ISSN sección Dossier 2618-415x

Dossier. Violencia de Estado, burocracias y activismo de los derechos humanos: Aportes de la Antropología Social al estudio del pasado reciente dictatorial argentino

Santiago Garaño (CONICET/UNTREF)

María José Sarrabayrouse Oliveira (CONICET/UBA)

En Argentina, desde el retorno de la democracia a la actualidad, la Antropología Social ha realizado aportes significativos al estudio del pasado reciente dictatorial, los procesos sociales de memoria y las luchas del activismo de los derechos humanos para obtener verdad y justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años. En función de ello, el presente dossier reúne un conjunto de artículos que analizan etnográfica e históricamente diversos casos de violencia de Estado, reflexionan sobre las estrategias jurídicas y políticas del activismo de los derechos humanos para denunciar/impugnar dicha violencia en la esfera pública y debaten sobre el funcionamiento de las burocracias, fundamentalmente en el contexto del pasado reciente. Como se podrá ver, los abordajes etnográficos se encuentran en el cruce entre la Antropología Política y Jurídica, los Estudios de Memoria y la Historia Reciente argentina, partiendo de un trabajo de campo no tradicional que supone, en varios casos, el trabajo con archivos y la lectura y análisis de documentos y expedientes judiciales, a fin de reconstruir largos procesos históricos y sociales.

Los trabajos aquí presentados se inscriben en una agenda de temas, problemas y objetos de investigación que han caracterizado a nuestra disciplina desde la post-dictadura y que han implicado abordar, desde un campo intelectual naciente, una serie de cuestiones centrales de la transición democrática: el activismo de los derechos humanos, la violación sistemática de los derechos humanos y las memorias de esas experiencias de represión política, así como las rupturas y continuidades entre regímenes dictatoriales y democráticos, especialmente en las Fuerzas Armadas y de seguridad y también en las instituciones judiciales.

Desde 2003 en adelante se ha producido una sinergia entre estas distintas líneas de investigación y una serie de procesos sociales y políticos que favorecieron notablemente su desarrollo. Por un lado, la reapertura de los juicios de lesa humanidad –impulsados tanto por la acción del Estado como por la labor desplegada por distintos organismos de derechos humanos– permitió avanzar en el juzgamiento a los responsables de las masivas violaciones a los derechos humanos. En forma paralela, diversas políticas públicas promovidas tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales y locales, se plasmaron en la creación de Archivos, Museos y Sitios de Memoria. Por otro lado, y de modo contemporáneo, se produjo una notable expansión del sistema científico-tecnológico y universitario, que nos ha permitido contar con una dedicación mayor a las tareas de investigación. Este campo de estudios se ha consolidado gracias al cruce de estas políticas públicas, y la mayoría de los artículos son el resultado de estos procesos. La publicación de este Dossier se da en un momento en que tanto las políticas de memoria y justicia como las de educación y ciencia son duramente golpeadas por la gestión de la Alianza Cambiemos.

Este campo de estudio presenta, asimismo, una fuerte articulación entre investigación, gestión y activismo. Es por ello que es posible afirmar que nuestra reflexión –y nuestra praxis política y académica– ha sido paralela, en parte, al desarrollo del movimiento de derechos humanos argentino. Esto se debe a que han sido el activismo y la movilización política los que, a través de creativas estrategias políticas y jurídicas, han puesto en la agenda pública una serie de conflictos sociales en clave de violación a los derechos humanos¹ y, gracias a la movilización, han convertido esos sucesos en “casos” paradigmáticos de represión estatal. En la mayoría de los casos estudiados, el análisis se ha efectuado a partir del trabajo desplegado por el activismo de distintos actores del movimiento de derechos humanos que –previamente o de manera contemporánea a la investigación– impugnaron y denunciaron aquellos crímenes de estado; iluminando, a su vez, las tramas locales de la represión política.

De hecho, algunos de los autores de este Dossier han sido/son actores fundamentales en la puesta en marcha de políticas públicas de la memoria, sus interpretaciones han permeado muy fuertemente el activismo de los derechos humanos, e incluso han declarado como “testigos de contexto” en juicios por delitos de lesa humanidad. En este sentido, los artículos aquí reunidos presentan la impronta de trabajos de investigación comprometidos con el campo de los derechos humanos y que buscan la incidencia en la agenda pública. De esta manera, el Dossier constituye también una reflexión sobre el rol que distintos cientistas sociales han jugado en la implementación de estas políticas públicas, su relación con el activismo en derechos humanos, así como con distintas oficinas e instituciones estatales. En función de lo antedicho, es posible afirmar que los artículos seleccionados ubican a sus autores traspasando lo que se conoce como antropología situacional², para ubicarlos, como sostiene Stavenhagen, en el lugar de “etnógrafos activistas”.

Un primer grupo de artículos, está conformado por los trabajos de Da Silva Catela y Garaño, quienes reflexionan sobre los desafíos que presenta el trabajo con archivos y documentos y las tensiones presentes a partir de las entrevistas y testimonios de los actores.

En su artículo “El mundo de los archivos”, publicado en el 2002 en el marco del Programa “Memorias de la Represión” (dirigido por Elizabeth Jelin), Ludmila Da Silva Catela sostiene al referirse a los archivos de la represión que, en la medida en que estos fueron elaborados, alimentados y mantenidos por personas, grupos e instituciones, hacer una etnografía de los mismos supone considerarlos, antes que como restos del pasado, como construcciones e instrumentos de clasificación del mundo de los agentes que los produjeron. Una etnografía de los archivos de la represión no puede pensar los documentos “sueltos”, desatendiendo la lógica clasificatoria de quien los ejecutó y clasificó, y los modos en que fueron construidas esas fuentes. Estos acervos, pensados como “territorios de memoria” a los que el investigador puede acceder, deben ser considerados como espacios a partir de los cuales se puede construir conocimiento atendiendo a las formas de organización, a las lógicas clasificatorias, a la ubicación de los espacios, y no solamente al documento en sí. La creencia de que allí está escondida “la verdad” sobre los años de la represión, muchas veces se ve traicionada ante la realidad de que estos “papeles” brindan información ya conocida a través de los relatos de las víctimas pero esta vez documentada “y por ende con mayor legitimidad, credibilidad y facultades para su uso como prueba judicial”. De allí la necesidad de analizar los contextos de producción, la historia de la deriva de los documentos hasta su selección y depósito en un acervo o centro de documentación; las reglas y guardianes que controlan el acceso al público; y, por último, los usos múltiples e incluso opuestos que se puede hacer de los mismos.

Por su parte, el trabajo de Santiago Garaño, originalmente publicado en 2009, analiza la historicidad de las memorias de la prisión política a partir del valor moral de la “resistencia”, que organizó la experiencia carcelaria de los detenidos políticos durante la vigencia del estado de sitio (1974-1983). En particular, plantea un contrapunto entre testimonios de ex presas y ex presos políticos y documentos partidarios (centralmente del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo y de Montoneros), que evidencia cómo este concepto estuvo atravesado por fuertes disputas entre distintos grupos políticos y mandatos partidarios, altamente estandarizados, sobre cómo evitar ser “destruidos” por las políticas carcelarias desplegadas por el personal penitenciario y militar contra el conjunto de los presos políticos. Para Garaño, el análisis de esos documentos –elaborados por prisioneros desde mediados de los años ’70– permite revelar prácticas y sentidos implícitos bajo el concepto de “resistencia” a las políticas de “aniquilamiento”, sentidos que son opacos cuando se toma la opción metodológica de realizar sólo entrevistas en profundidad a ex presas y presos políticos. En función de ello, el autor argumenta que, antes que meros recuerdos (elaborados desde el presente), los testimonios de ex prisioneros políticos anclan en una experiencia carcelaria fuertemente estandarizada y revelan mandatos partidarios, cuyas huellas podemos rastrear actualmente en las memorias.

Un segundo conjunto de trabajos está integrado por artículos que han puesto el énfasis en el análisis de expedientes y casos judiciales, tanto para la reconstrucción de determinadas lógicas y procedimientos, como para la indagación de las potencialidades de los mismos en el trabajo etnográfico.

En esta línea, María José Sarrabayrouse Oliveira, en un artículo publicado en el 2011 a partir del análisis de la Causa de la Morgue Judicial iniciada a fines de la última dictadura argentina, indaga sobre las diferentes explicaciones acerca de los procedimientos burocráticos brindadas por médicos y empleados de la Morgue Judicial en sus declaraciones testimoniales, así como sobre las múltiples marcas dejadas por las burocracias judiciales y estatales en su accionar cotidiano durante el terrorismo de Estado. El interés en estos elementos radica, por un lado, en que los mismos permiten entender la forma en que los organismos de derechos humanos fueron construyendo, a partir de estas huellas burocráticas, la “prueba jurídica” que permitió transformar el caso en causa judicial, pero también en que muestran aquello que los antropólogos buscamos develar tras las crípticas inscripciones de los expedientes judiciales: lógicas, relaciones, prácticas y comportamientos. Desde esta perspectiva de análisis, el poder judicial es visto no sólo como un campo heterogéneo en su composición interna, sino como una arena de disputa en la cual se libraron múltiples batallas, tanto en regímenes democráticos como dictatoriales.

Por su parte, Carla Villalta, en un artículo publicado en el año 2010, indaga sobre las condiciones de posibilidad que permitieron la consecución de la apropiación de niños durante el régimen dictatorial a partir del análisis de dos casos de niños que, luego del secuestro de sus padres, fueron ingresados en diferentes instituciones destinadas a la minoridad. En este sentido, la autora sostiene que el terrorismo de Estado conjugó un montaje clandestino para perpetrar las apropiaciones, al tiempo que se valió de procedimientos y técnicas que no eran novedosos ni originales. De ese modo, la apropiación de niños se ensambló –en muchos casos- en las estructuras institucionales y rutinas existentes. Junto con las costumbres y usos burocráticos, estas estructuras pudieron ser refuncionalizadas debido a las características propias del mundo de los funcionarios de la minoridad. Los casos analizados permitieron a la autora, asimismo, analizar el modo en que las categorías utilizadas habitualmente para la clasificación de un sector de la infancia fueron revalorizadas y aplicadas –con otros criterios- a una población diferente de la que habitualmente era objeto de intervención de estas instituciones.

En tercer lugar, el artículo de Josefina Martínez, publicado en el 2009, propone reflexionar sobre la construcción de la filiación a partir de la articulación de las dimensiones biológicas y jurídicas –elementos fundamentales para el establecimiento de la paternidad y la filiación en nuestras sociedades- pero destacando el lugar central que ocupan los contextos sociales para la conformación particular de estas relaciones. Para ello analiza el caso de una hija de desaparecidos, adoptada por sus abuelos maternos, quien en su adultez decide iniciar un proceso judicial de rectificación de la filiación. A partir de este caso, la autora busca inquirir sobre los distintos procedimientos que el aparato judicial pone en juego en el proceso de construcción jurídica de la paternidad y la filiación, así como sobre las condiciones sociales que dieron lugar al carácter atípico del caso y su articulación –también- con la dimensión biológica. Las disputas surgidas entre los distintos actores intervinientes en el caso –tanto familiares como operadores judiciales- ponen en evidencia el carácter histórico de estas relaciones y su existencia como artefactos jurídicos destinados a organizar y clasificar un campo particularmente complejo de las relaciones sociales, aquellas vinculadas al parentesco.

Una tercera línea, enmarca los artículos que se han centrado en el análisis de distintas políticas públicas de la memoria, mostrando la incidencia que el activismo ha tenido sobre la construcción de las mismas.

Publicado originalmente en 2003, el trabajo de Mariana Tello Weiss analiza los efectos que produjo la implementación de una de las políticas estatales que se dio en Argentina con respecto a la dictadura y a las violaciones a los Derechos: la reparación económica a las víctimas del Terrorismo de Estado en el contexto de impunidad previo a la nulidad de las “leyes del perdón”. A partir de allí, la autora reflexiona sobre las diversas actitudes y valores puestos en juego por parte de los familiares ante las reparaciones, evidenciando las tensiones entre los grupos y la heterogeneidad existente. Asimismo, subraya el dilema que implicó la incorporación de dinero en el mundo de los derechos humanos y del activismo de los “familiares” de víctimas de la represión, indagando sobre las tensiones entre el universalismo fundacional de las políticas de derechos humanos y las reinterpretaciones de las mismas por parte de distintos actores, las cuales ponen en escena el carácter local e histórico de la categoría derechos humanos.

Por su parte, Valeria Barbuto, en un artículo publicado en 2012, recalca que en las disputas políticas sobre cómo tratar los crímenes de regímenes previos (sean estos dictaduras, conflictos armados internos, o transiciones inconclusas), la memoria suele ser entendida como un tema del pasado. Sin embargo, la misma constituye un tema de actualidad, “tanto sea por la persistencia de la impunidad, por las obligaciones internacionales adoptadas por los Estados, como por la existencia de actores sociales que la reclamen”. En el caso argentino, la memoria no sólo ha sido considerada como un medio de transformación social, sino que -en el contexto político particular en el que se escribió el artículo- ocupaba un lugar fundamental en las diversas políticas que integraban la agenda democrática. A partir de este postulado, la autora propone indagar sobre los debates locales en torno a los modos de señalización y usos de lugares donde se cometieron crímenes atroces; sobre la creación de espacios memoriales, así como sobre las diversas responsabilidades implicadas en la gestión de estos sitios.

En esta misma línea, Luciana Messina analiza la institucionalización, como lugar de memoria, del ex centro clandestino de detención “Olimpo”, ubicado en el barrio porteño de Floresta. A partir de un sostenido trabajo de campo, Messina reconstruye el proceso histórico y conflictivo mediante el cual un grupo heterogéneo de actores logró ‘marcar’ ese espacio de muerte y terror de Estado, hasta lograr el desarrollo de un “Programa institucional de Memoria en el ex Olimpo” en el 2006, en el marco del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, señala también los dilemas, resistencias y hasta fisiones grupales que supuso para ciertos sectores trabajar o “cogestionar” “con el Estado”, evidenciando la porosidad de la frontera entre lo que llamamos Estado y “sociedad civil”. De manera más general, el texto reconstruye el proceso mediante el cual el “Olimpo” se fue convirtiendo en ícono de la última dictadura a partir de una lucha en la que “sobrevivientes” y familiares de desaparecidos -en conjunción con una creativa movilización barrial- disputaron el protagonismo a los organismos de derechos humanos “históricos”.

Desde distintos puntos de partida, los trabajos que integran este Dossier muestran cómo el Estado, así como las burocracias que lo conforman, constituye un fenómeno heterogéneo, con fronteras muchas veces lábiles.³ Partiendo de esta premisa, resulta fundamental analizar las diferentes formas de acción política y legal de organizaciones sociales, de ciudadanía y de derechos humanos que demandan justicia y ampliación de derechos, porque es en el juego de estas acciones que el Estado se conforma y también se transforma.

Asimismo, los artículos han privilegiado el estudio de casos paradigmáticos de violencia estatal. No sólo por la importancia de este método para la antropología social, sino también porque el activismo por los derechos humanos se ha caracterizado por estructurar su accionar a partir de “casos” que permiten la denuncia de aspectos estructurales de la violencia de Estado y, en ese mismo movimiento, la construcción de potentes “causas” que activan la movilización política y la demanda de justicia en la arena pública. Este accionar particular muestra las tensiones entre la pretensión universalista de la categoría derechos humanos y las características locales que adopta, poniendo en evidencia que –tal como sostienen Fonseca y Cardarello- los derechos humanos en su forma abstracta y descontextualizada poco significan, ya que dicha noción depende de las relaciones de poder forjadas en contextos históricos específicos y expresadas en categorías precisas.⁴ En este sentido, múltiples políticas públicas en este campo pueden ser leídas como resignificación local de categorías más generales, a partir de la apropiación y utilización creativa por parte de los diversos actores intervinientes.

Clifford Geertz afirmaba que los antropólogos trabajamos con las mismas problemáticas abordadas por las otras ciencias sociales –el poder, la autoridad, la violencia-, pero que lo hacemos en contextos lo suficientemente locales como para quitarles las mayúsculas y escribirlos con minúscula.⁵ Partiendo de esta perspectiva consideramos fértil y productivo desarmar los conceptos “violencia de Estado” y “Estado terrorista”, a través de una mirada microscópica que nos permita conocer de un modo más “denso”⁶ el funcionamiento de distintas instituciones estatales, reconstruyendo la trama local de relaciones sociales que las sustentaron y les imprimieron un formato particular.

Textos seleccionados para el dossier

– Da Silva Catela, Ludmila (2002). El mundo de los archivos. En Da Silva Catela, Ludmila y Elizabeth Jelin (comp.), Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Siglo Veintiuno: Madrid, pp. 195-221.

– Garaño, Santiago (2009). Sentidos y prácticas de la resistencia. Memorias de ex presas y presos políticos durante la última dictadura militar argentina. En Historia, Antropología y Fuentes Orales, 41, pp. 5-24.

– Sarrabayrouse Oliveira, María José (2011). Estrategias Jurídicas y Procesos Políticos en el activismo de los derechos humanos: El caso de la Morgue Judicial. En Lex Humana, (3) 1, pp. 207-232.

– Villalta, Carla (2010). Uno de los escenarios de la tragedia: el campo de la “minoridad” y la apropiación criminal de niños. En Villalta, Carla (comp.), Infancia, Justicia y Derechos Humanos. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes: pp.199-243.

– Martínez, María Josefina (2010). La producción social de la filiación y la construcción de una paternidad. En Carla Villalta (comp.), Infancia, Justicia y Derechos Humanos. Bernal: Editorial de la Universidad de Quilmes, pp 285-315.

– Tello, Mariana (2003). La fuerza de la cosa dada: Derechos Humanos, política y moral en las “indemnizaciones” a las víctimas del Terrorismo deEstado en Argentina. En Kant de Lima (coord.), Antropologia e direitos Humanos II. Río de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, pp. 37-74.

– Barbuto, Valeria (2012). Los sitios de la memoria en la agenda de la democracia. En Revista Democacia y Derechos, UNSAM, 3, pp. 125-137.

– Messina, Luciana (2010). La construcción de un lugar de memoria: el caso del ex centro clandestino de detención ‘Olimpo’. En Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 22, pp. 135-144.

1 Ver: Tiscornia, S. et al. (2010). La antropología política y jurídica, entre la etnografía y la historia. En Cuadernos de Antropología Social,32, pp. 7-11.

2 La antropología situacional es definida como aquella “en la cual el antropólogo que tiene la voz se coloca abiertamente como `sujeto´ que habla y anuncia la perspectiva desde la que describe, analiza y juzga (según las circunstancias) al `objeto´ de investigación, y en el mejor de los casos asume la responsabilidad de ‘devolver’ al objeto estudiado los resultados de la investigación, antes de que éstos se empolven en los anaqueles de alguna biblioteca universitaria”. En: Stavenhagen, Rodolfo (2015). Etnografía activista: mi experiencia en la ONU. En Nueva Antropología, XXVIII (83), p.14.

3 Ver: Tiscornia, S. (2004). Introducción. En Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires: Antropofagia; Tiscornia, S. et al. (2010). La antropología política y jurídica, entre la etnografía y la historia. En Cuadernos de Antropología Social, 32, pp.7-11.

4 Fonseca, Claudia y Cardarello, Andrea (2005). Derechos de los más y menos humanos. En: Tiscornia, S. y M. V. Pita (comps), Derechos Humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Antropofagia.

5 Geertz, Clifford (1994). Conocimiento local. Buenos Aires: Paidós.

6 Geertz, Clifford (1995). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

Desde el retorno de la democracia hasta nuestros días, diversas disciplinas de las ciencias sociales han estudiado los discursos y las prácticas de los organismos de derechos humanos (en adelante ODH), nacidos en su mayoría al calor del terrorismo de Estado. {{1}} Durante los años ochenta, la idea de “movimiento” fue central como categoría analítica capaz de dar cuenta de la novedad que suponía el colectivo compuesto por los ODH. Una serie de trabajos, algunos elaborados muy tempranamente, mostró la especificidad de este colectivo, sus matices internos, sus diferentes modos de evaluar las experiencias políticas de los años setenta, sus posiciones respecto de la dictadura y del incipiente gobierno democrático. {{2}} Bajo una lógica argumental en la que primaba la distinción entre “sociedad civil” y “sociedad política”, los actores cuyas demandas se indagaban (los ODH y otras organizaciones que se fueron sumando a sus reclamos) aparecían distanciados de las agencias estatales, con diverso grado de enfrentamiento. El Estado, por su parte, era concebido como una institución poco permeada por las organizaciones humanitarias, que en algunas ocasiones respondía satisfactoriamente a sus demandas, como en el caso del Juicio a las Juntas.

[[1]] Los organismos denominados “ocho históricos” por la bibliografía, ordenados por su fecha de creación, son: Liga Argentina por los Derechos del Hombre (1937), Servicio de Paz y Justicia (1974), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (1975), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (1976), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (1976), Madres de Plaza de Mayo (1977), Abuelas de Plaza de Mayo (1977), y Centro de Estudio Legales y Sociales (1979. [[1]]
[[2]] Tales son los casos de: Jelin, Elizabeth (1985), “Los movimientos sociales en la Argentina contemporánea: una introducción a su estudio” en Jelin, E (comp.) Los nuevos movimientos sociales, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina; Sonderéguer, María (1985), “Aparición con vida. (El movimiento de derechos humanos en Argentina)” en Jelin, Elizabeth (comp.), op.cit. ; pp. 7-32; González Bombal, Inés y María Sonderéguer (1987), “Derechos humanos y democracia”, en Elizabeth Jelin (comp.), Movimientos sociales y democracia emergente, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina; pp. 85-112; y Veiga, Raúl (1985), Las organizaciones de derechos humanos, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. [[2]]

A medida que los años pasaban, la democracia se consolidaba, los gobiernos retrocedían en el cumplimiento de las demandas de encarcelar a los responsables del terrorismo de Estado y los ODH comenzaron a apelar a la “memoria” como un reclamo que se complementaba con el de “verdad y justicia” por los crímenes cometidos. En esa misma línea, la “memoria” como categoría de análisis comenzó a tener centralidad en la bibliografía que abordaba a estos actores. Muchos de estos trabajos abrevaban en las producciones desarrolladas en los países europeos que habían sufrido experiencias de exterminio a mediados del siglo pasado. Los textos dedicados a estos temas comenzaron a poner el foco, por un lado, en los cambios en la cultura política que había traído consigo la expansión del lenguaje de los “derechos humanos” (lo que implicaba la existencia de nuevos actores), y por el otro, en las jerarquías internas que estructuraban ese colectivo de organizaciones en términos de legitimidad, cuyas posiciones de privilegio eran ocupadas por los organismos formados por familiares directos de las víctimas de la dictadura. {{3}}
[[3]] Por ejemplo, los siguientes libros: AA.VV. (1995), Juicio, Castigos y Memoria. Derechos humanos y justicia en la política argentina , Buenos Aires, Nueva Visión; Groppo, Bruno y Patricia Flier (comps.) (2001), La imposibilidad del olvido , La Plata, Ediciones Al Margen; Jelin, Elizabeth (2002), Los trabajos de la memoria , Buenos Aires, Siglo XXI Editores (y la colección de diez volúmenes que sucedió a este libro). [[3]]

A fines de la década del noventa surgen algunos trabajos cuya novedad consiste en que comienzan a indagar en las zonas de porosidades entre ese colectivo llamado “movimiento de derechos humanos” y las distintas agencias estatales dedicadas a satisfacer o incluso promover sus históricas demandas. A su vez, varios de estos trabajos se concentran no sólo en los discursos, las “memorias”, de estos actores, sino también en las prácticas orientadas a sostener esas memorias y a defender los derechos humanos, muchas de las cuales implican la implementación de políticas públicas en articulación con diferentes agencias estatales.

Haciendo un uso algo flexible de la idea de “campo” de Bourdieu, creemos que el “campo de los derechos humanos y la memoria” es una categoría que permite dar cuenta del espacio social conformado por los organismos de derechos, otros actores que comparten sus demandas (sindicatos, asociaciones profesionales, agrupaciones estudiantiles, periodistas, intelectuales, investigadores, etc.) y las agencias del Estado, que desde el retorno de la democracia hasta nuestros días han tenido diversas respuestas frente a las demandas de estos actores. Esta incorporación del Estado dentro del campo permite comprender de mejor modo la porosidad entre estas instituciones y el resto de los actores sociales. {{4}}
[[4]] Para una argumentación más completa sobre la pertinencia de esta categoría se puede ver mi tesis doctoral “´Ampliar el círculo de los que recuerdan´. La inscripción de la Comisión Provincial por la Memoria en el campo de los derechos humanos y la memoria (1999-2009)”, disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=tesis&d=Jte1313. [[4]]

A su vez, tal como lo piensa Bourdieu, hacia dentro del campo, el reparto del capital no es homogéneo, lo que se refleja en las diferentes legitimidades que tienen los actores. Esta categoría permite además comprender muchas de las disputas que han atravesado al movimiento de derechos humanos, cuya heterogeneidad en ocasiones se ha transformado en enfrentamientos internos. Buena parte de las disputas entre estos actores puede entenderse porque comparten un interés en jugar el juego del campo, la illusio en términos de Bourdieu. Es decir, están interesados en definir qué son los “derechos humanos” (¿deben defenderse sólo los derechos violados en el pasado, en dictadura, o también hay que denunciar las violaciones del presente?) y cómo se llena de contenido el significante “memoria” (por citar sólo una tensión: ¿las víctimas del terrorismo de Estado deben ser recordadas en tanto víctimas o además es necesario recuperar o incluso reivindicar sus luchas políticas, aún aquellas realizadas en el marco de la lucha armada?).

Los textos aquí presentados abordan la lógica del campo de los derechos humanos desde distintas miradas. En primer lugar, el texto de Virginia Vecchioli es una pequeña etnografía realizada en la ciudad de Buenos Aires entre 1998 y 2000, durante el proceso de armado de una nómina que daría cuerpo a un homenaje a las “víctimas del terrorismo de Estado”. El principal rasgo de originalidad de este trabajo es que su objeto es de naturaleza mixta (la comisión que debe armar la nómina está compuesta por legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de organismos de derechos humanos) lo que desarma la distinción tajante entre “sociedad civil” y “sociedad política” que sostenía buena parte de la bibliografía. En segundo lugar, el texto resulta valioso porque la autora no solidifica las identidades de los militantes y los representantes estatales; a partir de un análisis de las trayectorias de estos actores, el trabajo construye una mirada que no toma de modo excluyente nociones como “militante de DH” y “agente estatal”. Por último, otro aporte del texto se funda en que, a partir de un objeto de análisis relativamente acotado, problematiza algunos temas que son centrales para el campo: ¿cómo definir a las “víctimas”? ¿Quién las define? ¿Qué disputas cruzan esta definición y quién porta el capital para dirimir estos desacuerdos? En ese sentido, el trabajo muestra cómo las decisiones de los agentes estatales revelan y a la vez refuerzan las legitimidades ganadas en el campo.

El texto de Emilio Crenzel, al igual que el de Vecchioli, toma una institución mixta: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Persona (CONADEP). Se trata de una institución que pese a su relevancia histórica y política hasta esta investigación, publicada en 2008, no había sido indagada con esta profundidad. El libro titulado La historia política del Nunca Más es central para comprender la lógica del campo en la medida en que pone el foco en un objeto (la CONADEP y su producto, el Nunca Más) de un modo sumamente original, dando cuenta de la zona de articulación existente, ya desde los inicios de la democracia, entre las agencias del Estado, las organizaciones humanitarias y ese conjunto de “personas notables” que integró la comisión. El Estado no es concebido como una institución alejada de la sociedad civil, que satisface o no las demandas que recibe. Por el contrario, lo que se muestra es un trabajo coordinado entre las diferentes esferas, en el que se destaca un flujo de legitimidades que circula de un sector al otro. En el capítulo seleccionado, Crenzel muestra y analiza cómo se fue construyendo la “narrativa humanitaria”, una manera de entender la violencia de estado que fue decisiva a la hora de elaborar el Informe y que se constituyó como un modo altamente legítimo hacia dentro de las lógicas del campo.

Al igual que los dos primeros textos, el trabajo de Ana Guglielmucci se concentra en el mundo estatal y en su articulación con otros actores sociales. El trabajo elegido es un capítulo de su libro La consagración de la memoria en el que se indagan los modos en que diferentes agencias estatales de CABA construyeron políticas públicas orientadas a elaborar y sostener memorias sobre lo sucedido en nuestro país en la década del setenta. Específicamente el capítulo seleccionado muestra uno de los aspectos microsociológicos más interesantes de la zona de confluencia entre el mundo estatal y el de la militancia, anteriormente referida: el proceso por el cual activistas de los derechos humanos ingresaron a las estructuras político administrativas del Estado para llevar adelante esas políticas públicas que tienen como objetivo central la preservación y promoción de la memoria.

Elizabeth Jelin, por su parte, analiza en el texto aquí presentado algunas de las lógicas de funcionamiento del movimiento de derechos humanos. Específicamente muestra las diferentes legitimidades que cruzan a aquellos ciudadanos interesados en las demandas de defensa de los derechos humanos y la memoria, y a la vez se pregunta cómo se relaciona el “familismo” con la posibilidad de extender la lógica de sus demandas al resto de la sociedad. A partir de un recorrido que comienza por el surgimiento de los organismos y avanza en analizar las acciones del movimiento de derechos humanos en democracia, muestra y problematiza cómo los familiares de las víctimas se han ido constituyendo en las voces más legitimas para enarbolar esas banderas, lo que bajo la lógica del campo se puede leer como los portadores de mayores dosis de capital.

El artículo de Enrique Andriotti Romanin también se concentra en el movimiento de derechos humanos, pero en su caso la indagación se focaliza en uno de los organismos más relevantes de ese colectivo (las Madres de Plaza de Mayo) y especialmente en sus vínculos con el Estado. El texto pone el foco en indagar cómo y por qué las Madres pasaron de tener una posición de claro y enfático enfrentamiento con las instituciones del Estado a incorporarse en las estructuras gubernamentales, luego de la asunción de Néstor Kirchner en 2003. El texto es sumamente interesante y útil para iluminar la zona de porosidades entre el movimiento de derechos humanos y el mundo estatal, puesto que indaga el organismo que históricamente más se había enfrentado con el Estado y, posiblemente, el que más profundamente luego articuló políticas con él.

Por su parte, el texto de Gabriel Gatti es un capítulo de su libro Identidades desaparecidas, en el que al autor aborda, mediante una sólida articulación entre teoría social y trabajo empírico, lo que él llama la “catástrofe de sentido” que implicó la sistemática desaparición de personas en nuestro país. En el capítulo seleccionado el autor indaga en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo como una institución dedicada a producir sentido. Ese sentido se construye en base a una noción de identidad estrechamente ligada a lo familiar y lo genético, vía los estudios biológicos que permiten la recuperación de los nietos cuyas identidades fueron robadas. El autor muestra, mediante una mirada no exenta de ironía (habilitada quizás por su particular lugar de enunciación: es él mismo “hijo de desaparecidos”), cuáles son los modos en que Abuelas construye identidad y cómo se realiza esta tarea desde una posición dominante hacia el interior de las lógicas del campo, sostenida a su vez en base a una alto consenso de sus demandas y una notable estabilidad institucional.

El trabajo de Raggio también se focaliza en los sentidos producidos para intentar comprender y recordar la violencia estatal de la década del setenta. Este trabajo analiza los soportes centrales de la memoria construida alrededor del episodio conocido como “La noche de los lápices”: el libro así llamado, escrito por María Seoane y Héctor Ruiz Nuñez. El trabajo ayuda a comprender cómo esta publicación construyó una memoria tan eficaz para denunciar los crímenes de las fuerzas represivas como para señalar la radical diferencia entre democracia y dictadura. A su vez, este relato supone cierta dificultad para reponer el carácter político de las víctimas del terror estatal, cuyas trayectorias quedan limitadas a la lucha por el boleto estudiantil. Lo interesante del trabajo es que ofrece herramientas para desplegar las complejidades que tiene uno de los rasgos distintivos del campo: llenar de contenido el significante memoria.

Los trabajos seleccionados ponen el foco en objetos diferentes: los organismos, el movimiento de derechos humanos, las agencias estatales, las políticas públicas, los relatos sobre el pasado reciente y la relación entre los actores que intervienen en estos temas. Todas estas cuestiones son centrales para comprender cuáles son y cómo operan algunas de las lógicas de funcionamiento del campo.

Textos seleccionados para el dossier