando vigente al momento de confeccionar listas de desaparecidos en cada ciudad del país. De igual modo, y retomando el plano general, las diversas experiencias aquí incluidas ayudaron a desplegar solidaridades locales y aportaron a las condiciones de escucha, a legitimar a los actores locales y a implicar a diferentes agencias y actores en el tratamiento de las demandas de verdad y justicia.

Textos seleccionados para el dossier:

Crenzel, Emilio (2014). “La CONADEP treinta años después. La investigación sobre las desapariciones forzadas en la Argentina”. Revista Derechos Humanos, 4, pp. 3-25. Recuperado de: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf140093-crenzel-conadep_treinta_anos_despues.htm

Scocco, Marianela (2015). “De la denuncia a la (in)justicia. Rosario: de la delegación Santa Fe de la CONADEP a los indultos (1983-1990)”. Revista Argirópolis, 1, pp. 39-60. Recuperado de: https://iehpa.files.wordpress.com/2016/03/marianela-scocco-de-la-denuncia-a-la.pdf

Rama, Cristian (2019). “La CONADEP en Bahía Blanca. Un acercamiento al funcionamiento de la comisión y a las posibilidades y límites en los niveles de participación de las/os sobrevivientes de los centros clandestinos de detención”. Historia Regional, 40, pp. 1-15. Recuperado de: http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/291

Solis, Carol (2017). “El Informe de la CONADEP Delegación Córdoba a los diputados. Contienda política y arenas legislativas en la posdictadura”. V Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Córdoba, 23 al 25 de noviembre de 2017.

Kotler, Rubén (2007). “Análisis del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983)”. Prohistoria, 11, pp. 29-47. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/3801/380135838002.pdf

Mereb, Ayelén (2017). “La investigación de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. La experiencia de la Comisión de Derechos Humanos de Río Negro”. Identidades, 7, pp. 98-119. Recuperado de: https://iidentidadess.files.wordpress.com/2018/08/06-identidades-13-7-2017.pdf

[1] Feld, Claudia y Franco, Marina (2015a). “Introducción”. En Feld, Claudia y Franco, Marina Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura, pp. 9-22. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

[2] Brysk incluye en esta lista de provincias que formaron comisiones legislativas a Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires, que en diciembre de 1983, estableció una comisión provincial bicameral permanente. Brysk, Alison (1994). La Política de Derechos Humanos en Argentina Protesta, Cambio y Democratización. Stanford University Press. Traducción: Isabel Inguanzo Ortiz.

ISSN sección Dossier 2618-415x

Dossier. Violencia de Estado, burocracias y activismo de los derechos humanos: Aportes de la Antropología Social al estudio del pasado reciente dictatorial argentino

Santiago Garaño (CONICET/UNTREF)

María José Sarrabayrouse Oliveira (CONICET/UBA)

En Argentina, desde el retorno de la democracia a la actualidad, la Antropología Social ha realizado aportes significativos al estudio del pasado reciente dictatorial, los procesos sociales de memoria y las luchas del activismo de los derechos humanos para obtener verdad y justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años. En función de ello, el presente dossier reúne un conjunto de artículos que analizan etnográfica e históricamente diversos casos de violencia de Estado, reflexionan sobre las estrategias jurídicas y políticas del activismo de los derechos humanos para denunciar/impugnar dicha violencia en la esfera pública y debaten sobre el funcionamiento de las burocracias, fundamentalmente en el contexto del pasado reciente. Como se podrá ver, los abordajes etnográficos se encuentran en el cruce entre la Antropología Política y Jurídica, los Estudios de Memoria y la Historia Reciente argentina, partiendo de un trabajo de campo no tradicional que supone, en varios casos, el trabajo con archivos y la lectura y análisis de documentos y expedientes judiciales, a fin de reconstruir largos procesos históricos y sociales.

Los trabajos aquí presentados se inscriben en una agenda de temas, problemas y objetos de investigación que han caracterizado a nuestra disciplina desde la post-dictadura y que han implicado abordar, desde un campo intelectual naciente, una serie de cuestiones centrales de la transición democrática: el activismo de los derechos humanos, la violación sistemática de los derechos humanos y las memorias de esas experiencias de represión política, así como las rupturas y continuidades entre regímenes dictatoriales y democráticos, especialmente en las Fuerzas Armadas y de seguridad y también en las instituciones judiciales.

Desde 2003 en adelante se ha producido una sinergia entre estas distintas líneas de investigación y una serie de procesos sociales y políticos que favorecieron notablemente su desarrollo. Por un lado, la reapertura de los juicios de lesa humanidad –impulsados tanto por la acción del Estado como por la labor desplegada por distintos organismos de derechos humanos– permitió avanzar en el juzgamiento a los responsables de las masivas violaciones a los derechos humanos. En forma paralela, diversas políticas públicas promovidas tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales y locales, se plasmaron en la creación de Archivos, Museos y Sitios de Memoria. Por otro lado, y de modo contemporáneo, se produjo una notable expansión del sistema científico-tecnológico y universitario, que nos ha permitido contar con una dedicación mayor a las tareas de investigación. Este campo de estudios se ha consolidado gracias al cruce de estas políticas públicas, y la mayoría de los artículos son el resultado de estos procesos. La publicación de este Dossier se da en un momento en que tanto las políticas de memoria y justicia como las de educación y ciencia son duramente golpeadas por la gestión de la Alianza Cambiemos.

Este campo de estudio presenta, asimismo, una fuerte articulación entre investigación, gestión y activismo. Es por ello que es posible afirmar que nuestra reflexión –y nuestra praxis política y académica– ha sido paralela, en parte, al desarrollo del movimiento de derechos humanos argentino. Esto se debe a que han sido el activismo y la movilización política los que, a través de creativas estrategias políticas y jurídicas, han puesto en la agenda pública una serie de conflictos sociales en clave de violación a los derechos humanos¹ y, gracias a la movilización, han convertido esos sucesos en “casos” paradigmáticos de represión estatal. En la mayoría de los casos estudiados, el análisis se ha efectuado a partir del trabajo desplegado por el activismo de distintos actores del movimiento de derechos humanos que –previamente o de manera contemporánea a la investigación– impugnaron y denunciaron aquellos crímenes de estado; iluminando, a su vez, las tramas locales de la represión política.

De hecho, algunos de los autores de este Dossier han sido/son actores fundamentales en la puesta en marcha de políticas públicas de la memoria, sus interpretaciones han permeado muy fuertemente el activismo de los derechos humanos, e incluso han declarado como “testigos de contexto” en juicios por delitos de lesa humanidad. En este sentido, los artículos aquí reunidos presentan la impronta de trabajos de investigación comprometidos con el campo de los derechos humanos y que buscan la incidencia en la agenda pública. De esta manera, el Dossier constituye también una reflexión sobre el rol que distintos cientistas sociales han jugado en la implementación de estas políticas públicas, su relación con el activismo en derechos humanos, así como con distintas oficinas e instituciones estatales. En función de lo antedicho, es posible afirmar que los artículos seleccionados ubican a sus autores traspasando lo que se conoce como antropología situacional², para ubicarlos, como sostiene Stavenhagen, en el lugar de “etnógrafos activistas”.

Un primer grupo de artículos, está conformado por los trabajos de Da Silva Catela y Garaño, quienes reflexionan sobre los desafíos que presenta el trabajo con archivos y documentos y las tensiones presentes a partir de las entrevistas y testimonios de los actores.

En su artículo “El mundo de los archivos”, publicado en el 2002 en el marco del Programa “Memorias de la Represión” (dirigido por Elizabeth Jelin), Ludmila Da Silva Catela sostiene al referirse a los archivos de la represión que, en la medida en que estos fueron elaborados, alimentados y mantenidos por personas, grupos e instituciones, hacer una etnografía de los mismos supone considerarlos, antes que como restos del pasado, como construcciones e instrumentos de clasificación del mundo de los agentes que los produjeron. Una etnografía de los archivos de la represión no puede pensar los documentos “sueltos”, desatendiendo la lógica clasificatoria de quien los ejecutó y clasificó, y los modos en que fueron construidas esas fuentes. Estos acervos, pensados como “territorios de memoria” a los que el investigador puede acceder, deben ser considerados como espacios a partir de los cuales se puede construir conocimiento atendiendo a las formas de organización, a las lógicas clasificatorias, a la ubicación de los espacios, y no solamente al documento en sí. La creencia de que allí está escondida “la verdad” sobre los años de la represión, muchas veces se ve traicionada ante la realidad de que estos “papeles” brindan información ya conocida a través de los relatos de las víctimas pero esta vez documentada “y por ende con mayor legitimidad, credibilidad y facultades para su uso como prueba judicial”. De allí la necesidad de analizar los contextos de producción, la historia de la deriva de los documentos hasta su selección y depósito en un acervo o centro de documentación; las reglas y guardianes que controlan el acceso al público; y, por último, los usos múltiples e incluso opuestos que se puede hacer de los mismos.

Por su parte, el trabajo de Santiago Garaño, originalmente publicado en 2009, analiza la historicidad de las memorias de la prisión política a partir del valor moral de la “resistencia”, que organizó la experiencia carcelaria de los detenidos políticos durante la vigencia del estado de sitio (1974-1983). En particular, plantea un contrapunto entre testimonios de ex presas y ex presos políticos y documentos partidarios (centralmente del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo y de Montoneros), que evidencia cómo este concepto estuvo atravesado por fuertes disputas entre distintos grupos políticos y mandatos partidarios, altamente estandarizados, sobre cómo evitar ser “destruidos” por las políticas carcelarias desplegadas por el personal penitenciario y militar contra el conjunto de los presos políticos. Para Garaño, el análisis de esos documentos –elaborados por prisioneros desde mediados de los años ’70– permite revelar prácticas y sentidos implícitos bajo el concepto de “resistencia” a las políticas de “aniquilamiento”, sentidos que son opacos cuando se toma la opción metodológica de realizar sólo entrevistas en profundidad a ex presas y presos políticos. En función de ello, el autor argumenta que, antes que meros recuerdos (elaborados desde el presente), los testimonios de ex prisioneros políticos anclan en una experiencia carcelaria fuertemente estandarizada y revelan mandatos partidarios, cuyas huellas podemos rastrear actualmente en las memorias.

Un segundo conjunto de trabajos está integrado por artículos que han puesto el énfasis en el análisis de expedientes y casos judiciales, tanto para la reconstrucción de determinadas lógicas y procedimientos, como para la indagación de las potencialidades de los mismos en el trabajo etnográfico.

En esta línea, María José Sarrabayrouse Oliveira, en un artículo publicado en el 2011 a partir del análisis de la Causa de la Morgue Judicial iniciada a fines de la última dictadura argentina, indaga sobre las diferentes explicaciones acerca de los procedimientos burocráticos brindadas por médicos y empleados de la Morgue Judicial en sus declaraciones testimoniales, así como sobre las múltiples marcas dejadas por las burocracias judiciales y estatales en su accionar cotidiano durante el terrorismo de Estado. El interés en estos elementos radica, por un lado, en que los mismos permiten entender la forma en que los organismos de derechos humanos fueron construyendo, a partir de estas huellas burocráticas, la “prueba jurídica” que permitió transformar el caso en causa judicial, pero también en que muestran aquello que los antropólogos buscamos develar tras las crípticas inscripciones de los expedientes judiciales: lógicas, relaciones, prácticas y comportamientos. Desde esta perspectiva de análisis, el poder judicial es visto no sólo como un campo heterogéneo en su composición interna, sino como una arena de disputa en la cual se libraron múltiples batallas, tanto en regímenes democráticos como dictatoriales.

Por su parte, Carla Villalta, en un artículo publicado en el año 2010, indaga sobre las condiciones de posibilidad que permitieron la consecución de la apropiación de niños durante el régimen dictatorial a partir del análisis de dos casos de niños que, luego del secuestro de sus padres, fueron ingresados en diferentes instituciones destinadas a la minoridad. En este sentido, la autora sostiene que el terrorismo de Estado conjugó un montaje clandestino para perpetrar las apropiaciones, al tiempo que se valió de procedimientos y técnicas que no eran novedosos ni originales. De ese modo, la apropiación de niños se ensambló –en muchos casos- en las estructuras institucionales y rutinas existentes. Junto con las costumbres y usos burocráticos, estas estructuras pudieron ser refuncionalizadas debido a las características propias del mundo de los funcionarios de la minoridad. Los casos analizados permitieron a la autora, asimismo, analizar el modo en que las categorías utilizadas habitualmente para la clasificación de un sector de la infancia fueron revalorizadas y aplicadas –con otros criterios- a una población diferente de la que habitualmente era objeto de intervención de estas instituciones.

En tercer lugar, el artículo de Josefina Martínez, publicado en el 2009, propone reflexionar sobre la construcción de la filiación a partir de la articulación de las dimensiones biológicas y jurídicas –elementos fundamentales para el establecimiento de la paternidad y la filiación en nuestras sociedades- pero destacando el lugar central que ocupan los contextos sociales para la conformación particular de estas relaciones. Para ello analiza el caso de una hija de desaparecidos, adoptada por sus abuelos maternos, quien en su adultez decide iniciar un proceso judicial de rectificación de la filiación. A partir de este caso, la autora busca inquirir sobre los distintos procedimientos que el aparato judicial pone en juego en el proceso de construcción jurídica de la paternidad y la filiación, así como sobre las condiciones sociales que dieron lugar al carácter atípico del caso y su articulación –también- con la dimensión biológica. Las disputas surgidas entre los distintos actores intervinientes en el caso –tanto familiares como operadores judiciales- ponen en evidencia el carácter histórico de estas relaciones y su existencia como artefactos jurídicos destinados a organizar y clasificar un campo particularmente complejo de las relaciones sociales, aquellas vinculadas al parentesco.

Una tercera línea, enmarca los artículos que se han centrado en el análisis de distintas políticas públicas de la memoria, mostrando la incidencia que el activismo ha tenido sobre la construcción de las mismas.

Publicado originalmente en 2003, el trabajo de Mariana Tello Weiss analiza los efectos que produjo la implementación de una de las políticas estatales que se dio en Argentina con respecto a la dictadura y a las violaciones a los Derechos: la reparación económica a las víctimas del Terrorismo de Estado en el contexto de impunidad previo a la nulidad de las “leyes del perdón”. A partir de allí, la autora reflexiona sobre las diversas actitudes y valores puestos en juego por parte de los familiares ante las reparaciones, evidenciando las tensiones entre los grupos y la heterogeneidad existente. Asimismo, subraya el dilema que implicó la incorporación de dinero en el mundo de los derechos humanos y del activismo de los “familiares” de víctimas de la represión, indagando sobre las tensiones entre el universalismo fundacional de las políticas de derechos humanos y las reinterpretaciones de las mismas por parte de distintos actores, las cuales ponen en escena el carácter local e histórico de la categoría derechos humanos.

Por su parte, Valeria Barbuto, en un artículo publicado en 2012, recalca que en las disputas políticas sobre cómo tratar los crímenes de regímenes previos (sean estos dictaduras, conflictos armados internos, o transiciones inconclusas), la memoria suele ser entendida como un tema del pasado. Sin embargo, la misma constituye un tema de actualidad, “tanto sea por la persistencia de la impunidad, por las obligaciones internacionales adoptadas por los Estados, como por la existencia de actores sociales que la reclamen”. En el caso argentino, la memoria no sólo ha sido considerada como un medio de transformación social, sino que -en el contexto político particular en el que se escribió el artículo- ocupaba un lugar fundamental en las diversas políticas que integraban la agenda democrática. A partir de este postulado, la autora propone indagar sobre los debates locales en torno a los modos de señalización y usos de lugares donde se cometieron crímenes atroces; sobre la creación de espacios memoriales, así como sobre las diversas responsabilidades implicadas en la gestión de estos sitios.

En esta misma línea, Luciana Messina analiza la institucionalización, como lugar de memoria, del ex centro clandestino de detención “Olimpo”, ubicado en el barrio porteño de Floresta. A partir de un sostenido trabajo de campo, Messina reconstruye el proceso histórico y conflictivo mediante el cual un grupo heterogéneo de actores logró ‘marcar’ ese espacio de muerte y terror de Estado, hasta lograr el desarrollo de un “Programa institucional de Memoria en el ex Olimpo” en el 2006, en el marco del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, señala también los dilemas, resistencias y hasta fisiones grupales que supuso para ciertos sectores trabajar o “cogestionar” “con el Estado”, evidenciando la porosidad de la frontera entre lo que llamamos Estado y “sociedad civil”. De manera más general, el texto reconstruye el proceso mediante el cual el “Olimpo” se fue convirtiendo en ícono de la última dictadura a partir de una lucha en la que “sobrevivientes” y familiares de desaparecidos -en conjunción con una creativa movilización barrial- disputaron el protagonismo a los organismos de derechos humanos “históricos”.

Desde distintos puntos de partida, los trabajos que integran este Dossier muestran cómo el Estado, así como las burocracias que lo conforman, constituye un fenómeno heterogéneo, con fronteras muchas veces lábiles.³ Partiendo de esta premisa, resulta fundamental analizar las diferentes formas de acción política y legal de organizaciones sociales, de ciudadanía y de derechos humanos que demandan justicia y ampliación de derechos, porque es en el juego de estas acciones que el Estado se conforma y también se transforma.

Asimismo, los artículos han privilegiado el estudio de casos paradigmáticos de violencia estatal. No sólo por la importancia de este método para la antropología social, sino también porque el activismo por los derechos humanos se ha caracterizado por estructurar su accionar a partir de “casos” que permiten la denuncia de aspectos estructurales de la violencia de Estado y, en ese mismo movimiento, la construcción de potentes “causas” que activan la movilización política y la demanda de justicia en la arena pública. Este accionar particular muestra las tensiones entre la pretensión universalista de la categoría derechos humanos y las características locales que adopta, poniendo en evidencia que –tal como sostienen Fonseca y Cardarello- los derechos humanos en su forma abstracta y descontextualizada poco significan, ya que dicha noción depende de las relaciones de poder forjadas en contextos históricos específicos y expresadas en categorías precisas.⁴ En este sentido, múltiples políticas públicas en este campo pueden ser leídas como resignificación local de categorías más generales, a partir de la apropiación y utilización creativa por parte de los diversos actores intervinientes.

Clifford Geertz afirmaba que los antropólogos trabajamos con las mismas problemáticas abordadas por las otras ciencias sociales –el poder, la autoridad, la violencia-, pero que lo hacemos en contextos lo suficientemente locales como para quitarles las mayúsculas y escribirlos con minúscula.⁵ Partiendo de esta perspectiva consideramos fértil y productivo desarmar los conceptos “violencia de Estado” y “Estado terrorista”, a través de una mirada microscópica que nos permita conocer de un modo más “denso”⁶ el funcionamiento de distintas instituciones estatales, reconstruyendo la trama local de relaciones sociales que las sustentaron y les imprimieron un formato particular.

Textos seleccionados para el dossier

– Da Silva Catela, Ludmila (2002). El mundo de los archivos. En Da Silva Catela, Ludmila y Elizabeth Jelin (comp.), Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Siglo Veintiuno: Madrid, pp. 195-221.

– Garaño, Santiago (2009). Sentidos y prácticas de la resistencia. Memorias de ex presas y presos políticos durante la última dictadura militar argentina. En Historia, Antropología y Fuentes Orales, 41, pp. 5-24.

– Sarrabayrouse Oliveira, María José (2011). Estrategias Jurídicas y Procesos Políticos en el activismo de los derechos humanos: El caso de la Morgue Judicial. En Lex Humana, (3) 1, pp. 207-232.

– Villalta, Carla (2010). Uno de los escenarios de la tragedia: el campo de la “minoridad” y la apropiación criminal de niños. En Villalta, Carla (comp.), Infancia, Justicia y Derechos Humanos. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes: pp.199-243.

– Martínez, María Josefina (2010). La producción social de la filiación y la construcción de una paternidad. En Carla Villalta (comp.), Infancia, Justicia y Derechos Humanos. Bernal: Editorial de la Universidad de Quilmes, pp 285-315.

– Tello, Mariana (2003). La fuerza de la cosa dada: Derechos Humanos, política y moral en las “indemnizaciones” a las víctimas del Terrorismo deEstado en Argentina. En Kant de Lima (coord.), Antropologia e direitos Humanos II. Río de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, pp. 37-74.

– Barbuto, Valeria (2012). Los sitios de la memoria en la agenda de la democracia. En Revista Democacia y Derechos, UNSAM, 3, pp. 125-137.

– Messina, Luciana (2010). La construcción de un lugar de memoria: el caso del ex centro clandestino de detención ‘Olimpo’. En Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 22, pp. 135-144.

1 Ver: Tiscornia, S. et al. (2010). La antropología política y jurídica, entre la etnografía y la historia. En Cuadernos de Antropología Social,32, pp. 7-11.

2 La antropología situacional es definida como aquella “en la cual el antropólogo que tiene la voz se coloca abiertamente como `sujeto´ que habla y anuncia la perspectiva desde la que describe, analiza y juzga (según las circunstancias) al `objeto´ de investigación, y en el mejor de los casos asume la responsabilidad de ‘devolver’ al objeto estudiado los resultados de la investigación, antes de que éstos se empolven en los anaqueles de alguna biblioteca universitaria”. En: Stavenhagen, Rodolfo (2015). Etnografía activista: mi experiencia en la ONU. En Nueva Antropología, XXVIII (83), p.14.

3 Ver: Tiscornia, S. (2004). Introducción. En Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires: Antropofagia; Tiscornia, S. et al. (2010). La antropología política y jurídica, entre la etnografía y la historia. En Cuadernos de Antropología Social, 32, pp.7-11.

4 Fonseca, Claudia y Cardarello, Andrea (2005). Derechos de los más y menos humanos. En: Tiscornia, S. y M. V. Pita (comps), Derechos Humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Antropofagia.

5 Geertz, Clifford (1994). Conocimiento local. Buenos Aires: Paidós.

6 Geertz, Clifford (1995). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

ISSN sección Dossier 2618-415x

Dossier. Más allá de Montoneros: los otros peronismos revolucionarios de los setenta

Mora González Canosa (IdIHCS / UNLP- CONICET)

Fernanda Tocho (IdIHCS / UNLP)

Hace años que el campo de estudios consolidado alrededor de los procesos de activación social, politización y radicalización ocurridos en los años sesenta y setenta viene recibiendo un renovado impulso, que es nutrido desde diferentes perspectivas disciplinares. Con todo, se ha señalado la tendencia de buena parte de la bibliografía a realizar un “doble recorte” al analizar estos procesos, concentrándose en los acontecimientos y actores más resonantes. Es decir, considerando sólo los últimos tramos de esa historia -simplificando así el encadenamiento de conflictos que envolvió al país tras la caída del peronismo-, y privilegiando el estudio de los “partidos armados”, invisibilizando de ese modo buena parte de los actores -políticos, sindicales, culturales, religiosos- que dieron densidad al movimiento de oposición del cual las organizaciones armadas formaron parte.[1] Sin embargo, a nuestro juicio, perder de vista esa trama mayor en la que se inscribieron los grupos armados -de modo complejo y a veces tenso-, conlleva el riesgo de volver incomprensible tanto su emergencia y crecimiento, así como las adhesiones que lograron concitar. A esa tendencia podríamos sumar otra dentro del campo específico de las organizaciones armadas: la concentración de estudios sobre aquellas que resultaron hegemónicas, es decir, el PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros. Se trata de otro recorte que invisibiliza, en este último caso, la gran heterogeneidad y riqueza del peronismo revolucionario, homogeneizando y simplificando su enorme variedad interna.

Ahora bien, también es cierto que desde que este mismo campo de estudios se fue consolidando, contamos con conceptualizaciones que buscaron evitar esos recortes e invisibilizaciones. De ellas, nos referiremos a dos que resultaron especialmente productivas, inspirando la elaboración de diversos estudios empíricos de caso, entre ellos, varios de los que componen el presente dossier. Ambas son el resultado de la sistematización y reflexión sobre lo que originalmente fueron categorías nativas.

En el primer caso, se trata del enfoque de la “nueva izquierda”, desarrollado por Tortti[2] en polémica con diversos trabajos surgidos en la década de los ochenta que, sustentados en una concepción de la política fuertemente consensualista, exploraron el período previo a partir de la revalorización de los métodos democrático-parlamentarios propia de la época de la “transición”.[3] Desde dicha óptica, esos trabajos circunscribieron el fenómeno de la “nueva izquierda” a las organizaciones armadas, enfatizando las diferencias entre su accionar y un vasto movimiento popular de carácter “espontáneo” en que las primeras habrían querido implantarse desde “afuera” y desde “arriba” obstruyendo su carácter democratizador. En abierto contrapunto con aquellos trabajos pioneros, Tortti retomó el concepto de “nueva izquierda” para caracterizar al conjunto de fuerzas sociales y políticas disímiles que desde fines de los sesenta protagonizó un vasto proceso de protesta social y radicalización política que incluyó desde la revuelta cultural y el activismo social, hasta la política revolucionaria y el accionar armado.

Dos son los aportes de ese enfoque que nos interesa destacar en relación con este dossier. Por un lado, que aún reconociendo la importancia que la violencia política y el activismo armado adquirieron en el período, invita a una mirada de conjunto, destacando la importancia de explorar los vínculos gestados entre los distintos grupos, movimientos y organizaciones que protagonizaron el fenómeno. Fueron esos nexos -a veces concretados y otras sólo prometidos o imaginados, exitosos o fallidos, de modalidades variadas y no exentos de tensiones- los que, al decir de Tortti, contribuyeron a que los diversos actores de la “nueva izquierda” se percibieran y fueran percibidos como parte de una misma trama, la del “campo del pueblo” y la “revolución”, generando una poderosa “sensación de amenaza” en el gobierno y los sectores dominantes. En definitiva, creemos que la indagación de esos nexos, particularmente entre política revolucionaria y protesta social, es central para analizar las características del fenómeno, su envergadura, así como las posibilidades de expansión y las limitaciones que enfrentó.

El otro aporte que queremos subrayar también tiene que ver con complejas confluencias y articulaciones. Se trata de la idea de que la “nueva izquierda” debe entenderse como una suerte de magma resultante de las convergencias entre distintas tradiciones político-culturales, no todas ellas incluidas por otros enfoques sobre el tema. Básicamente: el peronismo, el nacionalismo, el catolicismo y la izquierda. De hecho, las rupturas y transformaciones que cada una de esas tradiciones experimentó en el período y los puentes que esas rupturas posibilitaron entre los grupos, movimientos o partidos ligados a todas ellas, fueron claves a la hora de ensanchar los márgenes de la “nueva izquierda”, constituyendo otro factor central para comprender la envergadura que alcanzó.

Se trata, en suma, de una conceptualización que, a diferencia de otras, no circunscribe el fenómeno a las experiencias armadas ni tampoco lo reduce a los itinerarios exclusivos de la izquierda, sin incluir sus múltiples hibridaciones con otras tradiciones políticas.

Elementos coincidentes, en cuanto a su productividad y a los problemas de investigación que permite pensar, podemos encontrar en la caracterización de Lenci sobre la “Tendencia Revolucionaria Peronista”, un término nativo y sumamente recurrente en la bibliografía que la autora recoge y sistematiza como actor específico dentro del campo peronista.[4] Bajo dicho término la autora incluye no sólo al conjunto de las organizaciones armadas peronistas de principios de los años setenta: FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), Montoneros y Descamisados, sino también a las numerosas organizaciones de base que desarrollaron sus actividades en los denominados “frentes de masas”, siendo la Juventud Peronista Regionales ligada a Montoneros la de mayor peso, pero no la única. A su vez, Lenci da cuenta de otros actores menos visibilizados -de variados matices ideológicos, que desarrollaron diversidad de prácticas sociales y políticas y con diferentes posicionamientos respecto de la lucha armada- que acompañaron este proceso de radicalización, confluyendo en la aspiración de unificarse en torno a una “Tendencia Revolucionaria” dentro del peronismo. Tal es el caso de núcleos sindicales combativos herederos de la CGT de los Argentinos, diversas organizaciones de profesionales, sectores de las Ligas Agrarias del noroeste argentino y una enorme variedad de agrupaciones de activistas de diversos ámbitos sociales, así como personalidades del mundo de la cultura.

En síntesis, esta definición amplia y laxa de la Tendencia, como emergente del proceso de radicalización hacia la izquierda de importantes sectores del movimiento peronista, también trasciende la focalización exclusiva en las organizaciones armadas, abriendo nuevas preguntas sobre la diversidad de actores y la multiplicidad de prácticas encaradas desde ese espacio. En este sentido, al igual que el concepto de “nueva izquierda”, es un término que habilita la exploración de los vínculos entre las organizaciones armadas y el activismo social, cultural y político más amplio, rastreando las articulaciones establecidas y las tensiones surgidas, en este caso, específicamente dentro del campo peronista.

Finalmente, aún si nos centramos en las organizaciones armadas de la “Tendencia Revolucionaria del Peronismo”, el panorama no puede reducirse a Montoneros, ni tampoco suponer a esta última como una entidad homogénea. Un conjunto de clivajes, como las diferentes concepciones sobre el movimiento peronista, sus sectores internos y el rol de su líder, la forma de pensar la contradicción principal y el objetivo final del proceso revolucionario que debía desencadenarse en el país o la mejor estrategia y táctica para impulsarla, dividían aguas entre los denominados “movimientistas”, “tendencistas” y “alternativistas”.[5] De hecho, los debates resultaron interminables tanto entre los grupos originarios de Montoneros, como entre las distintas organizaciones armadas peronistas de existencia independiente que desde 1972 comenzaron a fusionarse con aquel grupo, como los Descamisados, las FAR o -antes y después de esa fecha- sectores de las FAP. Todas ellas expresan, además, variadas hibridaciones entre distintas tradiciones político-culturales, uno de los rasgos centrales en la conformación de la “nueva izquierda”. Finalmente, cabe añadir que los clivajes y discusiones mencionadas no se apaciguaron, sino que sumaron nuevos ribetes al calor de un tempo político vertiginoso y en constante aceleración, como muestran las rupturas y disidencias de Montoneros, ya sea la de los “alternativistas” de la organización Montoneros José Sabino Navarro o la de los “movimientistas” de la Juventud Peronista-Lealtad, ya entre 1973 y 1974.

El presente dossier reúne un conjunto de trabajos, mayormente de jóvenes investigadores, que hace tiempo vienen desafiando la tendencia a las diversas invisibilizaciones que hemos esbozado. Es decir, que más allá de la hegemonía adquirida por Montoneros en el período, han indagado o bien en el variado y heterogéneo espectro de las organizaciones armadas del peronismo revolucionario, o bien en las diversas agrupaciones de activistas identificadas con la Tendencia que se ligaron de distintos modos con ellas.

Siguiendo este doble criterio, en el primer grupo de trabajos podemos ubicar cuatro investigaciones: las de Campos, González Canosa, Seminara y Pozzoni.

Por un lado, los artículos de Campos y González Canosa abordan el itinerario de dos organizaciones, provenientes de distintas tradiciones políticas y bien disímiles entre sí, que se fundaron a inicios de los setenta y luego confluyeron en Montoneros: Descamisados y las FAR.

En “Venceremos en un año o venceremos en diez, pero venceremos”. La organización Descamisados: entre la Democracia Cristiana, el peronismo revolucionario y la lucha armada”, Campos aborda algunos ejes de la discusión sobre la transición que hicieron sectores laicos del catolicismo postconciliar hacia la guerrilla peronista a fines de los sesenta. Tomando distancia de las interpretaciones que vieron en los orígenes religiosos de Montoneros y Descamisados un síntoma inalterable de irracionalismo político integrista y mesiánico, el autor propone pensar dicho pasaje como parte del proceso de secularización y modernización que atravesaron grupos cristianos en proceso de peronización y en diálogo con otros sectores de la “nueva izquierda”.  En este sentido, lejos de ver mera continuidad de la cosmovisión religiosa tradicional, Campos aporta elementos para pensar las rupturas producidas en la historia política de los movimientos armados, en particular el proceso de descristianización de la militancia católica.

A partir del análisis de un pasaje que en este caso va desde la izquierda marxista al peronismo, también encontramos la pregunta por las rupturas y las continuidades en el artículo de González Canosa “‘Libres o muertos, jamás esclavos’. Marxismo, peronismo y lucha armada: las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la Argentina de los primeros setenta”. Allí la autora analiza el itinerario de gestación y desarrollo de las FAR considerando que el grupo fue emergente de las reconfiguraciones de la cultura política de la izquierda, es decir, expresión de un “cauce de radicalización política” distinto del que dio lugar al resto de las organizaciones armadas del peronismo. Desde esa perspectiva, la autora evidencia tres procesos convergentes en la trayectoria del grupo. En primer lugar, la existencia de un proceso de doble ruptura respecto de las tradiciones político-ideológicas y las formas de hacer política de los partidos donde los fundadores de las FAR habían iniciado su militancia en los sesenta -es decir, ruptura con tradiciones liberales y antiperonistas y con métodos legales de lucha. En segundo lugar, la persistencia, más allá de esas rupturas, de ciertas huellas de origen que le imprimieron a las FAR su perfil distintivo, al menos durante sus primeros años (1970-1971) -la huella marxista para pensar el peronismo y la huella guevarista para pensar su relación con las masas. Por último, y a la luz de los cambios operados en la coyuntura electoral de 1972, la autora analiza las formas en que tal perfil distintivo experimentó variaciones sustantivas que contribuyen a explicar su posterior acercamiento a Montoneros.

Por su parte, los trabajos de Seminara y Pozzoni abordan dos disidencias de Montoneros, también muy disímiles entre sí: la de los “alternativistas” de la organización Montoneros Sabino Navarro en 1972 y la de los “movimientistas” de la Juventud Peronista-Lealtad.

En “Los Sabino”, Seminara echa luz sobre aspectos muy poco conocidos de la historia de esta organización, cuyo derrotero comenzó a delinearse a partir de un temprano desprendimiento de Montoneros en 1972, desarrollando su actividad política en distintos lugares del país hasta el año 1975. El foco de atención está puesto en la singularidad del grupo respecto de otras organizaciones armadas del peronismo, centralmente: el alternativismo y clasismo de sus postulados, la crítica sin concesiones a la burocracia sindical y las estructuras tradicionales del movimiento y el fuerte cuestionamiento hacia las prácticas de Montoneros, consideradas “foquistas”, “militaristas” y responsables de su aislamiento respecto de la clase trabajadora. Finalmente, la autora brinda elementos que permiten conocer el anclaje nacional que alcanzó la organización, el grado de autonomía organizativa y política que desarrolló, y su inserción -de variado calibre- en diferentes espacios de sociabilidad sindical, universitaria y territorial.

La preocupación por experiencias de disidencia con Montoneros poco exploradas por la historiografía también se encuentra presente en el artículo de Pozzoni “Los orígenes de la Juventud Peronista Lealtad: los ‘soldados de Perón’ (1973-1974)”. Allí la autora reconstruye los orígenes de esta agrupación de carácter “movimientista” analizando los diversos momentos y episodios que, entre junio de 1973 y febrero de 1974, abonaron el camino hacia la ruptura con la conducción de Montoneros. En su análisis, las razones fundamentales de la escisión se vinculan tanto con el rechazo provocado por el cuestionamiento al liderazgo de Perón por parte de los jefes montoneros, como con las dudas respecto de la legitimidad de continuar con la lucha armada en un gobierno democráticamente elegido, debate, este último, que ya había estado presente en el origen mismo de la agrupación.

Por otro lado, hemos seleccionado para el dossier cuatro trabajos que dan cuenta de la variedad de agrupaciones de activistas de la Tendencia que, desarrollando sus prácticas en distintos ámbitos sociales, se ligaron de diversos modos con las organizaciones armadas del peronismo.

En “El desafío institucional: las prácticas políticas no armadas de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires (1973-1974)”, Tocho reconstruye el proceso de incorporación de militantes de la Tendencia a la gestión provincial de Oscar Bidegain, indagando las expectativas, objetivos y sentidos que acompañaron la trayectoria de quienes, aún signados por fuertes tensiones, intentaron conjugar la participación en las estructuras del gobierno democrático con un proyecto revolucionario. En el marco de esta perspectiva, la autora da cuenta de las prácticas políticas desarrolladas en el Ministerio de Asuntos Agrarios, observando un amplio y heterogéneo repertorio de modalidades de acción -institucionales, territoriales, barriales- que los protagonistas inscribían en un programa mayor de cambio de estructuras con vistas a la construcción del denominado “socialismo nacional”.

En una dirección similar, pero profundizando el análisis de las formas de militancia barrial y las prácticas no armadas desplegadas en el territorio, se encuentra el artículo de Robles “La retaguardia revolucionaria. Las unidades básicas controladas por la Juventud Peronista y Montoneros en los barrios populares de la ciudad de La Plata (1972-1975)”. Allí el autor reconstruye pormenorizadamente la red de unidades básicas organizada y controlada por los montoneros en el territorio y período mencionado, con la intención de aportar una descripción empírica sobre los nexos que los sectores populares establecieron con las organizaciones armadas. En este marco, Robles distingue los actores intervinientes, la amplia gama de prácticas desplegadas y las representaciones gestadas sobre diferentes tópicos de gran relevancia en el período: la relación con Perón, el “socialismo nacional” y la lucha armada, dando cuenta de la magnitud -y también de los límites- del proceso de radicalización entre los sectores populares.

Por su parte, el trabajo de Dip “En busca de un relato para la universidad. Reminiscencias reformistas y peronistas en Antropología 3er. mundo (1968-1973)” analiza el proceso de peronización de izquierda de importantes sectores universitarios entre 1966 y 1973, con especial foco en el análisis de la revista Antropología del Tercer Mundo, publicación académica vinculada a las Cátedras Nacionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En particular, indaga cómo se debatió el rol de los intelectuales, la nacionalización del movimiento estudiantil y la cuestión universitaria a través de una publicación con importante incidencia en grupos de docentes, estudiantes e intelectuales que se sumaron al campo del peronismo revolucionario durante esos convulsionados años.

Por último, en “‘Las aventuras de Tendencio’ en la revista Militancia Peronista para la Liberación: humor gráfico para la disputa peronista de los años 70” Stavale analiza las representaciones, críticas y tensiones que expresaron sectores “alternativistas” del campo político-cultural durante el tercer gobierno peronista. La autora se centra en las coyunturas conflictivas que hicieron que el peronismo revolucionario entrara en crisis y en la particular forma en que la tira de humor gráfico condensó la ruptura de este grupo político y editorial con el líder justicialista, su enfrentamiento con los sectores de la derecha peronista y el avance del Estado de excepción, y sus discusiones al interior de la Tendencia, particularmente con la Juventud Peronista y Montoneros.

Textos seleccionados para el dossier

Campos, Esteban (2012). “Venceremos en un año o venceremos en diez, pero venceremos”. La organización Descamisados: entre la Democracia Cristiana, el peronismo revolucionario y la lucha armada. Polhis, 10, pp. 133-145.

González Canosa (2017). “Libres o muertos, jamás esclavos”. Marxismo, peronismo y lucha armada: las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la Argentina de los primeros setenta”. Tempo e Argumento. Revista de História do Tempo Presente, 22, pp. 364 – 395.

Nicolás Dip (2016). En busca de un relato para la universidad. Reminiscencias reformistas y peronistas en Antropología 3er. mundo (1968-1973), E-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 56, pp. 18-35.

Pozzoni, Mariana (2015). Los orígenes de la Juventud Peronista Lealtad: los “soldados de Perón” (1973-1974). Cuadernos del CLAEH, 101, pp. 33-61.

Robles, Horacio (2015). La retaguardia revolucionaria. Las unidades básicas controladas por la Juventud Peronista y Montoneros en los barrios populares de la ciudad de La Plata (1972-1975). En Cristina Tortti, Mauricio Chama y Adrián Celentano, La nueva izquierda argentina (1955-1976). Socialismo, peronismo y revolución (pp. 157-188). Rosario: Prohistoria.

Seminara, Luciana (2015). “Los Sabino”. En Bajo la sombra del ombú. Montoneros Sabino Navarro, historia de una disidencia (pp. 10-29). Buenos Aires: Imago Mundi.

Stavale, Mariela (2017). “Las aventuras de Tendencio” en la revista Militancia Peronista para la Liberación: humor gráfico para la disputa peronista de los años 70. Izquierdas, 35, pp. 1-30.

Tocho, Fernanda (2015). El desafío institucional: las prácticas políticas no armadas de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires (1973-1974). Sociohistórica, 35, pp. 1-22.

[1] Tortti, Cristina (2015). La nueva izquierda argentina. La cuestión del peronismo y el tema de la revolución. En Cristina Tortti, Mauricio Chama y Adrián Celentano (comps.), La nueva izquierda argentina (1955-1976). Socialismo, peronismo y revolución (pp. 15-33). Rosario: Prohistoria.

^[2] Tortti, Cristina (1999). Protesta social y Nueva Izquierda durante el Gran Acuerdo Nacional. En Alfredo Pucciarelli, Alfredo (ed.), La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN (pp. 205-230). Buenos Aires: Eudeba y (2006). La Nueva Izquierda en la historia reciente de la Argentina. Cuestiones de Sociología, 3, pp. 19-32.

^[3] Hilb, Claudia y Lutzky, Daniel (1986), La nueva izquierda argentina: 1960-1980. (Política y violencia). Buenos Aires: CEAL y Ollier, María Matilde (1986), El fenómeno insurreccional y la cultura política. 1969-1973. Buenos Aires: CEAL y (1998), La creencia y la pasión. Buenos Aires: Ariel.

[4] Lenci, Laura (1999). Cámpora al Gobierno, Perón al Poder. La tendencia revolucionaria del peronismo ante las elecciones del 11 de marzo de 1973. En Pucciarelli Alfredo (ed.), op. cit.

[5] Sobre las formas de caracterizar estas corrientes político-ideológicas al interior de la Tendencia, que deben considerarse como posiciones polares típico-ideales puede consultarse Lanusse, Lucas (2005), Montoneros. El mito de sus doce fundadores. Buenos Aires: Vergara y González Canosa, Mora (2015) “Las Organizaciones Armadas Peronistas (OAP): un análisis comparativo de los (re) posicionamientos de las FAR”. En Cristina Tortti, Mauricio Chama y Adrián Celentano (comps.), op. cit.

Gabriela Águila (ISHIR-CONICET / UNR)

La represión estatal y paraestatal que atravesó los años 70 y tuvo su máximo y brutal despliegue en el contexto de la última dictadura militar, constituye un tema relevante en los estudios académicos sobre la historia reciente argentina. Sin embargo, y más allá de su significación como problemática convocante para los investigadores que se ocupan del pasado más cercano, referir a la represión y a sus efectos sociales remite a dimensiones que desbordan las fronteras del mundo académico.

Así, durante más de tres décadas, las demandas de memoria, verdad y justicia vinculadas a los crímenes cometidos por las fuerzas represivas en los años dictatoriales sostuvieron las acciones del movimiento de derechos humanos y, en un plano muy cercano, impulsaron recorridos judiciales no exentos de avances y retrocesos, que se centraron en la investigación de esos delitos y la punición a sus perpetradores. En directa relación con ello, ésta ha sido la principal dimensión sobre la que se configuró la memoria social dominante sobre aquellos años, evidenciando que el ejercicio de la represión y sus correlatos sociales constituye la conexión más visible entre aquel pasado atravesado por las masivas violaciones a los derechos humanos y el presente.

En tal sentido, referir a la represión estatal y paraestatal –y más en general a la violencia política de los años 70– requiere dar cuenta de una problemática compleja sobre la que existen registros, relatos, representaciones y memorias diversas, así como una “verdad histórica” sobre los crímenes de lesa humanidad, probada en los estrados judiciales a lo largo y ancho del país, que inciden y tensionan el campo de estudios específico. No es, ni de lejos –y como sucede con otros temas de la historia reciente–, materia exclusiva de la investigación académica.

Por su parte, y si bien desde los años de la transición investigadores de diversas disciplinas se ocuparon de proveer estudios sobre la dictadura e interpretar la violencia política y represiva, solo recientemente se ha consolidado una línea de estudios que ha puesto el foco en el ejercicio de la represión estatal y paraestatal, adquiriendo carta de ciudadanía en el campo de la historia reciente y mostrando una importante vitalidad.^[1]

Estas indagaciones se han concentrado sobre ciertos temas y objetos de estudio, orientadas a cubrir áreas de vacancia, a dar cuenta de problemas de orden teórico-metodológico, a discutir las conceptualizaciones y a proponer nuevos abordajes sobre la problemática que complejizaran e introdujeran matices al conocimiento disponible sobre la represión y sus efectos sociales, en un proceso de renovación de las miradas que remite en parte al uso de fondos documentales hasta no hace mucho tiempo inaccesibles.

Los textos que componen este dossier constituyen un muestrario acotado de las investigaciones y aportes en la línea de estudios sobre la represión estatal y paraestatal en la historia reciente argentina. Los cruces y articulaciones existentes entre ellos son múltiples, ilustrando la riqueza de este ámbito de estudios y los fértiles intercambios que se vienen desarrollando.

El trabajo de Marina Franco se sitúa en uno de los debates centrales de esta línea de indagación, cual es el de la periodización del ejercicio de la violencia estatal en el siglo XX y en particular en su segunda mitad. Franco pone en debate la coyuntura del golpe de estado de 1976 como un parteaguas, señala continuidades y rupturas y analiza la especificidad del terror de estado en un contexto general de avances represivos, en una puntualización de preguntas y problemas que resultan claves para explicar el proceso represivo en particular y la historia reciente argentina en general.

En una dirección similar, y a la vez que se ha puesto el foco en el largo o mediano plazo, se vienen produciendo una serie de investigaciones cuyo objetivo es reconstruir y analizar en su singularidad la violencia política y represiva que antecedió a la última dictadura. Dos trabajos, los de Hernán Merele y Esteban Pontoriero, convergen en el estudio del interregno constitucional que va entre 1973 y 1976. Merele se centra en la depuración interna del peronismo y el proceso de violencia paraestatal que lo acompañó, una cuestión ampliamente conocida pero que el autor ilumina con nueva luz, al poner en suspenso interpretaciones muy difundidas sobre la Triple A y explorar en su especificidad las dinámicas de la coyuntura. Por su parte, Pontoriero aborda el estudio del principal actor represivo del período, las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército, reconstruyendo las bases doctrinarias y operativas diseñadas para hacer frente a la “subversión” y su articulación con la legislación de defensa y el marco jurídico-normativo que se estableció en el período y operó como condición de posibilidad para la intervención militar en la represión interna.

Centrado en los años iniciales de la dictadura de 1976-83, el trabajo de Santiago Garaño sobre la prisión política pone la atención en otro problema clave en esta línea de investigación: el que refiere a las articulaciones entre las dimensiones clandestinas y legales de la represión. Su estudio revela los modos en los que se vieron involucradas agencias e instituciones estatales, como las cárceles, que actuaban según normativas, leyes y decretos emanados del poder estatal, que se enlazaron con las prácticas clandestinas, ilegales y/o para-legales que caracterizaron al accionar represivo durante la última dictadura, en un abordaje que revela la inconveniencia de miradas dicotómicas para dar cuenta de dichas dinámicas.

Otra dimensión central en los nuevos trabajos sobre la represión tiene que ver con la atención hacia el problema de las escalas de análisis. En particular, el dispar conocimiento de los mapas locales y regionales de la represión ha alentado el desarrollo de un conjunto de investigaciones situadas a escala local-regional sobre el ejercicio y las dinámicas represivas. Estos trabajos han achicado el foco del análisis hacia el despliegue de la violencia estatal en ámbitos territoriales específicos, sin perder de vista la necesidad de establecer diálogos con lo producido para otros espacios o con la “historia nacional”, y contribuyendo a complejizar el conocimiento sobre la represión implementada en distintas escalas y contextos.

En esta línea, mi contribución plantea una serie de problemas que vertebran los estudios sobre la represión, explora las continuidades y rupturas entre la dictadura y los años precedentes, los dispositivos utilizados y los circuitos represivos y el problema de las escalas de análisis, poniendo especial atención en las dinámicas regionales y locales, en las modalidades específicas del accionar represivo y las variaciones registradas en distintos espacios territoriales. Por su parte, y en una perspectiva afín, Pablo Scatizza centra su estudio en las tramas represivas desplegadas en un área relativamente marginal (una “zona fría”) en el plan represivo de las Fuerzas Armadas, la Norpatagonia, explorando tanto la inserción de las fuerzas represivas en una estrategia coordinada a escala nacional como los grados de autonomía operativa y funcional que se evidenciaron en dicho ámbito. Finalmente, el estudio de Ivonne Barragán y Ana Belén Zapata pone en diálogo dos estudios de caso, situados a escala regional y local, introduciendo unas claves de análisis cuya articulación resulta novedosa: por un lado, estudian el rol de la Armada en el despliegue represivo, por otro, vuelven sobre el problema la represión hacia la clase obrera, si bien poniendo el foco en un sector productivo específico, las empresas militares-estatales, y en el proceso de disciplinamiento y represalia hacia sus colectivos de trabajadores.

El dossier se cierra con un artículo de Valeria Manzano, que estudia la relación entre drogas y seguridad nacional en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo se ocupa de una temática a primera vista alejada del objeto de este dossier, pero que sin dudas aporta sugerentes entradas al estudio de las dinámicas estatales en el período de mayor intensidad represiva: la definición ampliada de la “seguridad nacional” en un contexto de radicalización política y social, las continuidades y rupturas en el ejercicio represivo entre dictaduras y democracias, la escalada represiva en la coyuntura de mediados de los años 70, el rol de agencias represivas estatales como la policía, entre otros problemas que vienen ocupando un lugar medular en la línea de estudios sobre la represión estatal y paraestatal.

Textos seleccionados para el dossier:

Franco, Marina (2012). Pensar la violencia estatal en la Argentina del siglo XX. Lucha Armada en la Argentina, Año 8, Anuario 2012, pp. 20-31.

Merele, Hernán (2016). El germen genera sus propios anticuerpos”. La “depuración” interna peronista y el proceso represivo entre 1973-1976, inédito.

Pontoriero, Esteban (2016). «Preparativos de guerra»: Ejército, doctrina antisubversiva y planes represivos en los orígenes el terror de Estado, 1973-1976. Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 5, nº 10, pp. 319-339. Recuperado de http://ruhm.es/index.php/RUHM/article/view/226/197.

Garaño, Santiago. (2009).Pabellones de la muerte: los límites difusos entre la represión legal y la clandestina. Entrepasados, nro. 34, pp. 33-53.

Águila, Gabriela (2013). La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales. En Gabriela Águila y Luciano Alonso (comps.), Procesos represivos y actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur (97-121). Buenos Aires: Prometeo.

Barragán, Ivonne y Zapata, Ana Belén (2015). Dictadura militar y represión a la clase trabajadora. La Armada Argentina, marco doctrinario y operaciones represivas en perspectiva regional para los casos de Ensenada y Bahía Blanca. Diacronie. Studi di Storia Contemporanea: Le dittature militari: fisionomia ed eredità politica, N. 24, 4. Recuperado de http://www.studistorici.com/2015/12/29/barragan-zapata_numero_24/

Scatizza, Pablo (2015). Un Comahue no tan frío. La Norpatagonia argentina en el proyecto represivo de la dictadura militar (1975-1983). Izquierdas, nº 23. Recuperado de http://www.izquierdas.cl/ediciones/2015/numero-23-abril

Manzano, Valeria (2015). The Creation of a Social Problem: Youth Cultures, Drugs, and Politics in Cold War Argentina. Hispanic American Historical Review, 95: 1, pp. 37-69.

[1] La constitución de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER) en 2014 (https://redestudiosrepresion.wordpress.com), la realización de jornadas y mesas temáticas en congresos de la especialidad y la publicación de un libro colectivo para el 40º aniversario del golpe de Estado sobre estas problemáticas, son indicativas de tales derivas historiográficas. Ver Gabriela ÁGUILA, Santiago GARAÑO y Pablo SCATIZZA (coords.), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina: nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado, La Plata, Ediciones FaHCE, Universidad Nacional de La Plata, 2016, http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63

En la última década, los estudios en torno a la última dictadura militar se han multiplicado, fructificando en un número muy grande de tesis, artículos y libros. Se trata a la vez de un área de conocimiento hasta hace no mucho tiempo relativamente inexplorada y de una temática fuertemente atravesada por las demandas sociales de verdad y justicia y enormemente sensible desde el punto de vista político y cultural.
A medida que las afirmaciones más generales y abstractas fueron cediendo paso – o al menos resultaron complementadas o matizadas – al producto de un gran número de investigaciones monográficas, el conocimiento del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se tornó más complejo. Investigaciones dedicadas a la lógica económica de la dictadura o a las características de la estructura del Estado y de las Fuerzas Armadas en el período mostraron la imposibilidad de sostener la existencia de un proyecto único que trascendiera el despliegue del terrorismo de estado; los trabajos sobre la reconfiguración de la burocracia en los distintos niveles del estado demuestran marcados niveles de continuidad con períodos previos, y hasta la periodización misma que enmarca el comienzo y fin del período ha sido puesta en cuestión por aquellos que estudian el despliegue represivo en el mediano plazo y las zonas grises entre legalidad e ilegalidad.
En este contexto, nuevas preguntas han orientado a un conjunto no menor de investigaciones que han indagado menos en las conductas de los grupos dirigentes de distinto nivel que entre lo que se ha denominado la “gente corriente”, y menos en busca de totales complicidades con el régimen o resistencias absolutas, que de una gama de actitudes complejas y no pocas veces contradictorias. Con enfoques no pocas veces inspirados en estudios acerca de las sociedades europeas bajo regímenes dictatoriales -entre los que han resultado muy influyentes autores como Kershaw, Mason, Saz, Burrin, Passerini, o el propio De Felice – los estudios sobre actitudes sociales se han comenzado a desarrollar en nuestra historiografía de un modo aún incipiente, intentando reintegrar la complejidad al análisis a través de estudios que intentan integrar una multiplicidad de dimensiones y una mayor atención a las no pocas veces contradictorias motivaciones de los actores-
Este dossier se compone de siete textos que participan de este esfuerzo colectivo de comprensión de un pasado que, no por horrorosa resulta inexplicable. El de Gabriela Águila, “Violencia política, represión y actitudes sociales en la historia argentina reciente”, recorre de manera crítica la historiografía reciente sobre esos temas, señalando la necesidad de multiplicar los estudios que den cuenta de una heterogeneidad social que resiste toda simplificación o generalización excesiva.
Tres trabajos analizan el mundo de los trabajadores, a través de miradas definitivamente separadas de toda simplificación dicotómica. El de Daniel Dicósimo analiza una serie de conflictos laborales desarrollados entre 1976 y 1983, conceptualizados a partir de la compleja relación entre consentimiento y conflicto, resultado de la adaptación a las específicas condiciones de trabajo desarrolladas en aquel período de la obediencia condicionada de los trabajadores. Eleonora Bretal coteja las muy distintas percepciones sobre el pasado dictatorial de trabajadores industriales con pasados militantes en la izquierda y de aquellos que “no estaban metidos en nada”, destacándose que para estos, el establecimiento de la dictadura no significó un corte significativo, con lo que la violencia estatal y los procesos de disciplinamiento pudieron no haber significado cambios sustanciales en ciertas dimensiones de su experiencia cotidiana, más visibles y tangibles, en los lugares de trabajo y de residencia. Algunos de estos ex-obreros explicaron su postura de “no estar metidos en nada” a partir de valores propios de la cultura del trabajo como el esfuerzo, la dedicación en las actividades laborales diarias, o ganar el sustento familiar con el dinero resultado de la labor cotidiana, mientras mostraron como opuestos a los valores de la cultura del trabajo el activismo político y/o gremial. Esta modalidad de economía moral de este grupo de trabajadores resulta una explicación convincente, que se aleja de interpretaciones centradas puramente en la esfera de las afinidades y enfrentamientos exclusivamente políticos. En su contribución, fundada sobre un estado de la cuestión de la producción académica sobre los trabajadores bajo la dictadura, Victoria Basualdo critica las miradas dicotómicas que enfrentan tajantemente las posiciones de resistencia y de pasividad, que suelen además vincular esos términos con los de oposición política a la dictadura, en el primer caso, y con indiferencia o incluso apoyo, en el segundo. Sostiene en cambio que, coexistieron a lo largo del período la inmovilidad y el movimiento de la clase trabajadora, que asumieron distintos significados y que fueron variando a lo largo del período, de acuerdo con los contextos geográficos y con las concepciones de cada sector de la clase trabajadora.
En “Las fuentes de oposición exiliar y el estudio de las actitudes sociales durante el último gobierno militar (1976-1979)”, Silvina Jensen explorara las potencialidades de las fuentes producidas en el exilio para abordar las relaciones entre régimen castrense y sociedad civil entre el golpe de estado de marzo de 1976 y la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas de la OEA en septiembre de 1979, a través del examen de los modos en que dos organizaciones – CADHU y COSOFAM – consideraron las mencionadas relaciones entre régimen castrense y sociedad civil en aquellos años.
También referida a la temática exilar, la contribución de Marina Franco en “Algunas reflexiones en torno al acto de exilio en el pasado reciente argentino” presenta una interpretación acerca de los sentidos que acarrea la consideración de los exiliados como víctimas puras. La autora presenta en contraste una concepción que los postula como actores que contaron con un margen de acción que – aunque restringido –les devuelve a los fines analíticos la capacidad de agencia, y poder pensar por tanto que el exilio fue una actitud posible frente a la dictadura y no una imposición ineludible.
Por último, Luciano Alonso recurre en “Defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras regresivas. Los casos de Argentina y Uruguay en perspectiva comparada” a dicha estrategia para comprender la especificidad de esas organizaciones en cada caso nacional, a través de un ejercicio de sociología histórica en el que las claves de índole política, las referidas a los regímenes de violencia y a las escalas geográficas y demográficas resultan las variables explicativas fundamentales.

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